El Tribunal de Disciplina, la estrella de la reforma judicial que sigue inoperante

Cuando surgían las dudas sobre la reforma judicial, los defensores del cambio se parapetaban detrás del mismo órgano: el Tribunal de Disciplina. ¿Qué pasaría si los juzgadores electos no sabían hacer su trabajo? El Tribunal de Disciplina los evaluaría, los mandaría a formación y si no cumplían, los suspendería. ¿Cómo conseguiría la reforma judicial erradicar la corrupción y el nepotismo? El Tribunal de Disciplina investigaría y sancionaría a los que se aprovecharan de su cargo. ¿Cómo iba a mejorar la elección todos los casos de acoso laboral y sexual dentro de los juzgados? El Tribunal de Disciplina. Y así, como si fueran palabras mágicas, este tribunal se presentó como la garantía de justicia de la nueva reforma. Ahora, un mes y medio después de su instauración, el órgano apenas ha terminado de repartir sus comisiones, ha enviado dos comunicados de prensa, siete circulares públicas y ha referido un caso a la Fiscalía General de la República. “El tribunal está inoperante”, resumen fuentes cercanas a esta dependencia. EL PAÍS ha buscado al equipo de la presidenta Celia Maya, pero hasta el cierre de esta edición no ha recibido respuesta.

La creación del Tribunal de Disciplina asustó al gremio judicial. Las decisiones de este nuevo órgano, el encargado de investigar y sancionar a los jueces, son “definitivas e inatacables”, según la Constitución: “No procede juicio ni recurso alguno en contra de estas”. Sus sanciones van desde la amonestación, suspensión y sanción económica hasta la destitución e inhabilitación. La presidenta Claudia Sheinbaum trató de tranquilizar a la opinión pública y aseguró que no se iba a perseguir el contenido de las sentencias, solo las “conductas indebidas”. La semana pasada, la mandataria volvió a insistir: “Es fundamental que este Tribunal pueda —incluso, si lo puede hacer público, sería muy bueno— informar cuáles son los criterios de evaluación de los jueces y cuáles son las sanciones que se aplicarían, porque tienen que ser a partir de un reglamento, no puede ser subjetivo". Hasta el momento, el tribunal no ha cumplido con la petición de la presidenta de México.

Hace tres años que José Daniel Olvera terminó la carrera y desde el 1 de septiembre es juez penal en Coahuila. Tiene 26 años y en estas semanas ha protagonizado varios momentos donde tiene que ir a recesos antes de resolver para lograr que “la decisión sea lo menos lesiva para el Estado y las personas”. La polémica también le ha estallado a Mauricio Alafita, quien era director de un museo de ciencia en Aguascalientes y ahora ejerce como magistrado de circuito, por poner a su secretaria técnica a exponer por él los asuntos. Ante la crítica de otros juzgadores por su “inexperiencia”, Alafita ha alegado que la intervención de su secretaria proyectista ocurrió dentro “del marco legal aplicable, sin que ello denote, bajo ningún concepto, incapacidad profesional”. A ellos se suman los juzgadores que no han dudado en expresar su cercanía con Morena, el partido en el Gobierno. Algunos como Edgar Meza acudieron a un acto de Sheinbaum con una playera guinda en la que se lee: “¡Presidenta, presidenta!“.

La Constitución da al tribunal la capacidad de iniciar investigaciones de oficio por “actos u omisiones contrarias a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia”. Tampoco se conoce si ha arrancado alguna. “El Tribunal de Disciplina no se puede meter a revisar las resoluciones, pero sí a analizar parámetros básicos de cómo se llevan las audiencias, si se están resolviendo asuntos contra todas las pruebas del expediente o en contra de jurisprudencia obligatoria. Todos esos casos se están dando actualmente y ni sus luces el Tribunal de Disciplina”, explica Marlen Ángeles, jueza federal que fue cesada con la reforma judicial.

Los integrantes

La presidenta del Tribunal de Disciplina, Celia Maya, afirmó en una entrevista con EL PAÍS tras ser elegida, que si había algún perfil deficiente sería “observado” por ellos. “Hay que estar más atento, sin que se sientan perseguidos. Que les quede claro a todos los que trabajan en el Poder Judicial: vamos a vigilar con rigor, con cuidado, vamos a estar al pendiente”, apuntó la magistrada, que fue candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro: “Si hay una falta, inmediatamente tomaremos la medida correspondiente”.

Sin embargo, mes y medio después de su inicio, lo que explican los trabajadores, es que el flamante tribunal está “inoperante”. “No están recibiendo denuncias, ni siquiera están procesando solicitudes internas”, señala una fuente cercana. Hasta la semana pasada faltaban incluso por terminar de conformarse las comisiones. Fue el jueves cuando los magistrados electos se dividieron al menos las áreas de trabajo: Indira García se encargará de la comisión de Evaluación; Verónica de Gyvés de la de Vigilancia; Rufino H León Tovar, de la de Disciplina; Celia Maya, de Conflictos Laborales, y Bernardo Bátiz, de Investigación. “El Tribunal de Disciplina Judicial avanza en su consolidación”, escribió orgullosa en X Celia Maya. Era el 10 de octubre.

La composición del tribunal ha sido desde el inicio un frente de críticas. Los cinco integrantes aparecían en los acordeones que repartió Morena para dirigir el voto el 1 de junio. Tres de ellos (Maya, De Gybés y Batiz) ya estaban, además, en el extinto Consejo de la Judicatura. “En el discurso, la reforma judicial se lleva a cabo por la corrupción y el nepotismo que se permitió en el poder judicial. El Consejo era el que se encargaba de vigilar eso. Y ahora mantienes a tres de los consejeros en el mismo puesto”, apunta una fuente que trabajó dentro de esta dependencia. Además, la llegada de estos consejeros al Tribunal de Disciplina estuvo marcada por las irregularidades.

De los tres, solo Celia Maya se había postulado realmente para esa posición. Bátiz se inscribió para ser ministro de la Suprema Corte (donde no salió elegido en la tómbola) y De Gyves no aspiró a ningún puesto (sí lo hizo su esposo, Rafael Guerra, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, que también buscaba ser ministro). Sin embargo, tras una artimaña defendida por Gerardo Fernández Noroña, como presidente del Senado, se le dio a todos los consejeros (menos a Norma Piña, adversaria ideológica de Morena) un pase directo para contender como candidatos al Tribunal de Disciplina. De ahí los que eran cercanos al Gobierno salieron en los acordeones.

Tanto Bátiz, un jurista de 89 años, que fue procurador (fiscal) de justicia con López Obrador y llegó al Consejo por designación directa del expresidente, como De Gyves, quien se definió como “amlista de corazón”, ya habían terminado su cargo en la judicatura a final de 2024. Una disposición en la ley se los amplió hasta agosto de este año, justo cuando empezaron en su nuevo puesto en el Tribunal. Ahí se quedarán los próximos seis años.

Defensa y evaluación de los trabajadores

En este mes y medio se ha difundido múltiples casos de juzgadores electos que desde su nueva posición han pedido la renuncia a todos los cargos técnicos que trabajaban ahí o que para tratar de ponerse al día han obligado a doblar turnos y trabajar días libres. Eso está sucediendo tanto en la Suprema Corte de Justicia como en otros tribunales federales. “El Órgano de Administración Judicial tiene un sistema de horarios laborales, por lo que el Tribunal de Disciplina de oficio podría solicitar investigar cómo se están dando las condiciones. Yo creo que es lo mínimo que podría hacer por la gente que se quedó, darle condiciones dignas”, apunta la jueza en retiro Marlen Ángeles: “De momento ya podría haber emitido algún pronunciamiento sobre cuáles son las obligaciones respecto a los derechos laborales, mínimo, conminar a la prudencia, a la moderación”. Ángeles también avisa que el poder judicial no funciona como el ámbito político: “Están acostumbrados en la administración pública, pero aquí hay bases. Es personal especializado, necesitan gente que estudie los asuntos”.

A final de septiembre, el pleno del Tribunal nombró al magistrado Juan Carlos Zamora como el titular del Órgano de Evaluación de Desempeño Judicial, el área que estará encargada de analizar el trabajo de los juzgadores electos. Este órgano debe evaluar a los 800 cargos federales nuevos al final del primer año. Además, deberá mantener las habituales inspecciones a los tribunales: “Antes el Consejo te mandaban visitas extraordinarias. Te tenían superauditado. Cada seis meses te revisaban con lupa”, recuerda Marlen Ángeles.

Otro tema que ha quedado pendiente para el Tribunal de Disciplina es qué ha sucedido con los procesos que ya se habían iniciado en el Consejo de la Judicatura. Según ha podido saber EL PAÍS, el órgano sí ha actualizado las comunicaciones para juzgadores que han sido críticos con la reforma judicial. Una fuente cercana al Tribunal concluye: “Lo que apunta es que el órgano va a tener una capacidad de investigación y sanción solo selectiva”.