Renfe informó en 2007 al tribunal del destino de todos los trenes del 11-M

El director corporativo de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe, Manuel Rodríguez Simons, informó el 30 de julio de 2007 al tribunal encargado de juzgar el caso del 11-M del proceso de desguace y destrucción de los trenes y vagones que resultaron afectados por las explosiones del 11 de marzo de 2004.

Rodríguez Simons adjuntaba un cuadro elaborado el 9 de septiembre de 2004 por la Dirección ...

El director corporativo de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe, Manuel Rodríguez Simons, informó el 30 de julio de 2007 al tribunal encargado de juzgar el caso del 11-M del proceso de desguace y destrucción de los trenes y vagones que resultaron afectados por las explosiones del 11 de marzo de 2004.

Rodríguez Simons adjuntaba un cuadro elaborado el 9 de septiembre de 2004 por la Dirección General de Cercanías y Media Distancia de Renfe en el que se pormenorizaba el destino de cada una de las unidades y sus vagones correspondientes, es decir, los que habían sido reparados y puestos de nuevo en circulación y los que habían sido desguazados. En ese informe, que figura encabezando este artículo, se puede apreciar que el valor neto, a 31 de diciembre de 2003, de los vehículos desguazados, se elevaba a 3.782.343,28 euros.

Igualmente puede apreciarse que en aquella fecha ya se sabía que de los trenes considerados irrecuperables por Renfe, únicamente el vagón numerado como CR011, correspondiente al tren 446-011, no había sido desguazado y figuraba como “sobrante” en el Taller Central de Reparación (TCR), de Villaverde Bajo, a disposición del Mantenimiento Integral de Trenes (MIT), es decir, el equipo de reparaciones de la propia compañía ferroviaria.

Como también se aprecia en el cuadro, solo uno de los vagones en los que estallaron las bombas fue reparado. Precisamente fue el CM 190, el que hizo explosión en la estación de Santa Eugenia, que en el cuadro figura como “reparación de mayor cuantía”. El equipo del MIT sustituyó las partes afectadas por otras nuevas y los restos quedaron como chatarra, lo mismo que los vagones que fueron desguazados.

La información fue remitida por Renfe a la Audiencia Nacional, porque el presidente del tribunal encargado de juzgar los atentados del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, había reclamado a la propietaria de los convoyes que, con motivo de la celebración del juicio, remitiera por escrito la información sobre el destino de los trenes. El informe remitido por Rodríguez Simons tiene sello de salida de Renfe el 30 de julio de 2007 y de entrada en la Audiencia Nacional el 3 de agosto de ese año.

El dictamen fue incorporado al tomo número 33 del rollo de Sala del 11-M, con el folio 11.317.

Fuentes de la Audiencia Nacional han señalado que en todo momento se ha sabido el destino de los trenes y que el supuesto descubrimiento de unos restos de los vagones no es tal, porque ya se sabía donde estaban y, en cualquier caso, no puede tener ninguna eficacia jurídica.

Las mismas fuentes han señalado que la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de abrir unas diligencias informativas en la Fiscalía de Madrid y encargar a la Guardia Civil la custodia de la chatarra supuestamente encontrada es un “brindis al sol” y “carnaza para los teóricos de la conspiración”.

Fuentes fiscales recordaban con ironía el ruido que montaron los que insistían en que ETA estaba detrás de los atentados con la cadena de custodia de la llamada mochila de Vallecas. Y eso que una serie de policías perfectamente identificados habían trasladado las bolsas en las que se habían guardado los objetos encontrados en la estación de El Pozo para ser inventariados posteriormente. ¿Qué cadena de custodia habría en unos restos que llevan años en un almacén sin que ninguna autoridad tuviera dominio sobre ellos?, se preguntan.

Por otro lado, fuentes de la Audiencia Nacional critican la “falta de finezza” del fiscal general del Estado al haber presumido que sus diligencias informativas se habrían incoado sobre la base de un delito de obstrucción a la justicia. Estas fuentes consideran que Eduardo Torres-Dulce es un fino jurista que no ha podido pasar por alto que el delito de obstrucción a la justicia tiene un plazo de prescripción de cinco años y, en caso de que se hubiera producido, que no es el caso, el plazo se hubiera rebasado con creces.

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 11-M ya tuvo en cuenta la destrucción de los trenes. Recordó que el fiscal ya había destacado que “los trenes y su estado fueron objeto de pericial y la inspección ocular sobre los mismos fue objeto de grabación”.

A pesar de ello, destacaba la sentencia, “puede resultar sorprendente una tan apresurada destrucción, que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación. Pero lo cierto es que en el momento del juicio oral era materialmente imposible la práctica de la prueba, lo que justifica que el tribunal acordara la continuación del juicio y prescindiera de ella”.

La decisión de Torres-Dulce de abrir una investigación ha sido muy criticada porque solo sirve para alentar a los conspiranoicos y se ha producido después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivase la causa que la juez Coro Cillán tenía abierta sobre supuestas destrucciones de pruebas de los focos de las explosiones del 11-M por parte del comisario Juan Jesús Sánchez Manzano.