Invertir en seguridad para ganar en desarrollo en América Latina: un año de la alianza del BID
La violencia y el crimen organizado le cuestan a la región un 3,4% de su PIB. Promover la cooperación entre países y fortalecer las instituciones es clave para evitar más impactos en la economía
El crimen organizado persiste como uno de los principales desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe. Millones de personas están expuestas a la influencia o al control de organizaciones delictivas; se debilitan las instituciones y las economías formales; y la cultura de la ilegalidad que corroe los tejidos sociales se expande en una región ya marcada por altos niveles de violencia. América Latina y el Caribe alberga el 8% de la población mundial, pero sufre un tercio de los asesinatos globales. La tasa de homicidios es más del triple del promedio mundial, y casi la mitad se vincula a la acción del crimen organizado. La inseguridad es la principal preocupación en varios países de la región.
La violencia y el crimen no solo comprometen la seguridad ciudadana, sino que también tienen un profundo impacto en el desarrollo socioeconómico de los países.
Un estudio del BID estima que sus costes directos representan hasta el 3,4% del PIB de la región, al considerar la pérdida de capital humano y los recursos públicos y privados destinados a la seguridad. Más allá de estos costes, la criminalidad desalienta la inversión, frena el crecimiento económico y limita las oportunidades de desarrollo, especialmente para las poblaciones más vulnerables, lo que a su vez agrava la pobreza y la desigualdad.
La violencia y el crimen tienen un profundo impacto en el desarrollo socioeconómico de los países.
Para enfrentar este desafío común, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó el año pasado la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, una nueva plataforma de cooperación regional. Hace unos días, en Buenos Aires, en la segunda cumbre de la Alianza, que reunió a ministros y expertos de seguridad y justicia de la región, el BID redobló sus esfuerzos con un compromiso histórico: un total de 2.500 millones de dólares (más de 2.100 millones de euros) en operaciones durante los próximos tres años, que es más de lo logrado en los últimos 16 años. Además, se creó una Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida para dar una respuesta ágil a las diversas necesidades de los países.
La Alianza es una iniciativa que surge desde los propios países miembros del BID. Esta se compone de tres pilares. En primer lugar, apuesta por la protección de las poblaciones más vulnerables, principales víctimas del crimen organizado mediante la capacitación de funcionarios, la generación de estrategias interinstitucionales y el reconocimiento del impacto de las debilidades socioeconómicas en el desarrollo de las estructuras criminales.
Segundo, creemos que fortalecer las instituciones de seguridad, justicia y otros sectores estratégicos del Estado es fundamental. Por eso, promovemos una coordinación innovadora tanto en el interior de los países como entre ellos. En tercer lugar, trabajamos para “seguir el dinero” y prevenir que pueda integrarse en flujos legales. Lo hacemos con mecanismos innovadores y ágiles para impactar actividades lucrativas como la minería ilegal de oro en la Amazonía.
Las intervenciones propuestas requieren importantes aportes financieros dedicados por periodos largos de tiempo
Somos conscientes de la magnitud de los desafíos que enfrentamos en América Latina y el Caribe, con el crecimiento de múltiples formas de violencia, así como la proliferación de mercados ilegales, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la minería, tala y pesca ilegal, el desarrollo de la extorsión, así como una gran variedad de mercados vinculados al contrabando. También reconocemos que, en contextos de bajo crecimiento económico y dificultades para el desarrollo regional, las intervenciones propuestas requieren importantes aportes financieros dedicados por periodos largos de tiempo. Pero la experiencia y el compromiso del BID, las instituciones socias y los países miembros de la alianza permitirán que este primer año sea el inicio de un camino para asegurar una mejor calidad de vida para todos.
Nuestra convicción es la de generar una alianza amplia y diversa que integre nuevos países, pero también a la sociedad civil, el sector privado y la academia de la región. Todos actores fundamentales para el desarrollo de iniciativas que nos permitan enfrentar con rapidez y efectividad las violencias y el crimen organizado mejorando directamente la calidad de vida de millones de latinoamericanos.