Etapa reformista

Junto a las inversiones, reformas. Encarrilados los Presupuestos para 2021, España afronta ahora la titánica tarea de poner en marcha las reformas necesarias para corregir sus debilidades estructurales y aprovechar al máximo los fondos europeos para convertirse en un país más sostenible y competitivo. No se trata solo de detectar proyectos rentables e innovadores en los que invertir el dinero europeo, sino de mejorar la arquitectura administrativa y económica del país. Ese es el gran pacto de fondo subyacente al endeudamiento común: que el desembolso de las ayudas europeas vaya de la m...

Junto a las inversiones, reformas. Encarrilados los Presupuestos para 2021, España afronta ahora la titánica tarea de poner en marcha las reformas necesarias para corregir sus debilidades estructurales y aprovechar al máximo los fondos europeos para convertirse en un país más sostenible y competitivo. No se trata solo de detectar proyectos rentables e innovadores en los que invertir el dinero europeo, sino de mejorar la arquitectura administrativa y económica del país. Ese es el gran pacto de fondo subyacente al endeudamiento común: que el desembolso de las ayudas europeas vaya de la mano de cambios que fortalezcan los países (reduciendo así el riesgo de que vuelvan a necesitar ayuda en crisis futuras). Bruselas vigila, y exhorta a España a buscar mejoras en tres áreas clave: mercado laboral, pensiones y una mayor unidad de mercado que evite la fragmentación de la regulación autonómica. La Comisión tiene razón en señalar esas tres áreas y, a diferencia de hace una década, ni impone recetas específicas ni recortes.

España debe pues asumir de lleno esta tarea y el Gobierno —hasta ahora poco transparente en el desglose del empeño reformista en el que trabaja desde hace meses— debe abrir un debate público sobre sus ideas. Conviene debatir para mejorar y persuadir. La fecha límite para presentar el plan es abril de 2021. Aunque el generalizado sentido de urgencia que impone la pandemia reduce el margen para pulsos políticos, la Comisión y otros países miembros observarán con atención las propuestas.

Las prioridades que se indican a España son lógicas. Una es “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”. En este sentido, es imprescindible lograr avances en la edad efectiva de jubilación, en un sistema con una dinámica demográfica muy desfavorable y cierta tendencia, por ejemplo en el sector financiero, a prejubilaciones masivas. Habrá que ponderar con cuidado la indexación indiscriminada de todas las pensiones a la inflación. Otra consiste en reformar el mercado laboral para “favorecer la transición hacia los contratos indefinidos” y mejorar la cobertura del desempleo: el trecho recorrido contra los abusos en la contratación temporal es útil, pero no basta. El nivel de dualidad en el mercado laboral español es elevadísimo e inaceptable. A la vez precariza la vida de muchos trabajadores y dificulta la construcción de valor añadido. Hay que mejorar radicalmente en esto y debe estudiarse con seriedad la opción de la llamada mochila austriaca. Por último, es preciso “avanzar en la aplicación de la ley de garantía de la unidad del mercado”, lo que implica eliminar obstáculos que distorsionen el mercado español por diferentes regulaciones autonómicas.

Se trata de tareas de enorme complejidad, ante las que se notan discrepancias en las filas del Ejecutivo —evidentes en materia laboral—. Será necesario superarlas, y sería un error afrontarlas petrificando la negociación en el perímetro de la mayoría de los Presupuestos. En estas reformas una amplia concertación se antoja más necesaria aún que en las cuentas para 2021 debido a su trascendental impacto. Desgraciadamente, hay pocos visos de que esa reflexión quede inmune al partidismo que infecta la política española. Los agentes sociales, en cambio, han dado muestras de una elevada capacidad de diálogo. Ojalá prevalezca ese espíritu en busca de una gran modernización de la economía española, de una protección social más eficaz y de mayor justicia intergeneracional.