Una estrategia contra el cambio climático

Tras la crisis de la covid-19, las inversiones necesarias para la lucha contra el cambio climático han dejado de ser vistas como un coste, para ser vistas como una oportunidad para reactivar el empleo y la economía. Así, el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo exige que un 30% de los fondos aprobados se destine a proyectos relacionados con el clima.

Para ponernos en el contexto debido, hay que recordar que en 2019 la Comisión Europea aprobó un paquete de objetivos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), producción renovable y ahorro energético para ...

Tras la crisis de la covid-19, las inversiones necesarias para la lucha contra el cambio climático han dejado de ser vistas como un coste, para ser vistas como una oportunidad para reactivar el empleo y la economía. Así, el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo exige que un 30% de los fondos aprobados se destine a proyectos relacionados con el clima.

Para ponernos en el contexto debido, hay que recordar que en 2019 la Comisión Europea aprobó un paquete de objetivos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), producción renovable y ahorro energético para el año 2030, como paso intermedio para alcanzar el objetivo de lograr la neutralidad climática (es decir, emisiones netas nulas a la atmósfera) de aquí a 2050. Cada uno de los Estados miembros ha presentado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030 (PNIEC), con sus respectivos compromisos nacionales, que la Comisión Europea está evaluando en estos momentos para determinar si la suma de dichos planes resulta suficiente para cumplir con los objetivos comunitarios.

El PNIEC presentado por el Gobierno español se caracteriza por plantear unos objetivos más ambiciosos que la media europea, con subvenciones a múltiples actuaciones de promoción de las energías renovables, el ahorro energético y la electrificación de la economía. Para ello, el PNIEC prevé movilizar 241.000 millones en inversiones entre 2021 y 2030.

Se trata, como resulta evidente, de una cantidad considerable. Pero sus efectos positivos sobre el empleo y el PIB pueden verse contrarrestados si ese dinero no se dedica a las actuaciones que más valor crean. Esto significa que deberíamos hacer una mayor inversión en aquellas áreas en las que disfrutamos de una ventaja comparativa con respecto al resto de países europeos, y un menor esfuerzo en el resto.

En España, por ejemplo, las inversiones en instalaciones solares y eólicas son más rentables que en el resto de Europa gracias a que tenemos mejores condiciones de sol y viento. En contraste, las inversiones en aislamiento térmico de edificios son menos rentables porque el clima es más suave que en el resto de Europa y el aislamiento proporciona menos ahorro. Por ello, lo lógico sería apostar por mayores inversiones en energías renovables y menos en ahorro energético.

El PNIEC prevé que dentro de 10 años la producción de electricidad de origen renovable equivaldrá a un 91% de la demanda de electricidad, y esto hace que la electrificación de la economía sea la piedra angular de la lucha contra el cambio climático. Esto implica que deberemos sustituir el consumo de combustibles fósiles (gas natural y derivados del petróleo) por una electricidad producida con fuentes cada vez más renovables. Sin embargo, aunque el 100% de la electricidad fuera renovable, estaríamos muy lejos de una economía descarbonizada; y la razón es que la electricidad solo representa en la actualidad el 25% de toda la demanda de energía final en nuestro país. Pero difícilmente los consumidores van a optar por sustituir combustibles fósiles por electricidad mientras ésta siga estando gravada con costes ajenos al suministro e impuestos que prácticamente multiplican por dos el coste de consumir electricidad en los hogares.

Por ello, la primera tarea que debería abordar el PNIEC debería ser una reforma fiscal medioambiental, para limpiar las tarifas eléctricas. Los elementos básicos de la reforma fueron expuestos por la Comisión de Expertos de Transición Energética en 2018. Esta comisión mostró que actualmente el gas natural y los derivados del petróleo están subvencionados porque los impuestos especiales que soportan no cubren la totalidad de los costes que inducen (tales como los daños ambientales y el coste de las infraestructuras viarias).

La reforma debería crear impuestos a todos los productos energéticos de forma proporcional a sus respectivas emisiones de gases contaminantes y repartir los sobrecostes de las renovables entre todas las fuentes de energía (no solamente sobre la electricidad, como es el caso en la actualidad), para dejar de sesgar las decisiones de los consumidores a favor de los hidrocarburos.

Si esta reforma no se lleva a cabo, el Gobierno se verá obligado a promover el ahorro energético y la electrificación de la economía mediante subvenciones al aislamiento térmico o la adquisición de equipos eléctricos tales como bombas de calor. Pero, por mucho que esas subvenciones se diseñen correctamente (en función de la contribución de cada actuación a cada uno de los objetivos), supondrán una carga para los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, o bien el Gobierno acomete una reforma que deje de penalizar el consumo de electricidad, o finalmente deberá dedicar una mayor cantidad de recursos de los Presupuestos Generales del Estado a subvencionar actuaciones por parte de hogares y empresas para avanzar en la lucha contra el cambio climático.

De hecho, estamos en un buen momento para acometer una reforma en este sentido, porque la crisis de la covid-19 ha reducido los precios del gas y de los derivados del petróleo a niveles que harían socialmente admisible corregir las distorsiones e imputarles los costes medioambientales que ocasionan, aunque ello redunde en una subida de los precios de los combustibles fósiles (y una bajada en el precio de la electricidad). Tal como proponía la Comisión de Expertos, cabría eximir a conductores profesionales, agricultores y pescadores de esta reforma, para no incrementar sus costes.

Es verdad que el PNIEC reconoce la conveniencia de llevar a cabo una reforma en este sentido, pero el documento es demasiado “tímido”, ya que se limita a asignar a Hacienda la responsabilidad de liderar el análisis. Esto no permite augurar grandes reformas, porque la prioridad de Hacienda es la efectividad y facilidad de la recaudación, y no la lucha contra el cambio climático.

La crisis de la covid-19 nos obliga a ser más cuidadosos en cuanto a la elección de objetivos y actuaciones, por las limitaciones financieras, pero también nos obliga a ser más valientes en cuanto a las reformas para maximizar la efectividad de la lucha contra el cambio climático, y esto incluye necesariamente una reforma fiscal medioambiental. Si bien la lucha contra el calentamiento del planeta no puede estar liderada por el Ministerio de Hacienda, tanto el Ministerio de Economía como el de Hacienda pueden hacer una importante contribución en la transición energética vigilando que los objetivos medioambientales se alcancen con el menor gasto y la mayor creación posible de empleo.

Óscar Arnedillo Blanco es director gerente de NERA. Jorge Sanz Oliva es director asociado de NERA y fue presidente del Grupo de Expertos para la Transición Energética.