La ciencia no se negocia, la política sí

Cuenta el profesor Pedro Arrojo que hace unos años, en el Consejo de la Cuenca del Ebro, debatiendo el Plan Hidrológico de Cuenca, a uno de los asistentes se le ocurrió someter a votación la existencia del cambio climático. Ni cortos ni perezosos, responsables políticos de distintas administraciones, agricultores, representantes de empresas hidroeléctricas y algún que otro ecologista asombrado, alzaron sus manos para decidir si existía el calentamiento global. Hoy este episodio daría para una viñeta de El Roto, pero quizá no estemos muy lejos de reproducir el esperpento.

La propuesta de...

Cuenta el profesor Pedro Arrojo que hace unos años, en el Consejo de la Cuenca del Ebro, debatiendo el Plan Hidrológico de Cuenca, a uno de los asistentes se le ocurrió someter a votación la existencia del cambio climático. Ni cortos ni perezosos, responsables políticos de distintas administraciones, agricultores, representantes de empresas hidroeléctricas y algún que otro ecologista asombrado, alzaron sus manos para decidir si existía el calentamiento global. Hoy este episodio daría para una viñeta de El Roto, pero quizá no estemos muy lejos de reproducir el esperpento.

La propuesta del Gobierno de extender el estado de alarma durante un periodo de seis meses no termina de aclarar la naturaleza de la iniciativa, elemento clave para poder valorarla. Si se trata de una decisión basada en la evidencia científica, la mera idea de negociar y regatear plazos recuerda mucho a esa votación sobre la existencia o no del cambio climático. Ahora bien, siendo esa la razón de ser de la medida, deberían facilitarse los datos, testimonios y afirmaciones de las personas expertas que lo atestiguan. No vale con decir que se basa en la opinión de los técnicos, sino en fundamentarla, acreditarla y comunicarla como tal. Y siempre quedará la duda de por qué seis meses, y no hasta alcanzar determinados indicadores objetivos que muestren que se ha doblegado la curva de contagios.

Sin embargo, si la decisión de aprobar para seis meses —y no para cuatro o para ocho— el estado de alarma viene motivada por la necesidad de evitarse el calvario de las aprobaciones quincenales que se vivió entre mayo y junio, entonces, siendo legítima la aspiración, como es, tendrá que estar sometida a la oportuna negociación con los grupos parlamentarios. La naturaleza del argumento en que se basa la propuesta es clave para saber si debe negociarse o al contrario, no admite negociación alguna.

En cualquier caso, sea cual sea la naturaleza de la propuesta, dada la excepcionalidad de la situación, y precisamente por tal excepcionalidad, deben extremarse los controles y los procedimientos de rendición de cuentas. No basta con la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cada quince días, que puede abrir nuevamente una senda de periódicas polémicas estériles, sino que se han de incrementar los mecanismos que permitan un control efectivo por parte de las cámaras. Tal como reclaman organismos internacionales y expertos preocupados por la calidad democrática, el estado de alarma requiere extremar una supervisión específica en lo referente a su justificación, ejecución, resultados, etcétera.

Quizá sea el momento de avanzar en la famosa gobernanza —lo de “cogobernanza” no deja de ser una reiteración—, para que, además de con las comunidades autónomas, se establezcan mecanismos y espacios para compartir información, dar seguimiento y contrastar posiciones con todos los grupos parlamentarios, más allá del más limitado trabajo que se pueda hacer en las comisiones. Quién sabe si unos simples maitines de portavoces parlamentarios los lunes para empezar la semana no nos hubieran ahorrado más de un disgusto. Ahora, además, serían una buena ocasión para testar el enésimo giro al centro de Pablo Casado.