Ciudad de México desaloja el campamento migrante de la plaza Giordano Bruno ante las presiones vecinales

La plaza Giordano Bruno, en el corazón de la colonia Juárez de Ciudad de México, es desde hace años sede de un campamento irregular de migrantes haitianos que sobreviven allí por la cercanía con las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), donde tienen que tramitar los papeles para cruzar México legalmente en su camino hacia Estados Unidos. Los vecinos y las autoridades no los quieren ahí, la policía los echa, ellos vuelven a instalarse a pesar de las condiciones insalubres y así pasan los meses. El último encontronazo ha sucedido durante la noche del miércoles: el Instituto Nacional de Migración (INM) desalojó el asentamiento que, según el organismo, en estos momentos alojaba a 432 personas. Los agentes llegaron con una decena de autobuses dirigidos a otros Estados del país, como Tlaxcala, Hidalgo, Morelos o el Estado de México, respaldados por soldados de la Guardia Nacional y la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con el INM, 99 personas aceptaron ser atendidas por el organismo: siete fueron trasladadas a albergues en el Estado de México, 76 a Morelos, nueve fueron a las oficinas del INM de la capital y otras siete a un refugio en la ciudad, entre ellas tres menores de edad. La mayoría eran haitianos, pero también había gente de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. La mayoría “aceptaron recibir tarjeta de visitante por razones humanitarias”, que regulariza su estancia en el país durante un año, y el resto se retiraron “por su propio pie debido a que contaban con documentos migratorios”. En el campamento también había ciudadanos mexicanos. “Las personas extranjeras refirieron que pagaban una cuota a un dirigente territorial para tener un lugar en el campamento, que oscilaba entre los 200 y 600 pesos”, añade el organismo en un comunicado.

El último capítulo de la conflictiva relación entre las autoridades de la ciudad y el campamento de haitianos ha estado marcado por la presión de un grupo de vecinos de la Juárez. Agrupados bajo el nombre La calle no es albergue, nueve personas se han movilizado mediante cartas y protestas para desalojar el asentamiento. Argumentan que en la Giordano Bruno habitaban alrededor de 300 familias, con “niños, señoras embarazadas, adultos mayores, pero es simplemente una plaza, no tiene infraestructura sanitaria, ni de agua, ni está techada, eran unas condiciones muy lamentables porque el agua la tenían que tomar de una fuente, pero no era potable”, defiende Patricia Vivar, parte de la asociación.

El desalojo del campamento forma parte de la estrategia del INM “para disuadir campamentos o caravanas”, sostiene Eunice Rendón, coordinadora de la coalición de oenegés Agenda Migrante. La experta, que conoce el asentamiento de la Giordano Bruno de primera mano después de haber trabajado con sus habitantes, señala que después de tanto tiempo se han generado “algunas dinámicas”. “Por ejemplo”, ilustra, “algunos [migrantes] que se van dejaron sus casitas y colchones y los van rentando a los que siguen. La organización es difícil porque es población cambiante y no necesariamente se conocen, no hay un liderazgo al que todos hagan caso ni con quien hacer acuerdos que todos cumplan. El abandono y la falta de capacidad del Gobierno de Ciudad de México también influye porque solo van a visitar, pero no jugaron ningún papel de mediador y de orden para que no se generan estas dinámicas”.

Otro de los reclamos de los vecinos es que “la plaza es uno de los únicos dos lugares de la colonia para que las familias puedan pasar la tarde, pasear sus perros, los niños puedan jugar… y nos quedamos sin ese espacio. En el otro, el jardín Jesús Reyes Heroles, la alcaldía cuando estaba dirigida por Sandra Cuevas puso la Casa del Migrante [un refugio], entonces nos quedamos sin espacios públicos donde poder pasar tiempo”, abunda Vivar. También dice que algunos negocios tuvieron que cerrar porque la presencia del campamento ahuyentaba a los clientes.

El martes, el día antes del desalojo, el grupo de vecinos se reunió con el jefe del INM, Francisco Garduño, imputado como responsable del incendio en una cárcel para migrantes del organismo en el que murieron 40 personas el 27 de marzo de 2023. El encuentro fue el detonante definitivo para la expulsión de los migrantes, tras meses de “muchos oficios y citas con dirigentes y personal de Gobierno”, en palabras de Vivar. La mujer señala que antes la alcaldía de la Cuauhtémoc, dirigida por Raúl Ortega, ya les había atendido con patrullas de policía y servicios de limpieza, aunque Vivar reconoce que “no se presentaron graves conflictos de inseguridad”. “Pensamos que el campamento va a volver eventualmente, pero ahora ya sabemos de qué manera se puede manejar para que las personas no estén tan vulnerables viviendo en la calle”, añade.

Rendón, que ha colaborado con el INM en la reforma de su modelo tras la tragedia de Ciudad Juárez, amplía el foco: “Los vecinos de la zona han estado enviando muchas cartas, comunicados y pidiendo citas con las autoridades. Han presionado al Gobierno local y federal para que los movieran. Se organizaron y armaron su frente común. Creo que el hecho de que ya pasaron las elecciones [el 2 de junio] también cuenta, para no generar revuelo antes. El contexto no está fácil. La Comar, también por presiones, decidió cambiar su dirección a [la colonia] Anzures y los vecinos se manifestaron antes de que pasara, así que se canceló el plan y dejaron desatendidos a muchos migrantes y sus solicitudes”.

“También las presiones estadounidenses creo que son parte del problema: desde diciembre que vino una delegación de alto nivel de Estados Unidos presionaron más a México para que detuviera migrantes y redujeran los flujos en la frontera norte. Eso hizo que el Gobierno de México dejara de dar las tarjetas de tránsito humanitario, y eso a su vez ocasionó más migrantes en campamentos en la capital”, continúa Rendón. Esta semana, el presidente estadounidense, Joe Biden, blindó la frontera sur y restringió el asilo con una orden ejecutiva que permite el cierre fronterizo cuando los cruces irregulares rebasen los 2.500 encuentros diarios a lo largo de una semana. En mayo, las entradas por día alcanzaron una media de 3.800.

Para Rendón, el problema es mayor que simplemente el campamento, y responde a las carencias del sistema de acogida mexicano respecto a las decenas de miles de migrantes que cruzan su territorio cada mes. “Más allá de las formas del INM, creo que sí es importante hacer un llamado a tomar una postura y poner en marcha una política de tránsito y de refugio distinta y más organizada. Sobre todo para la que se viene por Claudia Sheinbaum. No es un tema fácil, pero se tiene que considerar. En Nueva York rentaron hoteles completos, en Europa han hecho villas. El chiste es que la gente no puede estar así nomás”. Y una frase que resume todas las demás: “La realidad es que hay 250.000 personas tratando diariamente de obtener citas y dan 1500″.

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