Vox contra la libertad de prensa

La campaña promovida por el partido ultraderechista Vox animando a sus partidarios a agredir a periodistas “de izquierdas” es la enésima irresponsabilidad por parte de la tercera fuerza política de España. El partido propone a sus seguidores que insulten y arranquen los micrófonos de las manos de reporteros de LaSexta, TVE, Cadena SER y Canal Red y los lancen lejos, preferiblemente cuando desarrollan su trabajo en directo. Un partido que ha gobernado comunidades autónomas y ayuntamientos —que puede, según los sondeos, llegar al Gobierno de España junto al PP— y que de palabra asegura ser constitucionalista y demócrata se permite, en la práctica, incitar al ataque físico a uno de los pilares del sistema democrático, expresamente protegido por la Constitución.

Vox afirma que la campaña es una réplica a la respuesta airada por parte de periodistas profesionales al acoso callejero de activistas mediáticos ligados al partido. Estos, como otros voceros de la ultraderecha, confunden deliberadamente los papeles de militante e informador. Se comportan fuera de los mínimos estándares éticos que exige la profesión, pero ante cualquier respuesta buscan refugio moral y legal en la misma libertad de prensa que sus dirigentes desprecian. Equiparar a estos provocadores —con la complacencia de instituciones como el Congreso de los Diputados, que acredita como informador a un activista ultra— con los cientos de periodistas que diariamente trabajan dentro de los márgenes, los legales y los que la propia profesión se autoimpone, es un insulto desmoralizante.

La formación ultraderechista es reincidente en su política agresiva contra los periodistas que considera hostiles a su causa y la profesión en general. Además de los ataques verbales de Santiago Abascal a los propietarios y accionistas de medios, ha habido agresiones físicas de partidarios de Vox a fotógrafos en manifestaciones, como la que sufrió un periodista de La Razón en 2020, o equipos de La Sexta y Antena 3 en 2023. A los medios del Grupo Prisa EL PAÍS y la Cadena SER les prohíbe la entrada a sus actos, una práctica reprobada por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo. Esta agresividad se ha hecho más descarada conforme ha ido creciendo su poder. Reporteros Sin Fronteras ha alertado de que el discurso de odio contra la prensa deriva inevitablemente en violencia contra los profesionales. Los dirigentes de Vox son perfectamente conscientes de ello.

Los objetivos de esta agresividad están igualmente claros. El primero es obtener con cada encontronazo en sus redes sociales la repercusión mediática que no logran por su labor política. Segundo, martillear en la mente de sus bases la idea de que todo el mundo miente y conspira, y de que la única información fiable es la del partido. Tercero, amedrentar a los medios y a sus periodistas a la hora de informar sobre Vox por miedo de ser señalados.

Faltaríamos gravemente a nuestra obligación dejando pasar esta campaña únicamente como una simple operación de marketing político. La libertad de prensa y el derecho a la información están garantizados en la Constitución. La prensa es el primer encargado de defender este pilar democrático. Se daña la calidad de la democracia cuando se relativiza o se trivializa esta clase de comportamientos. Las instituciones públicas también tienen la responsabilidad de frenarlo con la ley en la mano. Todos los demás partidos deberían dejar claro de qué lado de la línea están.