España debe ser accionista de Telefónica

Telefónica no es sólo la mayor infraestructura de telecomunicaciones en España, también es uno de los principales proveedores de servicios del Gobierno de España. Gestiona los datos de las administraciones, suministra sistemas y equipos al ejército, le vende servicios satelitales al brazo aeroespacial del Ministerio de Defensa y es una capa crucial de nuestra ciberseguridad. También es el mayor accionista de cables submarinos de fibra óptica que conectan la península, incluyendo los modelos más recientes de Google, Facebook y Microsoft. Gestiona sistemas y servicios esenciales para el funciona...

Telefónica no es sólo la mayor infraestructura de telecomunicaciones en España, también es uno de los principales proveedores de servicios del Gobierno de España. Gestiona los datos de las administraciones, suministra sistemas y equipos al ejército, le vende servicios satelitales al brazo aeroespacial del Ministerio de Defensa y es una capa crucial de nuestra ciberseguridad. También es el mayor accionista de cables submarinos de fibra óptica que conectan la península, incluyendo los modelos más recientes de Google, Facebook y Microsoft. Gestiona sistemas y servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad española y de su economía y por lo tanto la protección de esos sistemas y servicios es una de las responsabilidades del Estado. El año pasado, Meta podría haber cumplido su amenaza y cerrar Instagram en Europa para no cumplir con la Normativa de Protección de Datos. Habría dejado a cientos de miles de pymes europeas sin escaparate y plataforma de venta directa y muchas habrían tenido que cerrar, pero la economía europea habría sobrevivido. Cuando Google cerró su agregador de noticias en España en 2014 para no cumplir la antigua Ley de Propiedad Intelectual, los medios digitales perdieron millones de visitas necesarias para negociar importantes acuerdos de publicidad. Pero la prensa vivió para contarlo. De Telefónica depende el funcionamiento de los mercados financieros, las empresas, los servicios de emergencia, las administraciones, la salud, la energía, la alimentación, la seguridad. Es la Era de la Información.

El Estado tiene que poder garantizar un servicio continuo sin interrupciones de las telecomunicaciones. Es la función del Estado, no una opción. Tiene que poder garantizar un acceso inmediato al sistema en caso de accidente, atentado, ciberataque o desastre natural para coordinar acciones críticas. Tiene que poder garantizar que se cumplen las normas de seguridad, de protección de datos, velar por los derechos ciudadanos y los intereses de España por encima de los intereses privados de cualquier accionista. Son cosas que no son posibles con Meta, Google o Microsoft pero que debemos poder hacer con todas las infraestructura críticas, incluyendo autopistas, hospitales, redes ferroviarias y canales de suministro de agua y energía. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar su funcionamiento aunque no sean de su propiedad.

Incluso si no la tuviera. Dice Saudi Telecom, que pertenece en un 64% al fondo soberano saudí presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que le interesa Telefónica porque tiene “un portafolio único de activos de infraestructura líderes en su clase”. Es una verdad autoevidente. Telefónica tiene 343 millones de usuarios en dos continentes, incluyendo telefonía, cable y televisión. Bin Salman, líder del gobierno saudí, quiere usar esos tentáculos para expandir su influencia más allá de sus fronteras. Y más allá del petróleo. Invertir en infraestructuras de comunicaciones, transporte y logística es parte de su plan nacional Vision 2030, para trascender una economía basada exclusivamente en combustibles fósiles. Si al fondo soberano más rico del mundo le interesa invertir en Telefónica, probablemente a España también.

No es un escándalo que el Gobierno compre acciones de su principal operadora. Más bien lo contrario. Cuando Europa privatizó sus telecomunicaciones, a finales en la segunda década de los 90, las principales economías europeas como Francia y Alemania mantuvieron participaciones en sus grandes operadoras. La anomalía en este caso fue España, por decisión del Gobierno de Jose María Aznar. Incluso los países más reacios redescubren ahora la importancia de la soberanía tecnológica. Biden le ha prohibido a Nvidia venderle chips a China, uno de los mayores mercados del mundo, y hace un mes invocaba una ley de Truman que otorga al presidente autoridad para garantizar la disponibilidad de recursos críticos y tecnologías necesarios para la seguridad nacional.

El mes que viene las elecciones de Taiwan se juegan la soberanía del país contra China sino de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el principal fabricante de semiconductores del mundo. Francia ha tomado medidas superproteccionistas para impulsar su propia industria, y con Alemania amenaza tumbar la ley de IA para no perjudicar a sus modelos más prometedores, Aleph Alpha y Mistral. Aquí todo el el mundo quiere proteger sus recursos. El escándalo sería no hacerlo nosotros también.

Para el fondo árabe, la cualidad más atractiva de Telefónica en este momento es su vulnerabilidad. El gigante español ha perdido gran parte de su valor de mercado e la última década. En los últimos 15 meses ha vendido el 45% de su negocio de fibra rural, parte de su negocio de fibra óptica en latinoamérica y el 17% de su filial británica de torres a un fondo británico de infraestructuras. Es la más vulnerable de las grandes operadoras europeas, un caramelo para inversores como Bin Salman. O BlackRock, socio del gobierno saudí en operaciones de oriente medio y uno de los principales accionistas de Telefónica por delante de BBVA y CaixaBank. Los dos juntos pueden hacer mucho daño en una de las empresas más importantes de nuestro país. No los podemos dejar.