La democracia colombiana en medio de la pandemia

Un grupo de expertos encabezados por Iván Velásquez, quien fuera director de la CICIG en Guatemala, han enviado una carta al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y al poder judicial. En dicho documento se realiza un balance sobre la salud de la democracia colombiana en medio de la pandemia. Dentro de los varios temas que se tocan hay tres que son particularmente llamativos.

El primero es lo que denominan el débil equilibrio de poderes en medio de la crisis. Un Ejecutivo todopoderoso, con apariciones televisivas todos los días del presidente; un funcionamiento no pleno del Cong...

Un grupo de expertos encabezados por Iván Velásquez, quien fuera director de la CICIG en Guatemala, han enviado una carta al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y al poder judicial. En dicho documento se realiza un balance sobre la salud de la democracia colombiana en medio de la pandemia. Dentro de los varios temas que se tocan hay tres que son particularmente llamativos.

El primero es lo que denominan el débil equilibrio de poderes en medio de la crisis. Un Ejecutivo todopoderoso, con apariciones televisivas todos los días del presidente; un funcionamiento no pleno del Congreso por medios virtuales; y el parcial funcionamiento de la rama de judicial, ha llevado a que el ya frágil equilibrio de poderes se vea amenazado. De hecho, el funcionamiento virtual del Congreso ha favorecido al Ejecutivo, quien literalmente no tiene control político y ante las críticas de cualquier congresista, salen los miembros del partido de gobierno, el Centro Democrático, con ideas amenazantes de reducir el Congreso o intervenirlo. Lo cierto es que el poder e influencia del Ejecutivo, que siempre habían sido muy grandes, ahora se han visto fortalecidos.

Lo segundo que deja ver el documento es la violación del principio de publicidad. La crisis se está manejando con una declaración de emergencia, eso, entre muchas otras cosas, permite agilizar los procedimientos de contratación. Sin embargo, mucha de la contratación que ha realizado el Gobierno Nacional por medio de los ministerios o dependencias no está pública en las plataformas SECOP I y SECOP II, lo cual imposibilita la veeduría ciudadana y el control político. Todos los días se hacen anuncios de entrega de subsidios, compra de equipos y nadie sabe con exactitud como se hicieron esos procesos y si llegaron a los destinatarios.

Un tercer hecho es que la veeduría ciudadana fue limitada por decreto. Los ciudadanos tienen derecho a radicar peticiones a las autoridades y estas a su vez tenían un plazo de máximo 15 días para responder. Esas peticiones podían ser de información, como por ejemplo contratos, montos, con quién se contrató, entre otras. Mediante el decreto 491 se amplió ese plazo a 35 días. El lío es que el acceso a la información pública es un derecho humano que cobra mayor importancia en momentos que el Ejecutivo adquiere atribuciones extraordinarias.

Así las cosas, no hay control político, no se publican documentos básicos y se amplió el tiempo para la entrega de información. Hay una oscuridad total en materia de transparencia de funcionamiento de los mínimos criterios democráticos. Lo complicado del asunto es que, en general, todos los poderes ejecutivos, no solo la presidencia, sino también alcaldes y gobernadores, tienen esta omnipresencia y son muy pocos los que han publicado la contratación de sus entes territoriales.

Obviamente, la oposición ha quedado relegada y la asimetría es impresionante. Incluso, según las últimas encuestas, la gran mayoría de alcaldes, gobernadores y el presidente han crecido en las encuestas, saltando más de una decena de puntos. El propio presidente Duque, que hace tres meses tenía una popularidad del 23% ahora esta por encima del 50%.

Con dicha popularidad los mandatarios se vuelven algo así como intocables. Ante cualquier solicitud de información, cuestionamiento o simple petición de claridad, salen sus partidarios a manifestar y cuestionar las peticiones de información o críticas. Dicen que esas acciones no dejan trabajar, que debemos “unirnos” y seguir al presidente sin cuestionar nada, pues estamos en épocas de crisis. En fin, argumentos moralistas que impiden el ejercicio democrático.

Esto no solo pasa en Colombia, de hecho, este tipo de análisis ha salido por todo el mundo. Lo complicado es que en sociedades donde el poder del Ejecutivo y el presidencialismo es tan fuerte como en América Latina, los riesgos para el ejercicio democrático aumentan.