Certidumbre para la universidad madrileña
El acuerdo entre Ayuso y los rectores de los seis campus públicos supone un avance, pero se debe detallar su contenido cuanto antes
Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas y la presidenta Isabel Díaz Ayuso firmaron el pasado martes un acuerdo para la financiación plurianual de los campus cuyo principal valor es el acuerdo en sí. Un modelo económico para varios años que asegure su sostenibilidad es lo que reclamaban estas instituciones a Ayuso, principal responsable de su infrafinanciación. Por vez primera, los seis centros contarán con un marco de previsibilidad, como señaló ese mismo día la conferencia que agrupa a sus rectores, cuya responsable habló de “verdadero hito”. El Ejecutivo regional presumió de su carácter “histórico”. Por ello, es muy poco comprensible que casi una semana después ninguna de las dos partes haya hecho público su contenido íntegro, una lamentable falta de transparencia que impide a los ciudadanos saber qué se hace con su dinero.
El plan supondrá, según el Gobierno madrileño, que las seis universidades ingresarán 14.791 millones de euros hasta 2031. De ellos, casi 12.300 millones provendrán de los presupuestos regionales, cifra que incluye las tasas y precios públicos, que pagan los alumnos y sus familias. Los otros 2.500 millones se fían a los ingresos propios de los centros, una aspiración independiente de los fondos públicos.
La comunidad universitaria y todos los ciudadanos tienen derecho a conocer en detalle un acuerdo que las plataformas de las universidades públicas ven claramente insuficiente. Una veintena de grupos de investigación de la Complutense, el campus que más penuria padece, han suscrito una carta abierta a su rector, Joaquín Goyache, en la que calculan que la financiación pública va a seguir estancada en el 0,4% del PIB, muy lejos del objetivo mínimo del 1% que fija la ley para acercarnos a la media europea. Goyache ha convocado para hoy un Consejo de Gobierno en el que tiene la oportunidad de explicar lo pactado. Solo en lo relativo a su campus, por ejemplo, cómo influirá en el plan financiero que la Complutense aprobó a mediados de febrero con una panoplia de severos ajustes hasta 2028.
Tras más de un año de conflicto, ambas partes tenían razones para cerrar un enfrentamiento que ha durado demasiado. Las universidades precisan del lógico marco de entendimiento con el Gobierno regional para asegurarse una suficiencia económica que garantice su función social. Para Ayuso, la necesidad era política: poder exhibir algún resultado tangible tras la crisis por el cese del consejero de Educación Emilio Viciana, enfrentado a los rectores.
El desarrollo del acuerdo permitirá calibrar si los campus salen de la asfixia económica o solo sobreviven con respiración asistida. Este pacto debe ser el primer paso para que Ayuso abandone su política de privilegiar la expansión de la universidad privada a costa de la pública. La educación superior no puede ser un simple negocio económico o ideológico. Una vez lograda la foto, Ayuso tiene en su mano avanzar por ese camino.