Ventajismo en precampaña

Ayuso veta al ministro del Gobierno de España Félix Bolaños y acapara para el PP la representación institucional del Dos de Mayo

Momento en el que se ha impedido al ministro de Presidencia, Felix Bolaños subir a la tribuna del acto cívico militar por el Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

La escena vivida ayer en las bambalinas de la tribuna de los actos del Dos de Mayo para conmemorar el Día de la Comunidad de Madrid expresa de forma muy gráfica la ausencia de escrúpulos institucionales que imponen Isabel Díaz Ayuso y sus asesores a su gestión política. El horizonte de la convocatoria electoral del 28 de mayo ha alentado esta vez un paso peligrosamente próximo a las prácticas del ventajism...

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La escena vivida ayer en las bambalinas de la tribuna de los actos del Dos de Mayo para conmemorar el Día de la Comunidad de Madrid expresa de forma muy gráfica la ausencia de escrúpulos institucionales que imponen Isabel Díaz Ayuso y sus asesores a su gestión política. El horizonte de la convocatoria electoral del 28 de mayo ha alentado esta vez un paso peligrosamente próximo a las prácticas del ventajismo político y patrimonialización del día de todos los madrileños, por parte de quienes solo transitoriamente gobiernan las instituciones del Estado: demasiadas veces confunden ese papel provisional con la apropiación viciosa del cargo. Eso sucedió ayer cuando el servicio de protocolo de la Comunidad impidió de palabra y hecho el acceso a la tribuna del ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, para presenciar el desfile cívico-militar. No se recuerdan precedentes del veto a un ministro del Gobierno de España en un acto oficial presidido por un presidente autonómico.

Los reproches cruzados entre los servicios de protocolo de la Comunidad y del ministerio instantes antes de empezar el acto acentuaron un poco más la vergüenza ajena que suscitaba la escena. La Comunidad alegaba el cumplimiento de la normativa con una representación institucional del Gobierno “perfectamente establecida” con la ministra de Defensa, Margarita Robles, mientras los servicios de protocolo del ministro Bolaños invocaban el real decreto que regula la precedencia de los cargos del Estado para que figurase también el ministro de Presidencia (como había sucedido ya en 2018, con la presencia de dos entonces ministras del PP).

Podría ser una anécdota menor si no respondiese esa actuación a una estrategia propagandística de signo trumpista donde importa poco la respetabilidad de las instituciones democráticas ante la posibilidad de ganar un impacto mediático mayor. El choque con el Gobierno de España a través de esta artificial crisis de protocolo trasluce la intención de Ayuso de mantener un papel de confrontación a escala nacional contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como hizo ya en las últimas elecciones autonómicas adelantadas, cuando no estaba todavía Feijóo al frente del PP. En todo caso, lo vivido ayer pulveriza el respeto a los espacios comunes de una democracia, y en particular en actos que no son de partido y atañen a todos los madrileños, voten lo que voten, como es el día de la Comunidad. La patrimonialización partidista figura entre esos comportamientos que convierten a la democracia en escenario de peleas callejeras demasiado parecidas a las broncas nocturnas a las puertas de discotecas con servicio de seguridad.

El resultado final fue el desarrollo de un acto de la Comunidad de Madrid que contó con cinco altos cargos del PP en la tribuna con la presidenta al frente, su vicepresidente, la presidenta de la Asamblea, el alcalde de Madrid y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, a quien el protocolo relega varios puestos detrás de los ministros. Como quien invita a una celebración privada, Ayuso aceptó la presencia de la ministra de Defensa además del jefe del Estado Mayor de la Defensa. Es un retorcimiento del protocolo a mayor gloria de Ayuso para eludir la neutralidad exigible a las instituciones, con Feijóo presente, quien hace unos días decía a fiscales conservadores, según la información desvelada por EL PAÍS, que quiere evitar la ocupación política de las instituciones.


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