Israel y la justicia militar

La ofensiva de Israel en la franja de Gaza en 2014 costó la vida a 2.200 palestinos, entre ellos en torno a 1.500 civiles, según Naciones Unidas, y a 73 israelíes, 6 de ellos civiles y 67 militares. Uno de los casos más sangrantes que aquella guerra dejó sin resolver fue el asesinato con un dron militar israelí de cuatro niños palestinos entre los 9 y los 11 años en una playa de Gaza. Los periodistas instalados en hoteles cercanos a esa misma playa y otros testimonios solo divisaron niño...

La ofensiva de Israel en la franja de Gaza en 2014 costó la vida a 2.200 palestinos, entre ellos en torno a 1.500 civiles, según Naciones Unidas, y a 73 israelíes, 6 de ellos civiles y 67 militares. Uno de los casos más sangrantes que aquella guerra dejó sin resolver fue el asesinato con un dron militar israelí de cuatro niños palestinos entre los 9 y los 11 años en una playa de Gaza. Los periodistas instalados en hoteles cercanos a esa misma playa y otros testimonios solo divisaron niños jugando al fútbol. El caso fue archivado sin formular acusaciones y no fueron citados a declarar varios periodistas (de la cadena francesa TF 1, la catarí Al Jazeera, y los corresponsales del británico The Telegraph y del alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung) que presenciaron los hechos. Desde entonces, la familia de los niños abatidos ha perseguido reabrir la causa ante el Tribunal Supremo, que en los próximos días tiene previsto pronunciarse tras haber escuchado las alegaciones presentadas el pasado lunes por tres organizaciones de defensa de los derechos humanos (una de ellas, Adalah, con sede en Haifa, Israel, y otras dos con sede en Gaza). Primero fue la justicia militar la que archivó la causa en 2015, alegando que los operadores del dron artillado confundieron a los niños con milicianos de Hamás en una zona habitual de operaciones, y después ratificó la decisión la Fiscalía General de Israel en 2019, como sucede habitualmente. Las contradicciones de un informe militar secreto desveladas por la ONG israelí Adalah pueden ser el argumento para que el Supremo decida reabrir la causa y procesar a los responsables de que dos misiles abatiesen a cuatro niños de una familia de pescadores palestina la tarde del 16 de julio de 2014.

El episodio se ha convertido en uno de los símbolos más estremecedores de una serie de actuaciones militares israelíes que han golpeado a los civiles palestinos. En la lucha contra Hamás no vale todo, y menos cuando la vida de cuatro niños ha sido segada por un error trágico que no debe quedar impune. La ratificación del archivo del caso volvería a incumplir exigencias insoslayables de un Estado democrático que cuenta con un sistema judicial capaz de actuar sin titubeos ante el poder, investigando y condenando a los más altos representantes políticos. La inhibición o la permisividad ante posibles crímenes de guerra, en cambio, rebaja la calidad de una justicia que, cuando no archiva de forma rutinaria casos parecidos, condena a penas muy bajas y, a menudo, nada más que simbólicas. Incluso si la zona hubiese sido identificada como objetivo militar, el derecho humanitario internacional obliga a verificar la presencia de víctimas civiles potenciales. Mantener el archivo del caso solo puede alimentar la impunidad de las fuerzas militares israelíes. La última instancia para depurar responsabilidades, según la ONG Centro Palestino para los Derechos Humanos, habrá de ser el Tribunal Penal Internacional, que ha empezado a investigar posibles crímenes de guerra cometidos por ambos bandos en los conflictos israelo-palestinos.