Negligencia institucional
El Tribunal de Derechos Humanos condena a España por no proteger a dos mujeres que denunciaron una violación
A mediodía del 8 de diciembre de 2016, dos mujeres de 30 y 19 años se despertaron semidesnudas en una casa desconocida en Pamplona sin recordar lo que había ocurrido la noche anterior. Con ellas estaban dos hombres que habían conocido de madrugada en un bar y de los que no sabían nada. Solo las molestias físicas posteriores y la sensación de tener algunos recuerdos aislados las llevó a buscar atención médica. Fue allí donde les dijeron que tenían síntomas compatibles con una agresión sexual. Presentaron sendas denuncias por violación mediante sumisión química. Nunca llegaron a nada, pero no fu...
A mediodía del 8 de diciembre de 2016, dos mujeres de 30 y 19 años se despertaron semidesnudas en una casa desconocida en Pamplona sin recordar lo que había ocurrido la noche anterior. Con ellas estaban dos hombres que habían conocido de madrugada en un bar y de los que no sabían nada. Solo las molestias físicas posteriores y la sensación de tener algunos recuerdos aislados las llevó a buscar atención médica. Fue allí donde les dijeron que tenían síntomas compatibles con una agresión sexual. Presentaron sendas denuncias por violación mediante sumisión química. Nunca llegaron a nada, pero no fue por falta de pruebas o por la falta de credibilidad de sus testimonios, sino por irregularidades palmarias en el proceso. Nueve años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España en una sentencia que supone un golpe a la credibilidad de las instituciones en lo que se refiere a la protección de las mujeres.
La sentencia del pasado 23 de octubre condena por unanimidad a España por vulnerar el derecho a no sufrir trato degradante y al respeto a la vida privada, en este caso la de estas dos mujeres. Impone una indemnización de 20.000 euros para cada una más 5.000 por los gastos conjuntos del proceso judicial. Las instituciones españolas han sido condenadas por no investigar de verdad las denuncias y no responder a “la manipulación sistemática” de las pruebas.
El caso de La Manada había ocurrido solo cinco meses antes. La investigación inicial de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) permitió localizar y detener a los sospechosos. Uno de ellos era cuñado de un agente encargado de la investigación. La policía recuperó las grabaciones del bar, analizó los móviles e interrogó a testigos.
La inspectora que dirigía la Unidad dejó el puesto en 2018. Desde entonces, con una nueva comisaria al frente de la Policía Judicial en Pamplona, una serie de irregularidades hicieron descarrilar el proceso. Las grabaciones desaparecieron, al igual que el informe forense sobre el contenido los móviles. La lectura de los mensajes de los acusados impresiona por su crudeza al reconocer el uso de químicos, su voluntad de forzar a las mujeres y el desprecio a las víctimas. Por último, se borró también el disco duro en el que se había volcado lo esencial de las pruebas reunidas.
La sentencia del TEDH es un durísimo recordatorio de la fragilidad de las víctimas de agresión sexual y causa vergüenza por cómo las instituciones fallaron a estas dos mujeres. Establece, por escrito, que ni la justicia ni la policía las quisieron ayudar, en medio de serias sospechas de connivencia por la relación de parentesco de un policía con uno de los acusados. Ninguno de los implicados ha dado la cara. La exigencia de responsabilidades tiene que estar a la altura del golpe a la imagen de España y del daño provocado a dos mujeres que, además de dar el paso de denunciar a sus presuntos violadores, tuvieron que denunciar al Estado.