El juez que no juega a Agatha Christie
José Castro, el magistrado que ha imputado a una hija del Rey, “busca la verdad a fondo" Campechano y solidario, "hace respetar la ley con severidad”
En el juzgado de José Castro —“llámame Pepe”, pide siempre a sus conocidos—, existía esta tesis sobre la rumoreada imputación de la Infanta: “No basta con tener sospechas o suponer tramas. Las pistas y la intuición no sirven en una causa penal. Faltan indicios y hechos ciertos. Un juez no es Agatha Christie”.
Un día antes del auto de imputación, el juez Castro deslizó en su escritura jurídica un rastro críptico: “Quede sobre la mesa del proveyente la petición formulada [...] relativa a la declaración de una determinada p...
En el juzgado de José Castro —“llámame Pepe”, pide siempre a sus conocidos—, existía esta tesis sobre la rumoreada imputación de la Infanta: “No basta con tener sospechas o suponer tramas. Las pistas y la intuición no sirven en una causa penal. Faltan indicios y hechos ciertos. Un juez no es Agatha Christie”.
Un día antes del auto de imputación, el juez Castro deslizó en su escritura jurídica un rastro críptico: “Quede sobre la mesa del proveyente la petición formulada [...] relativa a la declaración de una determinada persona”. La determinada persona al día siguiente resultó ser la ciudadana Cristina Federica de Borbón y Grecia.
El instructor, que no realiza declaraciones ni se deja retratar como personaje, no quiso que periodistas y tertulianos le marcaran el calendario de la causa y la fecha de la noticia del año. Es campechano, solidario y dispuesto siempre para hacer las guardias complejas de sus colegas.
Implacable, José Castro Aragón se sonroja cuando algún ciudadano le aplaude por la calle
También es un lobo solitario. No pertenece a ninguna asociación de jueces ni participa en eventos gremiales o activistas. Cuando ha sido denunciado por sectores ultras o imputados ante el Consejo General del Poder Judicial —por supuesta filtración de un sumario o por viajar a Madrid y Barcelona para interrogar— ha ganado siempre y ha merecido el respaldo de los grupos de magistrados. Ha resistido algunas campañas de descrédito personal de imputados e incluso hasta el espionaje de un detective por encargo de un encausado poderoso.
Minucioso instructor, se faja en los interrogatorios, a los que va con la causa conocida. Impone su autoridad y exige respeto a poderosos y delincuentes comunes aunque es capaz de pedirle a un chorizo detenido que le muestre cómo se hacen los puentes en su propia moto. En los juicios rápidos busca el pacto e invita a la narración simple de los hechos, de manera casi paternal.
Tiene 67 años, vive en una casita adosada, nueva, junto al mar en Palma, está separado y tiene tres hijos, profesionales del Derecho y procuradores. En su familia hay campeones de Europa y preparadores de kendo, práctica de combate japonesa. Implacable, José Castro Aragón se sonroja cuando algún ciudadano le aplaude por la calle. No le gustó recibir los vítores ciudadanos cuando iba a interrogar por primera vez, en febrero de 2012, a Urdangarin. Le formuló más de 500 preguntas en más de 20 horas.
El fiscal más veterano de Palma, un líder progresista que le conoce desde hace décadas, lo define como “el juez justiciero, en el buen sentido de la palabra: busca la verdad a fondo y hace respetar la ley con severidad”. En el futuro, cuando se jubile, hay quien bromea con el juez para que, entonces, abra un bar sencillo, Bar Pepe, o Casa Pepe, por ejemplo, donde ejercería sus dotes de organización y complicidad.
El juez Castro lidera a sus funcionarios y a los policías de la investigación porque acude a los registros, actúa cuerpo a cuerpo. Todos le tratan con respeto y confianza en las sesiones maratonianas que sus causas motivan. Él ha sido funcionario de prisiones, secretario judicial, juez de magistratura y, desde hace 23 años, es magistrado de instrucción. Recorrió media España. Evitó ascensos a tribunales de mayor rango y cargos internos. En Palma, a principios de los noventa, investigó el primer escándalo de corrupción política que afectó al PP, el caso Calvià, en el que el denunciante registró en magnetofón a los delincuentes mientras le ofrecían el soborno. Mandó a la cárcel a un comisionista y a un político del PP. La Audiencia de Palma condenó a los autores por cohecho impropio y el Tribunal Supremo en pleno validó la sentencia y el diseño del novedoso delito penal. Sus sumarios cuajan en sentencias. En el caso Palma Arena, en 2012, llevó a la condena del expresidente autonómico y exministro y del PP Jaume Matas,
En los últimos meses, el juez ha perdido peso. Coqueto en el vestir, las chaquetas de piel ya no le quedan tan ceñidas. Está a dieta. Tuvo que recuperarse de una caída en su ligera bicicleta de carbono. Su pecho topó con el manillar. Se resintieron sus costillas. Se fue a la clínica con la causa en la que trabajaba, cuentan quienes le visitaron en los escasos días en que se retiró. No ha abandonado los pedales. A pulso, sin tocar el sillín, asciende atlético la cuesta Urdangarin, la rampa que usan detenidos para acceder a los calabozos o los imputados en sábado para entrar por el patio trasero.