Abrir los ojos

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, perfiló esta semana en el Congreso de los Diputados sus primeras estimaciones sobre la dramática situación económica y los principales riesgos que la pandemia de coronavirus podría dejar a su paso por España. El cese general de la actividad, imprescindible para contener los contagios, ha exigido y exigirá todavía un incremento del gasto público sin precedentes, sobre el que existe un amplio acuerdo entre los agentes sociales, los partidos políticos y las instituciones económicas y financieras, tanto europeas como internacionales. Ese a...

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, perfiló esta semana en el Congreso de los Diputados sus primeras estimaciones sobre la dramática situación económica y los principales riesgos que la pandemia de coronavirus podría dejar a su paso por España. El cese general de la actividad, imprescindible para contener los contagios, ha exigido y exigirá todavía un incremento del gasto público sin precedentes, sobre el que existe un amplio acuerdo entre los agentes sociales, los partidos políticos y las instituciones económicas y financieras, tanto europeas como internacionales. Ese acuerdo sobre lo inmediato no se está proyectando, sin embargo, sobre un eventual acuerdo parlamentario que permita diseñar y sentar las bases de los sucesivos presupuestos que deberían hacer frente a esa situación y al manejo del déficit y de una deuda en niveles desconocidos desde principios del siglo XX.

Pasan las semanas como si se pudieran cerrar los ojos ante las consecuencias de no haber logrado ese acuerdo que Hernández de Cos echa en falta. En lo inmediato, la ausencia de ese pacto compromete el futuro de varias generaciones, colocando sobre sus hombros una losa económica colosal que limitaría de facto su derecho a fijar en el futuro nuevos objetivos para el país y para sí mismos a través de las instituciones democráticas. Además, puede debilitar la posición de España en la Unión Europea, y colocar al país frente a una intervención dura de la economía española, algo que certificaría un intolerable fracaso de esta sociedad.

Los instrumentos necesarios para alejar estas hipótesis dramáticas están todavía en manos del país y de su arquitectura institucional, social, económica y ciudadana, y resultaría imperdonable que dejaran de ser empleados por ausencia de voluntad política. No se dispone de un tiempo ilimitado, y retrasar los pasos para agrupar a los ciudadanos en torno a un programa articulado en el Parlamento, haciendo partícipes a los agentes sociales para obtener su compromiso en la ejecución, puede ahondar la crisis hasta hacerla inmanejable.

La realidad, una vez más, es la que es, y hay que mirarla de frente. El Gobierno ha dilapidado en buena parte su crédito negociador, persiguiendo geometrías parlamentarias que han subrayado su debilidad. Por su parte, la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular, sabe tan bien como el Ejecutivo que es difícil gobernar en estas circunstancias y más difícil aún desalojar con una mayoría alternativa a quien gobierna, ni a través de mociones ni de unas elecciones hoy por hoy inviables. Intentar romper este equilibrio rechazando distinguir en el Parlamento entre medidas incontestables para contener la pandemia y medidas simplemente equivocadas, cuando no llevando la oposición a las calles, es una apuesta que no alcanzará ningún objetivo político ni electoral, pero que garantiza la destrucción de las instituciones.

Sea como sea, está claro que no ha funcionado la teoría de la geometría variable porque ha sido esa estrategia la que colocó al Gobierno al borde del abismo en la última prórroga del estado de alarma y la que le llevó a realizar un movimiento político incomprensible: mezclar la derogación íntegra de la reforma laboral vigente con el apoyo de Bildu. Asombrosamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solo no dio ayer en su comparecencia pública ninguna explicación a lo sucedido sino que insistió en que la oposición no debe mezclar la crisis sanitaria con otros problemas. Una receta que se podría aplicar a sí mismo.

En España, pocas circunstancias han puesto de manifiesto tanto como la actual la radical diferencia entre el ejercicio del poder y la persecución del liderazgo. Y pocas circunstancias, además, han dejado traslucir con tanta crudeza que el país no conseguirá despejar un horizonte crecientemente difícil con mayorías que, invocando el poder, pretendan imponer la salida, y no con mayorías que, asumiendo el liderazgo, inviten a un compromiso firme y sostenido por parte de todos.