Johnson y la inmigración

En su desafortunada respuesta legal al problema de la inmigración irregular, que en el Reino Unido no llega a una fracción de lo que supone en otras partes de Europa, el Gobierno de Boris Johnson ha mezclado en el mismo saco a víctimas y verdugos. Y ha demostrado que le queda por practicar mucha diplomacia si aspira a lograr la cooperación de países vecinos, especialmente de Francia. 2021 ha terminado con cifras récord de inmigrantes interceptados cuando intentaban cruzar el canal de la Mancha para alcanzar las costas brit...

En su desafortunada respuesta legal al problema de la inmigración irregular, que en el Reino Unido no llega a una fracción de lo que supone en otras partes de Europa, el Gobierno de Boris Johnson ha mezclado en el mismo saco a víctimas y verdugos. Y ha demostrado que le queda por practicar mucha diplomacia si aspira a lograr la cooperación de países vecinos, especialmente de Francia. 2021 ha terminado con cifras récord de inmigrantes interceptados cuando intentaban cruzar el canal de la Mancha para alcanzar las costas británicas. Unas 30.000 personas, aproximadamente. Un control reforzado de las vías terrestres de comunicación con el continente, hasta hace poco el acceso habitual de la inmigración irregular, ha estimulado el tráfico marítimo de personas. Acierta el Gobierno de Johnson, en su proyecto de Ley de Nacionalidades y Fronteras, al endurecer las penas contra las bandas criminales que se enriquecen con esta tragedia humana. Pero yerra completamente al extender de modo general la sospecha sobre la mayoría de los inmigrantes, y alimenta de este modo el discurso xenófobo que avivó la llama del Brexit. El Ministerio del Interior de Priti Patel, una política hija de padres indios de Uganda, señala a los recién llegados como “emigrantes económicos” y los culpa del colapso actual en el sistema de concesión de asilo y refugio. Las autoridades británicas juegan con la idea confusa y provocadora de que los que llegan a sus costas —jóvenes, hombres, fuertes y capaces de pagar el costoso viaje a los traficantes— roban de ese modo la oportunidad de protección a las mujeres y niños indefensos que quedan atrás. Las estadísticas desmienten ese prejuicio. Más de un 60% de los iraníes, sirios, iraquíes o afganos que llegan al Reino Unido logran demostrar su necesidad de amparo legal, frente a una media del 50% del resto de nacionalidades.

Londres querría un mayor control a lo largo de los cientos de kilómetros de la costa francesa, y culpa a París de no hacer lo suficiente para frenar el aluvión de inmigrantes. Los reproches solo han servido para aumentar la incomprensión entre Johnson y Macron. El presidente francés ha llegado a echar en cara al primer ministro británico su falta de seriedad. Downing Street desearía poder devolver automáticamente a Francia los inmigrantes interceptados procedentes de ese país, e incluso mandar a sus soldados a patrullar las playas del continente. El Gobierno británico, que siempre optó por mantenerse al margen de la crisis migratoria que afectó a la UE en 2015, quiere ahora soluciones rápidas y ventajosas. No ha entendido aún que es el principal causante de su actual frustración, y que no hay una respuesta fácil para una tragedia compleja.