México tropieza de nuevo con el caso del empresario argentino Carlos Ahumada

La justicia mexicana ha vuelto a tropezar otra vez con una misma piedra llamada Carlos Ahumada Kurtz. El empresario argentino, buscado en México desde hace años, fue detenido la semana pasada en Panamá. Con un pedido de aprehensión vigente, las autoridades le retuvieron en el aeropuerto cuando intentaba viajar a Guatemala con un pasaporte mexicano vencido. Tras días de omisión de la Fiscalía mexicana, el país centroamericano lo devolvió a Paraguay y este a Argentina. México lleva ya varios intentos fallidos por presentarlo en los tribunales para que rinda cuentas. La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, ha admitido este jueves que ni la Fiscalía de Ciudad de México ni la Fiscalía General de la República “tenían materia para pedir una extradición” y que algunos de los delitos que se le acusan han prescrito ya. Sin embargo, y pese a la falta de frutos, la investigación contra él no ha cesado.

El empresario argentino, que llegó a codearse con las altas esferas de la izquierda mexicana a principio de siglo, llevaba varios años fuera del radar cuando en 2019 fue detenido en Buenos Aires. Con la información enviada por las autoridades mexicanas, la justicia argentina evaluó el pedido de extradición y, en un principio, lo descartó. Luego lo admitió, con nueva información en mano, pero Ahumada logró ampararse en su país de origen y consiguió que las acusaciones se enjuiciaran en Argentina, donde permanece en libertad. Desde entonces no se volvió a conocer mayores detalles de la causa judicial. Hasta el pasado viernes, cuando las autoridades panameñas detectaron a un pasajero que llevaba una orden de detención.

Panamá solicitó a México, tras la detención, que informaran “si mantenían interés en el mismo [Ahumada] para su extradición, sin embargo no se recibió respuesta”. Al cabo de 24 horas, y ante la inercia mexicana, lo devolvió a Paraguay, de donde venía su vuelo original. “Unidades de SNM [Servicio Nacional de Migración de Panamá] confirmaron, que dentro de la base de datos de la Secretaria General de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL en Lyon, Francia, el mismo mantiene notificación Roja y es requerido por las autoridades de México por delito de fraude genérico y fraude continuado”, señalaron en un comunicado. Una búsqueda realizada por este periódico entre aquellos que tienen fichas rojas de Interpol arrojó que el nombre de Ahumada no aparece en la lista actualmente.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado pocos detalles de los motivos por los que persigue a Ahumada. Supuestamente le acusaban de defraudar al fisco 1,4 millones de pesos, unos 63.000 dólares. Pero sobre esa causa judicial, el fiscal argentino Guillermo Marijuan, a cargo de la causa de extradición, explicó a EL PAÍS que la solicitud carecía de sustento porque “se lo estaba pidiendo por la no presentación de unas declaraciones juradas, y esta persona se presentó y hasta pagó una multa”. Según el expediente judicial enviado a Argentina, Ahumada demostró que el dinero por el cual se le reclamaba no correspondían a ganancias hechas en México, sino a movimientos entre cuentas propias. Solo le quedó por justificar 2.840 pesos, que junto a los recargos y una multa sumaban unos 5.500 pesos, unos 250 dólares. Además de esa causa, el empresario mantiene pendiente otra por una denuncia realizada por la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, quien le acusó de extorsión y fraude.

Ahumada recientemente logró en la justicia mexicana un amparo para evitar futuras detenciones. Por lo que al ser retenido en Panamá, dijo que aceptaba la extradición a México, sabiendo que eventualmente eso se caería. Así lo informó la FGR el pasado 10 de junio: “La Procuración General de la Nación Argentina ha informado a esta Institución que en su audiencia correspondiente a este día, dicha persona [Ahumada] manifestó ante las autoridades de ese país, que se allanaba a la solicitud de extradición correspondiente al delito del fuero común de fraude en la Ciudad de México; ya que obtuvo de un juez federal, aquí, una suspensión en amparo contra la orden de aprehensión correspondiente”.

El empresario argentino formó parte a inicios de los 2000 de un pequeño círculo que rodeaba a los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que entonces gobernaba el Distrito Federal y gran parte de las delegaciones que lo componían. Dueño del Grupo Quartz, una empresa constructora, llegó a tejer una extensa red de poder entre sus negocios y decenas de funcionarios. Por aquellos años recibió varios contratos de obra pública durante algunas administraciones del PRD en la capital, entre ellas el Gobierno de Rosario Robles. Hasta 2004, cuando se convirtió en enemigo de la izquierda mexicana al exponer unos videos en los que se le veía en su despacho pagar sobornos a operadores del partido.

El caso conocido como los videoescándalos ensució la carrera de varios colaboradores cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que entonces ocupaba la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Las consecuencias de aquella jugada le llevaron a pasar un período corto en prisión. En entrevista con este periódico en 2020, Ahumada reprochó el cerco judicial y aseguró que le estaba persiguiendo “por venganza y sin ninguna prueba jurídica”.

Rosa Icela Rodríguez no ha querido este jueves entrar en los detalles de las acusaciones que aún mantiene el argentino. “Cosas y detalles sobre el litigio, no los tiene el Gobierno federal”, dijo. “O sea, está aprehendido ilegalmente...”, sugirió una reportera. “No, yo no quiero entrar a fondo porque es la Fiscalía la que nos ha dado esa información”, respondió. Luego añadió: “No se puede aprender a esta persona porque tiene un amparo. También se especifica que en algunas otras causas, ya prescribieron, entonces, eso es lo que legalmente corresponde, y esa es la causa por la que no hay una orden de extradición. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República no tenían materia para pedir una extradición, porque estaban parado contra cualquier orden de reaprehensión”.

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