Costa reclama un tribunal distinto al del jurado, como Camps

El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, tampoco está de acuerdo en que la causa de los trajes acabe frente a un jurado valenciano. Así, en las cuestiones previas a la última resolución judicial, en la que se detallan los hechos justiciables y el día del juicio, Costa sigue una estrategia ...

El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, tampoco está de acuerdo en que la causa de los trajes acabe frente a un jurado valenciano. Así, en las cuestiones previas a la última resolución judicial, en la que se detallan los hechos justiciables y el día del juicio, Costa sigue una estrategia parecida a la del expresidente valenciano, Francisco Camps, de solicitar un cambio de tribunal.

En su escrito, Costa insiste en la duda que planteó el Tribunal Supremo sobre si debía considerarse solo su condición de miembro del PP, puesto que, aunque es diputado, no formó parte de ningún gobierno autonómico. Por ello, indica que al no tener la condición de funcionario no se le debería juzgar por un delito de cohecho, al que solo están sometidos los funcionarios. Además, esgrime las argumentos expuestos por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, sobre el archivo de las causas del extesorero y exsenador, Luis Bárcenas, y el exdiputado, Jesús Merino, y entiende que si en ellos no se consideró suficiente su cargo como miembros de las cámaras, porque no se considera un puesto con capacidad de influencia, tampoco lo es en el caso de Ricardo Costa como parlamentario autonómico.

Esgrime que, si con Bárcenas y Merino no se consideró suficiente sus cargos en las cámaras, tampoco lo es su cas0

Ante esta interpretación y al entender que el exsecretario del PP sí puede considerarse autoridad pero no funcionario, en su escrito apunta que el “tribunal competente para valorar los supuestos hechos delictivos que se le imputan sería la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”, dado que es aforado, y no un jurado popular.

Además, advierte, al igual que lo ha hecho Camps, que la elección errónea del juzgado que debe llevar su caso supondría la nulidad del proceso.