Polonia retrocede

Los derechos de las mujeres acaban de sufrir un nuevo y grave retroceso en Polonia. Este país ya tenía una de las leyes del aborto más restrictivas de Europa, detrás de Malta, Andorra y San Marino, que no lo permiten en ningún caso. La ley polaca de Planificación Familiar de 1993 solo permitía interrumpir el embarazo en supuestos muy acotados: violación o incesto, peligro para la vida de la madre y malformación del feto. El Tribunal Constitucional del país acaba de emitir ahora un fallo por el que declara inconstitucional el tercer supuesto. Alega que permitir interrumpir el embarazo d...

Los derechos de las mujeres acaban de sufrir un nuevo y grave retroceso en Polonia. Este país ya tenía una de las leyes del aborto más restrictivas de Europa, detrás de Malta, Andorra y San Marino, que no lo permiten en ningún caso. La ley polaca de Planificación Familiar de 1993 solo permitía interrumpir el embarazo en supuestos muy acotados: violación o incesto, peligro para la vida de la madre y malformación del feto. El Tribunal Constitucional del país acaba de emitir ahora un fallo por el que declara inconstitucional el tercer supuesto. Alega que permitir interrumpir el embarazo de un feto con malformaciones supone legalizar las prácticas eugenésicas. Y sostiene que hacer que el derecho a la vida de un niño dependa de su salud supone una discriminación, alineándose así con las tesis de los grupos antiabortistas que estiman que el feto es una persona jurídica desde el momento mismo de la concepción y que su vida debe preservarse por encima de los derechos de la madre.

El fallo del Constitucional deja fuera de la ley al 97% de los apenas 1.100 abortos que se practican legalmente en Polonia cada año. Estas mujeres se verán ahora abocadas a engrosar el enorme contingente de ciudadanas que tienen que viajar al extranjero para interrumpir un embarazo problemático o no deseado, o arriesgarse a un aborto clandestino que implica grandes riesgos sanitarios y penales. Prosigue así la ofensiva que el partido en el Gobierno, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha emprendido contra los derechos civiles y las libertades. El fallo del Constitucional se ha producido a petición de 119 diputados, muchos de los cuales también proponen que Polonia se retire del Convenio de Estambul, la convención que obliga a los países adheridos a prevenir y luchar contra las violencias machistas. La sentencia es fruto de una estrategia del Gobierno que no solo ignora los derechos reproductivos de las mujeres sino que, por acción o por omisión, contribuye a perpetuar las condiciones de sometimiento, privándolas de las libertades y derechos básicos de que gozan el resto de las europeas.

Este nuevo retroceso es fruto de la deriva autoritaria propiciada por Justicia y Libertad, que está conculcando el Estado de derecho para poder imponer su ideario ultraconservador. En cuanto llegó al poder en 2015 emprendió una ofensiva legislativa para asegurar el control del Ejecutivo sobre el resto de poderes, y particularmente del sistema judicial, incluido un Tribunal Constitucional en cuya composición ha interferido para lograr que esté controlado por magistrados afines. La UE y el Tribunal de Justicia Europeo han intervenido en diversas ocasiones para intentar frenar, hasta ahora con escaso éxito, una estrategia que aleja cada vez más a Polonia de los valores y los estándares europeos de libertad y justicia.