Alejandro Celorio, el abogado que lidera el litigio contra las armas en EE UU: “La industria armamentista tiene sangre en las manos”

México se acaba de apuntar una victoria legal sin precedentes. En una decisión histórica, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito dio la razón a la representación mexicana y afirmó que sí tiene argumentos suficientes para demandar a los gigantes de la industria armamentista en Estados Unidos, después de que un ...

México se acaba de apuntar una victoria legal sin precedentes. En una decisión histórica, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito dio la razón a la representación mexicana y afirmó que sí tiene argumentos suficientes para demandar a los gigantes de la industria armamentista en Estados Unidos, después de que un tribunal de Boston desechara la demanda en primera instancia en octubre de 2022.

El país latinoamericano reclama que algunos de los nombres propios más importantes de la industria armamentista se han beneficiado durante años del tráfico ilegal de armas, un monstruo que se alimenta de prácticas comerciales negligentes y del hambre insaciable de los carteles de la droga por aumentar su poder de fuego. México estima que el daño asciende a 15.000 millones de dólares. Los fabricantes sostienen que tienen inmunidad y que un estatuto promovido en el Gobierno de George W. Bush —la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA)— los blinda ante cualquier reclamo que llegue a los tribunales.

Alejandro Celorio, el hombre que coordina la estrategia legal de México en el litigio, habla de la importancia del fallo emitido esta semana, que tumba por primera vez el argumento de la inmunidad de las armerías, y de las batallas que siguen en el frente legal. “La industria armamentista tiene sangre en las manos”, afirma el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Saben que sus productos están en nuestro país y no han hecho nada remediarlo ni prevenirlo”, agrega en entrevista con EL PAÍS.

Pregunta. ¿Qué implica este fallo para México?

Respuesta. La primera implicación jurídica es que superamos por primera vez esta ley de inmunidades. No estoy seguro, pero creo que no hay un precedente de un fallo como este en una corte de apelaciones. Es histórico. Estamos hablando de un gobierno extranjero. Y superamos este obstáculo gracias a una excepción que establece, en términos básicos, que México tendrá oportunidad de probar que las empresas demandadas ayudan e instigan el tráfico de armas. Eso es mayúsculo, porque significa que otros países seguramente podrán analizar si esta decisión de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito les da una ventana para demandar, como Jamaica, Canadá u otros países que sufren de lo mismo.

La implicación más directa y concreta es que va a avanzar nuestro litigio. No sólo tendremos oportunidad de presentar nuestras pruebas, vamos a poder pedirles a las empresas demandadas que nos compartan sus evidencias. En otro caso contra las tabacaleras, por ejemplo, se obtuvieron los correos electrónicos de los directivos que, sabiendo que causaban un daño a la salud, seguían insistiendo en mostrar el consumo de tabaco como algo de moda. Ese es el tipo de información que vamos a obtener en el litigio. Puede ser una mina de oro.

P. ¿Por qué se le dio la razón a México?

R. El juez de primera instancia dijo, en términos generales, que por más simpatía que sentía por la causa de México, tenía que rechazar la demanda porque hay una ley de inmunidades que prohíbe iniciar el juicio. El problema era PLCAA. No era una cuestión de si México podía demandar o si el foro era conveniente. Cuando nosotros presentamos nuestro escrito de apelación, no hablamos de otra cosa, más que de PLCAA y por qué no es aplicable. Señalamos que no tiene efectos extraterritoriales, que hay una violación directa a la prohibición de exportación de ametralladoras y que las empresas demandadas violan leyes estatales y federales.

La Corte de Apelaciones retomó toda esa información y cuando las partes presentamos nuestros argumentos, el pasado 28 de agosto, los tres jueces cuestionaron a los representantes de las armerías, entre ellos uno de los abogados del entonces presidente Donald Trump, cuánto sabían de las ventas directas, de cómo funciona su comercio, quiénes les compran y adónde llegan las armas. Esa audiencia fue determinante. Nosotros hicimos nuestro trabajo al presentar el caso, pero creo que pesó más el interés de los jueces en rascarle un poquito y la incapacidad de las empresas demandadas de desvincularse. Ellos decían que participan muchas personas en la cadena de producción y de daño en México. Y lo que les contestaron los jueces es que eso, en materia de daños civiles, no tiene nada que ver. No importa si participa uno o miles, mientras haya un nexo de causalidad, hay responsabilidad.

Tiene mucha trascendencia porque México ha sentado un precedente. Cuando haya otros casos de personas o empresas que quieran desvincularse de su responsabilidad civil, bajo el argumento de que alguien más intervino o un grupo criminal intervino, no van a poder hacerlo tan fácil. Si tú hiciste algo negligente, entonces eres responsable. Por eso, esto es tan histórico y demoró tanto tiempo. Supuso un análisis muy complejo.

P. ¿Cuáles son las batallas legales que vienen?

R. Es posible que las empresas demandadas soliciten una revisión a la corte de apelaciones. Eso implica que todos los jueces del Primer Circuito revisen la decisión de los tres jueces que vieron nuestro caso y decidan si dejan firme la decisión o la revierten. Ese es un primer obstáculo.

Un segundo escenario es que las demandadas recurran a la Suprema Corte de Estados Unidos. Tienen 90 días para hacerlo. Es importante destacar que la Suprema Corte no toma todos los casos y no es seguro que lo atraiga. El Gobierno de México está preparado para ese escenario.

Cuando la decisión de la corte de apelaciones quede firme, el caso regresaría a la corte de Boston. Pero esperamos muchas reacciones de las demandadas, van a meter más recursos. Va a ser un proceso largo, una carrera de desgaste. Este es apenas el primer round.

P. ¿Ha notado cambios en las prácticas de las armerías a partir del caso o siguen siendo un eslabón crucial en esta cadena de violencia?

R. No han cambiado nada. Lo que sí ha cambiado es el Gobierno de Estados Unidos. Vemos más acciones de EE UU para detener y prevenir el tráfico de armas. En 2022 se aprobó por primera vez una ley para sancionar el tráfico de armas. Antes no era un delito. Entonces, sí ha habido cambios, quizá sean coincidencias afortunadas, pero me parece que mucho tiene que ver con el esfuerzo de México en este litigio y en otros foros.

P. ¿Usted diría que la industria armamentista de Estados Unidos tiene sangre en sus manos?

R. Sin duda. Tienen sangre en sus manos. No directamente, porque no los podemos acusar sin evidencia de que estén coludidos con el crimen organizado. Por eso, esta demanda civil es por negligencia. Están comerciando con un producto diseñado para matar, herir y destruir. Saben que sus productos están en México y no han hecho nada para remediarlo ni para prevenirlo. Hay unos principios de derechos humanos y empresas, que hablan del deber de las empresas de evaluar el riesgo y mitigarlo. Ellos saben bien la violencia que estamos sufriendo.

P. ¿Qué va a exigir México a las armerías en caso de ganar?

R. Tres cosas. La primera es que cesen de inmediato sus prácticas comerciales negligentes: que dejen de vender a prestanombres, que realicen los cambios necesarios para evitar que se facilite el tráfico. Lo segundo son medidas de corto y mediano plazo, como cambios en sus decisiones de distribución, que se autodisciplen, que monitoreen quiénes están vendiendo sus productos y a quiénes. El tercer punto es, como en toda demanda civil por daños, solicitar una compensación. Habrá una etapa en el juicio de cuantificación del daño. Nosotros estimamos que el Gobierno de México ha sufrido un daño que ascendería a 15.000 millones de dólares. ¿Por qué tanto? Porque hay estudios que hablan de que México invierte entre el 5% y el 20% del PIB para responder a la violencia. México no sufriría de violencia armada si tuviéramos menos armas y estas armas provienen del tráfico ilícito facilitado por la negligencia de estas empresas.

P. Alicia Bárcena llegó el año pasado como secretaria de Relaciones Exteriores. ¿Qué ha cambiado con la nueva canciller?

R. La estrategia legal sigue en sus mismos términos. Ella ha imprimido un sentido adicional a lo que estamos haciendo. Ella habla de una política exterior consistente, congruente, de la tradición de México en temas de desarme y contra el tráfico de armas. Nos ha pedido explicar mejor de qué se trata el caso, acercar el litigio a la gente y decirles por qué es importante. También nos ha ayudado a llevar el caso a otros foros. Bajo su gestión, se presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso nos ayudó mucho. La próxima semana hay otro foro en Inglaterra sobre comercio de armas. Nos ha pedido que llevemos lo que estamos haciendo a más lugares. Su llegada fue una adición positiva a lo que ya se estaba haciendo.

P. Es el último año del sexenio y hay elecciones en junio. ¿Le preocupa que eso pueda afectar la continuidad de la demanda?

R. No me preocupa. En términos de presupuesto, estamos cubiertos para este año y solicitaremos los recursos para 2025. Esto debe continuar. La sugerencia a la siguiente Administración será que México no se baje de este esfuerzo. Sería claudicar, pero será decisión del próximo Gobierno.

En cuanto a los cambios que pueda haber en la Cancillería, nosotros somos reemplazables. Si me piden mi puesto, se lo dejaré a alguien más que lo haga igual o mejor que yo. Este es un esfuerzo del Estado mexicano. Y va a demorar porque seguramente esto va a tardar dos o tres Administraciones hasta tener una sentencia firme y una compensación de daños.

P. ¿Las elecciones en Estados Unidos y un potencial regreso de Trump a la presidencia pueden influir en el caso?

R. Espero que no. Las decisiones judiciales se toman con base en la ley, pero al final los jueces y las jueces son seres humanos. Hemos sido muy insistentes y cuidadosos en aclarar que esta no es una demanda contra la Segunda Enmienda [el derecho a portar armas en Estados Unidos]. Eventualmente, la campaña del precandidato Trump, si es candidato, seguramente va a sacar un hashtag diciendo México quiere nuestras armas y el asunto se va a politizar. Está bien. Es su juego, no hay cuidado. Ya lo tenemos presupuestado.

Si llega a haber un señalamiento sobre lo que estamos haciendo, lo que diremos es que estamos recurriendo a tus cortes, en tu idioma y bajo tus reglas, y que la corte de apelaciones dijo que sí podemos demandar. Cada vez que alguien señale que México quiere quitarle las armas a los estadounidenses, nosotros les responderemos que se las queremos quitar a los carteles, que están empoderados y que trafican con fentanilo y otras sustancias. Y les diremos que, en lugar de quejarse, deberían ayudarnos.

Los ciudadanos estadounidenses se tienen que dar cuenta de que estamos peleando por lo mismo. Nosotros no nos metemos con su derecho a portar armas, lo que queremos es que los criminales no lo hagan. Incluso, la Asociación Nacional del Rifle y otros tendrían que respaldarnos. No lo hacen por cuestiones de lucro y demás. Pero la narrativa la tiene ganada México.

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