Tres jueces ordenan que los internos del CIE sepan cuándo serán expulsados

A falta de un reglamento que regule los centros de internamiento de extranjeros (CIE), los jueces de control del de Madrid, en el barrio de Aluche, van supliendo, con sus resoluciones, la carencia de normativa y fijando derechos para los internos. A partir de ahora, al menos en este establecimiento, tendrán derecho a que se les informe, con 12 horas de antelación, de cuándo van a ser expulsados, la hora en la que va a llevarse a cabo, el número de vuelo, la hora de llegada y la ciudad a la que van a ...

A falta de un reglamento que regule los centros de internamiento de extranjeros (CIE), los jueces de control del de Madrid, en el barrio de Aluche, van supliendo, con sus resoluciones, la carencia de normativa y fijando derechos para los internos. A partir de ahora, al menos en este establecimiento, tendrán derecho a que se les informe, con 12 horas de antelación, de cuándo van a ser expulsados, la hora en la que va a llevarse a cabo, el número de vuelo, la hora de llegada y la ciudad a la que van a ser conducidos; algo, que, hasta ahora, no se llevaba a cabo.

Los inmigrantes no podían avisar a sus parientes de que iban a llegar a su país, de forma que se encontraban “desasistidos, sin medio económicos y sin soporte de ayuda”, según indica la resolución, dictada por los magistrados Ramiro García de Dios, María José García-Galán y Antonio Viejo, el pasado lunes y adelantado por la cadena Ser. Los tres jueces escribieron un artículo en El País el mes pasado instando al Gobierno a que elabore un reglamento que garantice la seguridad jurídica en los centros y se subsanen algunas deficiencias.

Estas expulsiones, realizadas “de esta forma, sin información previa, vulneran por un lado el derecho a estar informados de su situación pero, también, el derecho fundamental a un trato digno”, señala la resolución, que ordena al CIE adoptar los medios necesarios para garantizar el derecho a conocer su expulsión con antelación, por un lado, y, por otro, el de tener los medios necesarios “para poder realizar llamadas telefónicas con la finalidad de avisar a sus parientes o conocidos de España o de su país de llegada a fin de posibilitar la organización del regreso”. Además, tendrán este derecho lo pidan o no.

Las organizaciones SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino y Pueblos Unidos, quienes habían puesto en conocimiento del juzgado el problema de la falta de información, emitieron ayer un acuerdo conjunto celebrando esta nueva garantía y pidiendo al Gobierno que este acuerdo sea recogido en el futuro reglamento que prepara el Ministerio del Interior sobre los centros de internamiento de extranjeros.