Los jueces y abogados que participarán en la elección judicial: “El voto popular es otro método de entrar al puesto. Hay que adaptarnos”

Para muchos jueces mexicanos, la reforma judicial es una catástrofe en términos personales, pues implica perder un puesto duramente alcanzado a lo largo de años de esfuerzo académico en la carrera judicial. Pero todas las historias tienen al menos un reverso. Hay otros togados que ven en la enmienda un reto interesante, la oportunidad de abrir las puertas de los tribunales e ir al encuentro de la gent...

Para muchos jueces mexicanos, la reforma judicial es una catástrofe en términos personales, pues implica perder un puesto duramente alcanzado a lo largo de años de esfuerzo académico en la carrera judicial. Pero todas las historias tienen al menos un reverso. Hay otros togados que ven en la enmienda un reto interesante, la oportunidad de abrir las puertas de los tribunales e ir al encuentro de la gente; descender de la torre de marfil, ir a las plazas públicas a explicar que la judicatura es algo más que un laberinto burocrático. Un juez y una jueza federal explican a EL PAÍS que han decidido participar en la elección judicial para dar la pelea e intentar retener el trabajo de su vida. Un abogado litigante, que aspira a convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia, observa que no participar en el proceso es rendir los tribunales al oficialismo, y propone crear una asociación nacional que sirva a los jueces de plataforma para aprender a hacer política.

La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, llevará a México a elegir a todos sus jueces por voto directo en las urnas. El oficialismo obtuvo un apabullante respaldo popular a la enmienda haciendo campaña con la bandera de que los jueces son corruptos y privilegiados, y que han dado la espalda al “pueblo” para ponerse al servicio de los potentados y los narcotraficantes. La judicatura se renovará en dos elecciones, en 2025 y 2027. El próximo año irán a elección los cargos de 386 jueces federales y 464 magistrados de circuito. También serán elegidos nuevos ministros de la Suprema Corte y los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.

La enmienda, ya plasmada en el texto de la Constitución, estableció que los aspirantes a algún cargo judicial deben acreditar un mínimo de requisitos —carrera en Derecho, buen promedio académico, cartas de referencia de vecinos, un ensayo— y finalmente ser aprobados por un Comité de Evaluación. Este órgano técnico hará un listado con los perfiles más idóneos y los enviará al Congreso. Con esas listas se elaborarán las papeletas finales que los ciudadanos tacharán el día de los comicios. Los jueces que actualmente están en el cargo y que quieran participar en la elección tienen pase directo a la lista final. Es decir, no se someterán al proceso de cribado de los Comités de Evaluación. En los hechos, irán a la elección a defender su trinchera, a intentar ser ratificados por la voluntad popular. Los jueces que han decidido no ir a la elección tienen derecho a un retiro anticipado y al pago de una indemnización, cuyo monto aún no se ha establecido.

De jueces a políticos

El juez Francisco González Mendoza, de 47 años, afirma que tomará el beneficio del pase automático a las listas finales de candidatos y defenderá su continuidad en el juzgado en materia administrativa en el que despacha desde hace tres años en Ciudad de México. “Esto es una vocación. No estamos aquí por un cargo, por el poder o por el dinero. Este cargo no es nuestro. Y es un proyecto de vida. Entonces, yo quiero seguir haciendo lo que me gusta y para eso tengo que pasar por el tamiz de la elección. Por eso, he decidido acudir a la elección y someterme al voto popular”, expone en entrevista.

González, con 23 años en la carrera judicial, considera que presentarse a la elección, y eventualmente ganar, conferirá “legitimidad popular” a su trabajo. El argumento se alinea con uno de los postulados aducidos por el oficialismo para respaldar la reforma. López Obrador afirmaba que la elección garantizará la independencia de los jueces respecto de poderes fácticos, y que su labor se guiaría por la brújula del beneficio del pueblo. “Ser juez implica un servicio de cercanía con la gente. Es la experiencia que nosotros vamos a vivir en esta elección: saber decirle a la gente lo que hacemos, por qué lo hacemos y en beneficio de quiénes lo hacemos. Es una manera de que la gente conozca a los jueces”, señala González.

Por mucho que el juez esté dispuesto a acatar las nuevas reglas del juego, a contracorriente de sus colegas que se han rebelado, no se podría decir que González es cercano al oficialismo. Varias notas periodísticas refieren que, en marzo de este año, el juez ordenó al Gobierno de López Obrador no alterar el registro de personas desaparecidas. Fue una resolución dura en términos políticos, pues López Obrador, alarmado por el aumento de la cifra de desapariciones en su Administración, pretendía elaborar un nuevo registro, ayudado por los llamados servidores de la nación, los funcionarios encargados de visitar las casas a inscribir a las familias al padrón de beneficiarios de programas sociales. La oposición ha acusado a esos funcionarios de ser promotores encubiertos del voto morenista.

“Nosotros no resolvemos los asuntos con la finalidad de afectar, o no, a un gobierno”, aclara González. Cuestionado sobre cuál será su oferta electoral ante los votantes de su circuito judicial, refiere que ondeará la bandera de la independencia. “Quiero explicar de manera clara que nuestra función es proteger los derechos humanos de todos los gobernados, específicamente de las personas más vulnerables, de las personas que requieren una atención inmediata, a quien le falta su medicina, aquella persona que fue detenida legalmente. La justicia debe ser más empática con la población y un juez no debe estar siempre encerrado en su oficina”, explica.

El juez admite que el terreno político es desconocido para él, pero afirma que le entusiasma el reto. “No me parece imposible. Cuando llegan transformaciones o cambios tan radicales, tienes dos opciones: si no estás de acuerdo, te puedes hacer a un lado, o te puedes reinventar”, dice.

Adaptarse al cambio

La jueza Blanca Ochoa Hernández, de 47 años y que también es titular de un juzgado en materia administrativa en Ciudad de México, se oye tranquila al otro lado del teléfono. Señala que la elección popular “es otro método, otra vía, otra manera de acceder al puesto”. “Yo desde que llegué al Poder Judicial me enamoré, encontré mi vocación, y pretendo continuar con esta carrera. Es un nuevo método. Cuando yo entré al Poder Judicial no había examen para ser oficial, por ejemplo”, comparte. “[La elección] va a llevar al mismo resultado: quien imprima esfuerzo, quien se dé a conocer, resultará vencedor”, agrega.

Para muchos togados y litigantes, los requisitos establecidos en la Constitución para llegar a un tribunal, e incluso a la Suprema Corte, son muy laxos. El abogado constitucionalista Javier Martín Reyes critica que baste con comprobar un buen promedio en Derecho y presentar cartas de recomendación de vecinos y conocidos. “¿Por qué necesitas cartas de tus vecinos para ser ministro de la Corte? ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es la finalidad que se busca con esa norma? Perdón, yo no la encuentro. Y luego, son requisitos que es muy raro que estén en la Constitución. Sería mucho más lógico que estuvieran en una ley secundaria”, reflexiona.

La jueza Ochoa considera que su formación y sus aprendizajes a lo largo de 20 años en la carrera judicial le servirán de cara al electorado. “Esto no significa echar a la basura la carrera judicial. ¿Por qué? Porque nos presentamos ya con un currículo. Y yo considero que quizá lo que nos falta es la legitimación de la gente. Que la gente nos conozca, que sepa qué hacemos, que conozca nuestras capacidades, nuestros estudios”, sostiene.

Un temor en torno a la reforma judicial es que los jueces electos emitirán sentencias favorables al Gobierno, de Morena o de la mayoría popular. Ochoa señala, al contrario, que la elección no afecta de suyo la independencia judicial. “Los asuntos que tenemos hasta ahora siempre son contra la autoridad. Y siempre ha existido ese riesgo de presión política. Entonces no veo nada oculto bajo el sol. Esto es un método distinto. ¿No va a ser el mejor? No lo sé. Todo es perfectible. Y no tendría por qué afectar la imparcialidad”, refiere. La jueza hace un llamado a sus colegas a que participen en la elección. “Qué mejor que seamos nosotros, que ya desempeñamos esta noble función, y nada más necesitamos la legitimación del pueblo. Me encantaría que mis compañeros se animen, den el paso y se adapten”, afirma.

Una plataforma para los jueces

El abogado y político del PAN Roberto Gil Zuarth, de 47 años, ha anunciado su aspiración a convertirse en ministro del Supremo. Fue funcionario en el Gobierno de Felipe Calderón y posteriormente senador. En 2018 fundó su propia firma de abogados, especializada en derecho público. Conoce el terreno de la política y el del litigio ante los tribunales. Gil señala que es comprensible la postura de los jueces que han decidido desertar del proceso electoral, pero, afirma, la única manera de contener los efectos negativos de la reforma es conquistar los puestos judiciales. “El dilema es que cada toga que quede colgada en una oficina será sustituida por un chaleco guinda, por personas que pretenden convertirse en los brazos judiciales de un movimiento político, que no van a dictar sentencia con base en la razón de la ley, sino con base en la consigna de quienes hoy gobiernan”, pondera.

Gil plantea que los jueces, magistrados y ministros que decidan participar en la elección judicial conformen una asociación nacional que les sirva de plataforma para dar proyección a sus propuestas y también para vigilar las elecciones y cuidar los votos. La reforma prohíbe a los postulantes recibir financiamiento público y privado, y establece que los partidos políticos deben quedar al margen de la contienda. Los aspirantes pueden asistir a debates y foros y utilizar sus redes sociales —aunque, en este último caso, no podrán pagar pautas publicitarias—. El Instituto Nacional Electoral (INE) les dará espacios en medios de comunicación con cargo al tiempo aire que pertenece al Estado.

“Es decir, la única manera que tengo yo de competir frente a los candidatos del régimen, que van a tener el apoyo de los servidores de la nación, es con mi propio patrimonio y convertirme prácticamente en un partido unipersonal”, observa Gil. “Todos estos problemas pueden ser enfrentados desde una agrupación política que nos ayude a encontrar soluciones. Es que si, además de todas las aduanas que hay que pasar, hacemos de estas elecciones una aventura quijotesca, vamos a tener simplemente una legitimación popular de unas listas hechas en Palacio Nacional”, refiere.

El político y abogado defiende la figura de la agrupación nacional, que “puede suplir lo que hoy no tiene cada juez o magistrado individualmente considerado”. Para Gil, no participar en la elección judicial es darle al oficialismo el triunfo por el abandono de una de las partes. “Las reglas injustas o inequitativas nosotros, en el pasado, encontrábamos la manera de hacerlas menos duras y eventualmente flexibilizarlas, o incluso derogarlas a través del triunfo de nuestro argumento”, cierra.