Grecia golpeada de nuevo

Un accidente de trenes sacude a un país que no ha superado los recortes a los que lo obligó Bruselas y que ha descuidado la gestión de los servicios públicos

Protestas en Atenas contra el Gobierno tras el accidente ferroviario.YANNIS KOLESIDIS (EFE)

El descuido permanente de la cosa pública, junto a una década de recortes impuestos por la troika para evitar la salida del país de la eurozona, ha hecho de Grecia un Estado disfuncional e ineficiente en la provisión de servicios básicos homologables con el resto de la UE. La inercia de ese abandono se ha plasmado trágicamente en el reciente choque de dos trenes en Tempe, con 57 muertes, como se mostró antes en los incendios del Peloponeso, en 2009, o el que causó más de un centenar...

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El descuido permanente de la cosa pública, junto a una década de recortes impuestos por la troika para evitar la salida del país de la eurozona, ha hecho de Grecia un Estado disfuncional e ineficiente en la provisión de servicios básicos homologables con el resto de la UE. La inercia de ese abandono se ha plasmado trágicamente en el reciente choque de dos trenes en Tempe, con 57 muertes, como se mostró antes en los incendios del Peloponeso, en 2009, o el que causó más de un centenar de víctimas mortales en julio de 2018. No fueron tragedias fortuitas, ni solo achacables al tijeretazo de la troika. La austeridad dejó en el chasis a un Estado que ya arrastraba vicios enquistados —corrupción, clientelismo, patrimonialización de la política— y que aplazaba cualquier intento de reforma agraria o de crear un fisco moderno.

La oleada de protestas por el siniestro recuerda las peores escenas vividas con los tres rescates que Bruselas endosó a Grecia: algaradas, cócteles molotov, quema de mobiliario, guerrilla urbana y represión policial, además de huelgas. La rabia de decenas de miles de griegos tiene que ver con la austeridad a martillazos, que desmanteló las ya de por sí precarias infraestructuras, pero también con la respuesta política: la apresurada conclusión del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, de echarle toda la culpa al jefe de estación —”fue un error humano”— ha sido recibida por la población como un ultraje.

Grecia llegó a privatizar algunas de sus islas para cumplir con los deberes impuestos por la troika. La compañía pública Ferrovie dello Stato Italiane adquirió en 2017 el 100% de su homóloga griega, pero la gestión de las infraestructuras siguió dependiendo de la subsidiaria griega. La Comisión Europea había venido mostrando su preocupación por la escasa seguridad del trazado ferroviario, y apercibido en varias ocasiones a Atenas para que implementara el Sistema Europeo de Control de Trenes, que debería haberse aplicado en 2020 y cuyo sistema de frenado automático podría haber ayudado a prevenir el accidente.

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Aparte del doloroso balance del siniestro —la mayoría de las víctimas eran estudiantes—, la tragedia tendrá una clara derivada política. Este año deben celebrarse elecciones generales, aunque el shock y el duelo hayan paralizado las agendas. Gracias a una reforma de la ley electoral, por primera vez el partido ganador no disfrutará del bono de 50 escaños que durante décadas permitió mayorías monocolores. Las encuestas favorecen a Nueva Democracia, el partido de Mitsotakis, seguido de cerca por Syriza, pero lo más probable es que las urnas no arrojen un resultado concluyente y deba votarse de nuevo. Los incendios de 2009 y 2018 costaron la derrota a los partidos que gobernaban entonces. A la tragedia se suma, pues, un escenario de ingobernabilidad, en una coyuntura europea marcada por la guerra y la presión inflacionista.

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