Presión necesaria

La renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sigue bloqueada, se cumplen ahora dos años, y los partidos de la coalición del Gobierno registraron ayer en el Congreso una proposición de ley para evitar que ese órgano, mientras permanezca en funciones, pueda seguir realizando nombramientos. La iniciativa busca romper la férrea posición del Partido Popular, que mantiene contra viento y marea que no dará ningún paso mientras Unidas Podemos (UP) pueda influir en la elección de los vocales. El presidente, Pedro Sánchez, retiró la anterior proposición de ley que habían p...

La renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sigue bloqueada, se cumplen ahora dos años, y los partidos de la coalición del Gobierno registraron ayer en el Congreso una proposición de ley para evitar que ese órgano, mientras permanezca en funciones, pueda seguir realizando nombramientos. La iniciativa busca romper la férrea posición del Partido Popular, que mantiene contra viento y marea que no dará ningún paso mientras Unidas Podemos (UP) pueda influir en la elección de los vocales. El presidente, Pedro Sánchez, retiró la anterior proposición de ley que habían presentado PSOE y UP en octubre para forzar un desbloqueo, iniciativa legislativa que fue muy criticada por parte del mundo judicial y por Bruselas. La intervención que hizo Pablo Casado durante la moción de censura alentada por Vox, en la que el líder del PP rompió con el partido de extrema derecha y parecía recuperar la vocación de los populares de ser un partido de Estado, ofreció una nueva oportunidad al diálogo y Sánchez aparcó la polémica reforma legal.

La proposición que el presidente retiró contenía una parte inadmisible, la que pretendía renovar el Consejo con mayoría parlamentaria absoluta y no con la reforzada de tres quintos actualmente vigente. Esta es la que la Comisión Europea criticó. Otra, la que ahora han retomado PSOE y UP, buscaba limitar la capacidad de acción del órgano de gobierno de los jueces mientras esté en funciones. Y es que no parece razonable que un Poder Judicial interino siga haciendo nombramientos con una mayoría que ya no responde a la composición del Parlamento.

Forma parte de la lógica democrática que el Partido Popular discuta y rechace iniciativas del actual Gobierno, que se oponga con contundencia a los pactos que firma con otras fuerzas y que critique su acercamiento a Esquerra y EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos. La renovación del CGPJ, sin embargo, forma parte de la lógica institucional y es ahí, por respeto a las reglas de juego constitucionales, donde no puede desentenderse de sus obligaciones. Resulta más grave aún que persevere en su negativa utilizando las instituciones por razones partidistas. Las negociaciones entre socialistas y populares, bastante adelantadas ya en agosto, fueron dinamitadas por el PP con el argumento de que no iba a admitir que Podemos participara en el proceso, con lo que ha pretendido vetar cualquier influencia del partido de Pablo Iglesias en las propuestas de vocales de los socialistas.

El bloqueo responde a un interés estrictamente partidista, frenar la renovación de un Consejo General del Poder Judicial en el que cuenta con una posición de ventaja esgrimiendo un veto a Podemos como justificación. Lo que no parece haber comprendido el PP es que el bipartidismo forma parte del pasado y que, en el Parlamento fragmentado del presente, no se pueden cerrar las puertas a ninguna fuerza que esté ahí representada y que tenga la legítima posibilidad de influir en determinadas decisiones. Que al Partido Popular no le guste la composición actual del Congreso, y las decisiones que allí se toman, no le otorga derecho alguno a bloquear las instituciones. Esta vez, la iniciativa del PSOE y UP no atenta contra la separación de poderes. Congela la parte más agresiva de su anterior iniciativa para mantener viva la posibilidad de acuerdo. El PP tendría que entenderlo y no obstinarse en no cumplir con su deber.