Drones con explosivos y minas antipersona: la realidad criminal que se asienta en México

En el universo cambiante del crimen en México, los drones bombarderos y las minas antipersona se han asentado como parte de la cotidianidad, con ataques y explosiones que empiezan a ser habituales en diferentes regiones. En las últimas semanas, la detonación de dos minas antipersona en Michoacán y Tamaulipas, con al menos cuatro víctimas mortales, han iluminado un problema creciente. También el caso de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, donde criminales atacaron con explosivos lanzados desde drones a militares. El crimen avanza y perfecciona sus técnicas, innova. El Estado mira y reacciona, siempre cuando el problema ya afecta a la población.

Este lunes, Sergio Chávez, secretario de seguridad de Tamaulipas, estado del Golfo de México, fronterizo con Estados Unidos, ilustraba precisamente el paradigma, la reacción ante un problema consumado. El funcionario señalaba que las autoridades ubicaron alrededor de 40 minas en municipios fronterizos. Esto, luego de que una mina volara por los aires una camioneta, en un camino rural de San Fernando, algo al sur de la frontera. Antes, el Ejército ya había encontrado y detonado controladamente 15, en caminos fronterizos, según informó el diario Reforma, lo que convierte de repente al Estado en un foco rojo de esta modalidad criminal.

No es algo nuevo en el país. Desde hace años, Michoacán, en la costa del Pacífico central, ha visto cómo caminos y campos de las regiones de Tierra Caliente y Sierra Costa se llenaban de minas, una forma de afectarse entre las organizaciones criminales, pero también de limitar el actuar de las autoridades, particularmente del Ejército, cara y brazos del Estado en la lucha contra el crimen en regiones rurales. El fin de semana pasado, dos personas murieron en una comunidad de Buenavista Tomatlán, en Tierra Caliente, cuando activaron accidentalmente una mina, mientras laboraban en un campo de limoneros, según dijeron sus familiares.

También son habituales los drones explosivos en Michoacán, situación que se ha visto también en los últimos años en zonas de Guerrero y Chihuahua. Hace una semana, criminales atacaron precisamente mediante esta técnica a un contingente militar en Guadalupe y Calvo, en la sierra de Chihuahua, en el que iba el general a cargo de la 42ª Zona Militar, Jorge Alejandro Gutiérrez. El ataque dejó otros tres heridos y se produjo, aparentemente, sin que mediara un enfrentamiento. Los criminales solo dejaron caer el explosivo sobre el convoy, durante un patrullaje.

El uso de drones con explosivos se ha generalizado en poco tiempo. En septiembre de 2023, EL PAÍS constató ya su empleo en una zona serrana de Guerrero, estado vecino de Michoacán, donde dos grupos criminales se enfrentaban por el predominio en un puñado de pueblos y rutas campestres. El poblado de Nuevo Caracol, parte del municipio de Heliodoro Castillo, había sufrido el embate de uno de los grupos, que asumía que los vecinos protegían o incluso ayudaban al grupo contrario. Las bombas que lanzaban eran en realidad artefactos caseros, llenos de clavos y pedacería de metal, mortales en todo caso. Los drones eran como cualquiera que uno puede comprar por internet, alterados para el combate serrano.

Es difícil saber al detalle dónde, cómo, cuándo y cuánto han usado estos artefactos los grupos criminales. El Gobierno federal carece de una estadística pública. Lo mismo ocurre con los Ejecutivos estatales. Las autoridades informan sistemáticamente de las cifras de asesinatos, pero no dan detalles, más allá de si son voluntarios o involuntarios, o si se perpetraron con arma de fuego o arma blanca. Lo mismo ocurre con los delitos de lesiones. Así, la sociedad depende que salga un funcionario, como el jefe de policía de Tamaulipas, a informar sobre el asunto en cuestión, o a pedir la información vía ley de transparencia al Gobierno, aguardando, si tiene suerte, una respuesta positiva.

El uso de drones y minas, sobre todo los primeros, debe entenderse como parte del paradigma moderno criminal en el país, esta extraña guerra de guerrillas en que el objetivo es puramente económico, en un esquema difícil de definir, pero que bebe de un evidente nihilismo democrático. Hace tres años, después de que un grupo criminal soltara bombas con un dron en Tepalcatepec, Michoacán, Romain Le Cour, que realizó una investigación profunda sobre la violencia en el Estado, dijo a este diario: “Hay que imaginar un contexto de varones que tienen entre 15 y 30 años, hombres de rancho, ámbitos rurales que en su tarea de sicario se aburren, fuman porros, usan drogas, toman alcohol… el 95% de los días no pasa nada, hay un aburrimiento masculino muy universal. El dron se convierte en una herramienta divertida. Es eso, y después todo lo demás”.