Salida social

La evolución del paro registrado durante el mes de junio señala una tendencia que se mantendrá al menos durante los próximos meses: seguirá aumentando el número de cotizantes a la Seguridad Social, es decir, habrá modestos crecimientos del empleo compatibles con aumentos también modestos del paro. Es la línea que marca los primeros momentos de la recuperación paulatina de la actividad. La gravedad del parón brusco de la economía durante el estado de alarma y el impacto de la erradicación del turismo como actividad empresarial desde el 15 de marzo se notarán en toda su crudeza a partir de septi...

La evolución del paro registrado durante el mes de junio señala una tendencia que se mantendrá al menos durante los próximos meses: seguirá aumentando el número de cotizantes a la Seguridad Social, es decir, habrá modestos crecimientos del empleo compatibles con aumentos también modestos del paro. Es la línea que marca los primeros momentos de la recuperación paulatina de la actividad. La gravedad del parón brusco de la economía durante el estado de alarma y el impacto de la erradicación del turismo como actividad empresarial desde el 15 de marzo se notarán en toda su crudeza a partir de septiembre y durante el último trimestre del año. Los datos del paro registrado de junio no señalan todavía todos los efectos del confinamiento; en el último trimestre se advertirán además las consecuencias del enfriamiento de la economía, es decir, de una recesión tan profunda como insólita, que puede situar el PIB en un descenso en torno al 15% en 2020.

Los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) han sido el instrumento regulatorio que ha contribuido con éxito a contener el hundimiento del empleo, tanto en términos estadísticos como de impacto sobre el bienestar social y, a medio plazo, a limitar el gasto en desempleo asociado a una crisis tan profunda. En el momento más agudo de la parálisis causada por la covid-19, los ERTE acogieron a más de 3,5 millones de trabajadores. El efecto de esta regulación excepcional sobre las empresas ha sido igualmente beneficioso. La política de gasto social propia de un periodo catastrófico unida a la exoneración parcial de las cotizaciones han permitido mitigar la pérdida de tejido empresarial. Aunque esta regulación deba empezar a desconectarse gradualmente a partir de 2021, su vigencia hoy favorece una recuperación armónica a partir del año próximo.

Pues bien, la aprobación y vigencia de los expedientes se deben a los efectos virtuosos de los acuerdos entre los agentes sociales. La crisis ha desvelado la capacidad negociadora de sindicatos y patronal. Ambos han entendido la excepcionalidad de la recesión y su carácter destructivo en todos los niveles. Contra todo pronóstico han sido capaces de superar desacuerdos graves de partida y constituirse en un rompeolas de la crisis. Los logros de los agentes sociales no son baladíes: firmaron un acuerdo sobre el salario mínimo antes del confinamiento; han negociado con fluidez las ayudas a las empresas y dos ampliaciones sucesivas de los ERTE. Su diagnóstico ha sido más certero y responsable, hasta el momento, que el de los partidos políticos.

Con la presencia del Gobierno, hoy se escenificará en La Moncloa una intención de pacto social cuyos participantes son el propio Ejecutivo, la patronal y las organizaciones sindicales. La sustancia de fondo no es muy precisa; se resume en la intención de los actores económicos de negociar la salida de la crisis. El pacto social, la capacidad de acuerdo de los agentes demostrada hasta ahora, es quizá el principal motivo para creer en el éxito de una recuperación económica ordenada, que debería ser plena en 2023 y cuya factura se debe repartir de forma equilibrada entre las rentas de capital y las del trabajo. Queda otro pilar político por erigir: un plan de estabilidad fiscal para el mismo periodo.