La ofrenda imposible de Omar García Harfuch

Estados Unidos quería y México conseguía. ¿Quiere la DEA, después de 40 años, ponerle las esposas encima a Rafael Caro Quintero? El Narco de Narco se envía en la primera entrega de capos al norte de la frontera. ¿Quiere Donald Trump un “juicio histórico” para Pedro Inzunza, su primer acusado de narcoterrorismo? La Secretaría de Seguridad logra detenerlo y extraditarlo en menos de ocho meses. ¿Quiere Estados Unidos al deportista olímpico reconvertido en narcotraficante, Ryan Wedding, prófugo en México? Lo tiene. ¿Al Mencho por ser el capo más buscado del mundo? Se logra. ¿A otro de sus hombres fuertes en el Cartel Jalisco Nueva Generación y de paso también al tesorero? Se capturan a los dos en un solo día. Las peticiones del vecino del norte, siempre cobijadas bajo la amenaza de una intervención mayor en el país, han marcado ya 16 meses del Gobierno de Claudia Sheinbaum y de su estrategia de seguridad, comandada por Omar García Harfuch. Al Ejecutivo, las exigencias le servían también para mostrar resultados, capacidad, bajar las estadísticas criminales. Esta semana, sin embargo, la petición ha dado un triple salto al solicitar la detención del gobernador en activo de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. El Gobierno se ha encontrado ante su ofrenda imposible.

“Nosotros no hemos cometido ni un solo error”, reivindicaba a principios de año un funcionario mexicano de alto nivel para mostrar tranquilidad ante el avance injerencista de Trump en la región, después de que las fuerzas estadounidenses asaltaran Caracas y se llevaran al presidente Nicolás Maduro en enero. El equipo de la presidenta no escondía que confiaban en que cada captura, entrega y decomiso alejaban el fantasma de una intervención. En todo este tiempo, el papel de los alfiles de Sheinbaum ha sido demostrar a Estados Unidos que ambos ganan si trabajan juntos. Esta táctica para frenar a Trump se ha topado ahora con el escrito del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

En un documento durísimo, el Departamento de Justicia acusa de tener vínculos con el crimen organizado a Rocha Moya, al senador morenista Enrique Inzunza —quien fue su secretario de Gobierno—, al alcalde de Culiacán, a un fiscal adjunto y a otras seis figuras que tuvieron cargos de seguridad en el Gobierno, el Ministerio Público o la policía de Sinaloa. Acusados de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer estas armas, los funcionarios se enfrentarían a una pena mínima de 40 años de llegar a un tribunal estadounidense. Con esta acusación en la mano, Estados Unidos ha pedido al Gobierno mexicano que los detenga y los extradite.

Hasta el momento, la presidenta y su Administración se han parapetado detrás de que Estados Unidos no ha aportado pruebas para fundamentar esas órdenes de arresto. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado que va a derivar el caso a la Fiscalía General de la República, liderada por la ex consejera jurídica de Sheinbaum, Ernestina Godoy, para que conduzca su investigación. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, ha cuestionado la presidenta, que trata de ganar tiempo ante el escándalo.

El movimiento de Trump no es casual. Llega después del reclamo a Sheinbaum por su posición sobre los dos agentes de la CIA muertos en un accidente en Chihuahua. La presidenta ha pedido investigar si la presencia de los estadounidenses junto a la Fiscalía estatal violaba la Constitución y el Gobierno del republicano la ha criticado por su “falta de compasión”. Después de este primer encontronazo, la Marina anunciaba el martes como gesto de paz la detención de Audias Flores, alias El Jardinero, uno de los tres hombres fuertes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Por su captura, el Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares”, recordaba García Harfuch en sus redes sociales.

El embajador Ronald Johnson celebraba el anuncio (“juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones”, escribía en X), para justo al día siguiente emitir un comunicado donde afirmaba “la corrupción que facilita el crimen organizado será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de Estados Unidos”. Esta postura del diplomático —que ya ha sido definida por Sheinbaum como “injerencista”— sigue una línea muy clara que Trump ha repetido hasta la saciedad desde su regreso a la Casa Blanca. “Los carteles controlan México“, dijo en enero, justo después de lanzar al aire: “Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra”.

En estos meses, el equipo de confianza de la presidenta ha trabajado para que esa afirmación se quedara en un exabrupto más del republicano (“es su forma de comunicar”, dijo Sheinbaum en enero). Los funcionarios han contenido la intención real de Estados Unidos de ejecutar acciones directas en territorio mexicano con detenciones, desmantelamientos y decomisos. Estas ofrendas —y los grupos de trabajo y las iniciativas conjuntas— habían sido efectivas hasta ahora. “El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado en varias ocasiones que es un muy buen momento de la relación con México”, presumía la presidenta hace solo unos meses. Pero en esta cooperación interesada para Trump, el republicano siempre ha querido más: llegar a la élite política. ¿Qué va a ofrecer ahora el Gobierno? ¿Hasta dónde puede llegar Trump ante su primera gran negativa? La disyuntiva de cómo cuadrar el círculo pende sobre Sheinbaum y su política de seguridad.