Editorial

Otra mayoría

Es pronto para saber si el acuerdo sobre la alarma servirá en otros temas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el pleno del Congreso el miércoles.J.J. Guillén (EFE)

La cuarta prórroga del decreto del estado de alarma que concedió el miércoles el Congreso de los Diputados al Gobierno supuso algo más que una nueva representación de las profundas diferencias entre los partidos para controlar la pandemia del coronavirus. En concreto, supuso la confirmación de que, a todos los efectos, el país ha alcanzado un límite. Un límite que no solo se refiere a la situación de excepcionalidad constitucional decretada el 14 de marzo, sino también, y sobre todo, a la estrategia de confrontación con la que las diferentes fuerzas políticas han abordado una crisis sin preced...

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La cuarta prórroga del decreto del estado de alarma que concedió el miércoles el Congreso de los Diputados al Gobierno supuso algo más que una nueva representación de las profundas diferencias entre los partidos para controlar la pandemia del coronavirus. En concreto, supuso la confirmación de que, a todos los efectos, el país ha alcanzado un límite. Un límite que no solo se refiere a la situación de excepcionalidad constitucional decretada el 14 de marzo, sino también, y sobre todo, a la estrategia de confrontación con la que las diferentes fuerzas políticas han abordado una crisis sin precedentes. La gravedad de la amenaza contra la salud pública exigía un acuerdo que no se ha producido. Y bajo ningún concepto las inminentes prioridades social y económica deberían ajustarse al modelo seguido hasta ahora, cuando la máxima urgencia era sanitaria.

Los discursos incendiarios y cercanos a Vox de los que ha hecho gala Pablo Casado han puesto al país ante un abismo político, al abstenerse respecto a la prórroga del estado de alarma. A ello se le ha enfrentado el ensimismamiento que exhibe Sánchez en la gestión de la crisis, que ha cifrado el imprescindible mantenimiento de la alarma en un pulso con el Partido Popular. Que este lo perdiera ayer no significa que lo ganara el Gobierno, pues el extremismo no puede seguir siendo la respuesta al mutismo de Sánchez, obstinado en elevarse hasta la soledad política. El Partido Popular se enredó en sus propias palabras cuando, tras denunciar algo tan grave como que Sánchez reclamaba poderes dictatoriales, sencillamente se abstuvo en la votación. La lección parece clara: Casado no puede seguir instalado por más tiempo en una esquizofrenia política entre su retórica y sus decisiones. Sobre todo cuando esa retórica es propia de una fuerza nihilista como Vox, que considera que destruir por destruir es una solución.

El límite alcanzado por la política en España quedó también fijado para la mayoría que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, cuya implosión se confirmó en el pleno. Esquerra Republicana de Catalunya rechazó con argumentos crecientemente confusos la prórroga solicitada por el Ejecutivo, alineando su voto con el de Junts per Catalunya en un movimiento que la coloca fuera de los equilibrios en el Parlamento sin garantizarle rédito electoral alguno en Cataluña. A juzgar por las palabras del portavoz republicano, la búsqueda de una vía diferente de la que patrocinan el president Torra y su partido habría terminado. A estos efectos, Rufián trató de justificar a su grupo confundiendo causa y efecto: no es que ERC rompiera con el Gobierno porque este pactó con Ciudadanos, sino que el pacto con Ciudadanos fue resultado de que ERC rompió con el Gobierno.

En cualquier caso, ese pacto se ha producido y ha dado lugar a otra mayoría, que alcanzó los 178 diputados. Es pronto para saber si ha sido coyuntural o podría servir, llegado el caso, para afrontar los efectos sociales y económicos de la crisis, encarando la elaboración de unos Presupuestos de emergencia de los que el Partido Popular no debería desentenderse. Pero para que todo esto fuera posible, también Podemos debería tomar conciencia del límite alcanzado. Las mayorías parlamentarias se articulan en torno a objetivos compartidos que no pueden anteponerse a las necesidades imperiosas de los ciudadanos.

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