Tribuna

No hay conciliación en la nueva normalidad

El precio de la pandemia no debe ser que la mujer no trabaje y la infancia pague el precio de la desigualdad

Una madre con tres niños pasea por San Sebastián.javier hernandez

Con la llegada de septiembre, España se enfrenta a una vuelta a los colegios en la que la amenaza de rebrotes o de nuevas oleadas del virus marcarán de forma aún incierta el desarrollo del curso escolar. Más allá de los enormes retos educativos, esta situación puede convertirse en una carga sin precedentes para las familias en términos de conciliación. Ante posibles situaciones como cierres totales o parciales de centros educativos o la cuarentena de algunos menores, no existe a día de hoy ningún mecanismo que asegure a padres y madres la posibilidad de conciliar su vida laboral con necesidade...

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Con la llegada de septiembre, España se enfrenta a una vuelta a los colegios en la que la amenaza de rebrotes o de nuevas oleadas del virus marcarán de forma aún incierta el desarrollo del curso escolar. Más allá de los enormes retos educativos, esta situación puede convertirse en una carga sin precedentes para las familias en términos de conciliación. Ante posibles situaciones como cierres totales o parciales de centros educativos o la cuarentena de algunos menores, no existe a día de hoy ningún mecanismo que asegure a padres y madres la posibilidad de conciliar su vida laboral con necesidades imprevistas de cuidados. En ausencia de medidas claras, esta situación podría tener graves consecuencias, tanto para las oportunidades de los niños pertenecientes a familias más vulnerables como para la igualdad de género.

Ya durante las fases más restrictivas del estado de alarma, España fue con Irlanda el único país de su entorno que no contemplaba ni una prestación económica en caso de reducción de jornada por cuidado de hijos ni la apertura parcial de centros educativos para los hijos de trabajadores esenciales. Las familias con hijos dependientes han asumido el coste del cierre de todo tipo de facilidades de conciliación, debiendo incluso renunciar a sus ingresos laborales en casos de ausencia de alternativas.

Casi cinco meses tras el cierre de los centros educativos, sigue sin existir ningún tipo de prestación específica para aquellos progenitores que se vean obligados a reducir sus jornadas por motivos de cuidado. Y si bien recientemente el Gobierno ha declarado estar estudiando un permiso retribuido para aquellos padres con hijos en cuarentena, no existe una propuesta definida para dicha medida. La posibilidad de reducción de jornada por cuidados llegaría a su fin el 21 de septiembre, al terminar los tres meses de prórroga de la disposición tras el fin del estado de alarma. En la nueva normalidad, el Estado parece haber dejado de corresponsabilizarse en materia de conciliación. La búsqueda de soluciones es competencia exclusiva de las familias.

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Tal vez la consecuencia más preocupante de la ausencia de medidas de conciliación sea la brecha de oportunidades que puede abrirse en la infancia, y que afectará de manera desproporcionada a los niños de hogares más vulnerables. Son estos niños quienes más se benefician del sistema educativo, especialmente en edades más tempranas, en las que la educación 0-3 es clave para reducir la desigualdad.

La OCDE alertaba ya durante el principio de la pandemia del peligro de que el parón educativo se asemeje a las brechas que suponen para los niños de extractos socioeconómicos bajos los meses de verano, que pueden perder hasta un mes de aprendizaje. De momento, los datos apuntan exactamente en esta dirección: un estudio llevado a cabo en el Reino Unido encuentra más de una hora de diferencia en el tiempo que pasan las madres y padres con sus hijos según su cuartil de renta. En España, una encuesta realizada durante el confinamiento muestra que las madres con estudios universitarios pasan más tiempo en actividades como acompañamiento a la lectura, práctica de idiomas o actividades deportivas. Acumuladas, estas diferencias pueden tener consecuencias a largo plazo para algunos niños. La otra cara de la ausencia de medidas de conciliación es la desigualdad de género. Ante un aumento inesperado de las necesidades de cuidado y educación en el hogar, es más probable que las mujeres asuman estas tareas. Según el INE, ya antes de la pandemia las mujeres dedicaban de media 38 horas semanales a actividades de educación y cuidado de sus hijos, por 23 horas en el caso de los hombres. Los datos de la encuesta para España apuntan efectivamente hacia una mayor carga de labores de cuidado sobre las mujeres durante la pandemia.

Es más probable que sean las mujeres quienes reduzcan su actividad laboral para cuidar a hijos dependientes en casos en los que ambos progenitores trabajen, como ya han apuntado algunos estudios sobre España. El motivo es la brecha salarial. En ausencia de prestaciones por reducción de jornada, tiene sentido pensar que quien renunciará a horas de trabajo remunerado sea la persona del hogar con menores ingresos. En España, esta persona será probablemente una mujer, si tenemos en cuenta que en los hogares con hijos los hombres ganan de media un 57% más que las mujeres, según la Encuesta de Condiciones de Vida. Así, es más probable que sean ellas quienes pongan su carrera en pausa.

En esta situación, muchas familias se están quedando sin alternativas, y otras tantas mujeres se están viendo obligadas a frenar sus carreras laborales para dedicarse a labores de cuidado. Si seguimos olvidando la conciliación, corremos el riesgo de perpetuar la brecha salarial y la vulnerabilidad y dependencia económica de las mujeres. Las medidas de conciliación son imprescindibles para evitar que el efecto de la pandemia sea desigual. Entre niveles de renta, y entre sexos: sin estas medidas, aquellas familias con menores recursos o facilidades para organizarse saldrán perdiendo; además, la nueva normalidad no debería implicar que las mujeres se queden en casa cuidando de sus hijos, ni tampoco que sea la infancia quien termine pagando el precio de la desigualdad.

Ariane Aumaitre es investigadora de doctorado sobre el Estado de bienestar en el Instituto Universitario Europeo de Florencia.

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