Ivanna y la lucha de las personas trans en Guanajuato por tener un INE con su nombre

Ivanna y Kassandra son dos mujeres trans que viven en Guanajuato y que luchan por ser reconocidas legalmente en uno de los Estados más conservadores y más violentos de México. Su historia pone cara a las personas que como ellas viven algún tipo de discriminación por la discrepancia que existe entre su...

Ivanna y Kassandra son dos mujeres trans que viven en Guanajuato y que luchan por ser reconocidas legalmente en uno de los Estados más conservadores y más violentos de México. Su historia pone cara a las personas que como ellas viven algún tipo de discriminación por la discrepancia que existe entre sus documentos oficiales y su identidad de género. Desde la universidad, hasta el acceso a la salud, pasando por su lugar de trabajo, el banco e incluso por el derecho de votar en las próximas elecciones. Con motivo del Día de la Visibilidad Trans, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha publicado Las llaves de mi libertad, un documental sobre las trabas legales que enfrentan las personas trans en México.

Ivanna cuenta sobre los problemas que tuvo en la universidad por no tener documentos que reflejaban su identidad de género, “quería mi título con mi nombre, por eso busqué el cambio en mi acta de nacimiento”, explica. Kassandra, por su lado, habla sobre la discriminación que sufrió a la hora de buscar trabajo. “Hasta la fecha ha sido difícil colocarme laboralmente porque ven mis papeles y me ha tocado que se han burlado o me han insultado”, agrega. “Prefería trabajos informales, me refiero de freelance, para no tener que mostrar o explicar que soy una persona trans”, cuenta un chico trans en el documental.

Cada uno de los 32 Estados que hay en México tiene capacidad para determinar sus propias leyes y políticas en cuestiones civiles, como por ejemplo, la expedición de actas de nacimiento, un requisito indispensable para que alguien pueda solicitar algún cambio en su identificación oficial. 21 Estados ya permiten este cambio, entre ellos Ciudad de México, Michoacán, Baja California y Jalisco. “La falta de los documentos oficiales con los prejuicios que siguen existiendo en la sociedad vulnera los derechos de las personas trans”, señala Cristian González Cabrera, investigador sénior de Human Rights Watch.

En 2022, HRW la publicó un informe en colaboración con la organización Amicus DH por los derechos de las personas LGBT+, donde documentaron la discriminación que viven 30 personas trans en varias ciudades de Guanajuato, entre ellas León, Guanajuato, Irapuato y Celaya. En muchas ocasiones solo son los grupos de la sociedad civil los que documentan, acompañan, asesoran y dan seguimiento a los casos; incluidos los de transfeminicidios y crímenes de odio. “La situación de Guanajuato se produce en un contexto más amplio de violencia que ha llevado a México a ser uno de los países más violentos de Latinoamérica para las personas trans”, comenta González Cabrera.

Esa falta de reconocimiento no solo les afecta en vida, también si llegan a ser víctimas de un delito de odio. “Si el Estado no reconoce administrativamente que existe la población trans, tampoco se puede clasificar la violencia que se ejerce contra estas personas”, agrega el especialista.

Eso ha provocado que las fiscalías no clasifiquen correctamente los delitos de odio, lo que da como resultado cifras limitadas y que no retratan la realidad. “Solo dependemos de las organizaciones de la sociedad civil para identificar los transfeminicidios; en los primeros meses de 2024 registraron tres asesinatos de mujeres trans”, agrega González. Varios Estados han propuesto iniciativas en los congresos locales para incluir el transfeminicidio dentro de sus códigos penales, entre ellos la Ciudad de México.

Desde 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que una persona trans en todo el país puede rectificar su nombre y género legal en su acta de nacimiento mediante un procedimiento administrativo sencillo. Pese a todo, varios Estados todavía no han cambiado su legislación. Entre ellos, Guanajuato. “Los estándares de derechos humanos internacionales dicen que debería ser un proceso sencillo y económico para que sea accesible”, señala el investigador.

En los Estados en los que se obliga a los ciudadanos a tramitar un juicio de amparo para rectificar los datos del acta de nacimiento, González Cabrera denuncia que llevar meses o incluso años. Sin embargo, cuando una persona modifica su acta de nacimiento en otro Estado, su acta de nacimiento primigenia no se sustituye automáticamente y podría provocar futuros problemas administrativos.

“[Pasé] por cuatro juicios de amparo que fueron rechazados y solo me quedó migrar a Ciudad de México, hacer el cambio y regresar con mi nueva acta y mi nuevo INE (...) La primera vez que vi mi nombre como Ivanna Tovar, sentí la llave de mi libertad”, dice la protagonista en el documental que podrá verse a partir de este 1 de abril.

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