Regularización, al fin

La regularización generalizada de inmigrantes aprobada este martes por el Gobierno en primera instancia supone sacar de la clandestinidad, la marginalidad y la explotación a cientos de miles de personas que cada día asumían las mismas obligaciones que cualquier ciudadano legal en España, pero sin los mismos derechos. Incorporar ...

La regularización generalizada de inmigrantes aprobada este martes por el Gobierno en primera instancia supone sacar de la clandestinidad, la marginalidad y la explotación a cientos de miles de personas que cada día asumían las mismas obligaciones que cualquier ciudadano legal en España, pero sin los mismos derechos. Incorporar a esas personas a una vida cívica plena, a la estructura económica y fiscal del país, es un acto de justicia cuya necesidad se había hecho evidente hace años. La decisión, pactada entre el Gobierno y Podemos, supera por fin el bloqueo provocado por el cortoplacismo político y la contaminación xenófoba del debate en torno a la inmigración.

El procedimiento se abre para cualquier extranjero sin documentación en regla que llegara a España antes del 31 de diciembre, pueda demostrar al menos cinco meses de presencia en el país y no tenga antecedentes penales. Por definición, es difícil saber exactamente cuántas personas viven en España indocumentadas. Suele utilizarse la estimación general de medio millón, que dentro de la imprecisión permite hacerse una idea de la magnitud del problema y sirve como hipótesis de trabajo al Gobierno. Un reciente estudio de Funcas eleva la cifra a 840.000 personas. Las principales nacionalidades de personas sin papeles son colombiana, peruana y hondureña. A mucha distancia, Funcas calcula que hay 50.000 personas de toda África en esta situación.

La previsión del Gobierno es que las solicitudes se tramiten entre abril y junio de este año. El proceso incluye también a los hijos de los inmigrantes y a los que han solicitado protección internacional en España, según explicó ayer el Gobierno. Es de esperar que un proceso administrativo de semejante volumen sea acompañado de los recursos para tramitarlo.

El Gobierno se propone realizar esta regularización por vía ejecutiva, sin pasar por el Congreso. Es una decepción que el Legislativo no haya sabido estar a la altura de una demanda mayoritaria de la sociedad apoyada por patronales, sindicatos, ONG o la Conferencia Episcopal. Es necesario recordar que en abril de 2024 se presentó una iniciativa legislativa popular con amplísimo respaldo (más de 600.000 firmas y apoyo de 900 organizaciones sociales) que el Congreso aceptó debatir a regañadientes para después dejarla en un cajón, con la complicidad del PSOE, ante una pretendida falta de mayorías por la oposición de la derecha. La necesidad de tomar una decisión se hizo urgente ante el error del propio Gobierno en una modificación del Reglamento de Extranjería, que el pasado mayo dejó en un limbo administrativo a cientos de miles de personas. Bien está lo que bien acaba, pero la realidad es que el necesario debate parlamentario sobre este asunto, y la solidez que aportaría a una decisión así aprobar una ley por mayoría, se ha escamoteado a los ciudadanos por el temor al avance de la hostilidad hacia la inmigración que condiciona el debate en Europa. Los partidos que juegan a la ambigüedad con la xenofobia podrán oponerse a esta medida sin explicarse ante la sociedad y sin coste alguno.

Esta será la décima gran regularización de inmigrantes indocumentados desde la primera, en 1986. La última se hizo en 2005 y afectó también a medio millón de personas. Gobiernos de todo signo han reconocido en algún momento que no podían mantener una bolsa enorme de personas sin derechos. Personas que ya viven y trabajan en España: el vecino, el camarero, el albañil, la cuidadora o la empleada doméstica. Darles documentos es reconocer la realidad.