“El Ejército mexicano ve a las feministas como enemigas del Estado”

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La primera vez que Arussi Unda, integrante del colectivo feminista Las Brujas del Mar se dio cuenta de que algo raro estaba pasando con su teléfono era 2020 y desde redes sociales su grupo estaba impulsando un paro nacional de mujeres para el 9 de marzo. Aquella huelga de cuidados fue convocada justo después de la ...

Esta es la versión web de Americanas, el newsletter de EL PAÍS América que aborda noticias e ideas con perspectiva de género. Si quieren suscribirse, pueden hacerlo en este enlace.

La primera vez que Arussi Unda, integrante del colectivo feminista Las Brujas del Mar se dio cuenta de que algo raro estaba pasando con su teléfono era 2020 y desde redes sociales su grupo estaba impulsando un paro nacional de mujeres para el 9 de marzo. Aquella huelga de cuidados fue convocada justo después de la multitudinaria marcha del 8M en Ciudad de México y tuvo un alto seguimiento.

Dos años después, el colectivo de Unda ha aparecido en unos documentos internos del Ejército mexicano que fueron filtrados por el grupo de piratas informáticos Guacamaya, dejando al descubierto millones de comunicaciones que revelan cómo varios grupos son vigilados por los militares, entre ellos, los colectivos feministas. En una presentación de agosto de 2022 se menciona por nombre a Rosas violentas (Del CCH oriente), Bloque negro, Histeras, Colectivo Más Mujeres Coordinadora 8M, Colectivo Lucía Saornil (COLSA), Colectiva Ácrata Feminista (CAF). Colectivo Feminista de Economía del I.P.N., Colectiva Aquelarre Feminista, Resistencia Queer, Cueva de Bruias, Colectiva y encapuchadas P-8, Las Brujas del Mar, Colectiva SISI y Marea Negra.

En el seguimiento que realiza el Ejército destacan varios informes de inteligencia a los que tuvo acceso este diario y que tratan de explicar la situación política, social y militar del país. En ellos se identifica a varios actores subversivos, potenciales enemigos. Junto a las feministas también aparecen carteles de la droga, sindicalistas, defensores del territorio o grupos zapatistas del EZLN, como contaba en esta información Jacobo García.

En un país como México donde pareciera que las prioridades de seguridad son otras, ¿por qué los militares se dedicarían a vigilar las manifestaciones feministas que exigen el alto de la violencia contra las mujeres y el derecho al aborto? “El Ejército mexicano ve a las feministas como enemigas del Estado”, responde Arussi Unda.

La explicación que da la institución castrense es que los principales grupos que comenzaron las protestas “han incrementado sus movilizaciones y cada vez se han tornado más violentas, transformando sus formas de presión, siendo los colectivos anarquistas los más violentos causando daños a inmuebles, monumentos, vías de comunicación y contra policías y transeúntes”, puede leerse en el documento del 8 de agosto de este año. Junto a esas advertencias también se menciona el aumento de los índices de violencia machista en la capital. En el documento también se señala la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por mujeres del bloque negro y madres de víctimas; las protestas por el asesinato de la niña Fátima y las manifestaciones desatadas tras conocerse la presunta violación de una adolescente a manos de policías de la alcaldía Azcapotzalco.

En otro documento, fechado el 6 de marzo de 2022 en el campo militar número 12, correspondiente a San Luis Potosí, se repite el interés de seguir de cerca las manifestaciones por el Día de la Mujer. En el informe se describe con todo detalle quiénes son las dirigentes de los grupos que se movilizaron esos días en el Estado, que su poder de convocatoria es de unas 5.000 personas y que “emplean el uso de redes sociales para movilizarse (Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Signal)”. En él también se explica cuáles son sus demandas, cuál es el número de cuenta bancaria con la que un grupo de Ciudad Valles recibe donativos y quién es su titular. En el extenso informe de inteligencia también se hace mención a las pintas y los daños en edificios públicos. “Se realizan en lugares en los cuales se tienen antecedentes de violencia en contra de las mujeres o ineficacia de actuación en casos de violencia de género por parte de dichas autoridades”, lo que hace palpable que la Sedena es consciente de la violencia institucional que sufren las mujeres cuando tratan de alcanzar la justicia en el país.

Patricia dice que prefiere no decir su verdadero nombre porque tiene miedo a mayores represalias. Su cara, su nombre, su foto y hasta el número de carpeta que tiene abierta en la Fiscalía de Ciudad de México aparecen en la ficha que el Ejército tiene de ella y que ahora es pública. “[Este seguimiento] es una forma de criminalizar la protesta y acallar al movimiento feminista”, afirma.

Según lo que narra Patricia, y siempre de acuerdo a su relato, las autoridades tomaron una fotografía de su perfil de Facebook del año 2018 y la utilizaron para decir que había sido identificada en una manifestación de 2020 en la que hubo disturbios. “Eso significa que la Fiscalía de Ciudad de México violó mi derecho a la presunción de inocencia y compartió mi carpeta con el Ejército. Claro que tengo mucho miedo de lo que pueda sucederme”, dice la joven y añade: “Supongo que para el Gobierno Federal no debe ser bonito que las mujeres les digan que nos dejen de matar”.

Ese seguimiento exhaustivo de los últimos años a las feministas coincide con los choques que existen desde Palacio Nacional con el movimiento. El presidente López Obrador ha llegado a insinuar en varias ocasiones que el movimiento feminista mexicano es un movimiento opositor a su Gobierno, ha asegurado que las feministas quieren “afectar” a su Administración y las ha tachado de “conservadoras”. Los documentos de Sedena denotan un cierto temor por lo que pueda lograr el movimiento. “Son las protestas más grandes que ha habido en el país y es una lucha que al presidente no le es tan fácil de desarmar porque sabe que pese a ser compleja, es justa”, dice la abogada feminista Paola Zavala. “Exigir que no nos maten, que no nos violen es una lucha legítima”, apunta Patricia.

En el informe de San Luis Potosí puede leerse que la “prospectiva a mediano plazo” es que los colectivos feministas “sean utilizados para afectar la imagen del Gobierno Federal, por encontrarse próxima a realizarse la jornada electoral para la revocación de mandato del Presidente de la República, o en su caso algún actor político aproveche la coyuntura para mostrar su apoyo a estos colectivos, en beneficio de sus aspiraciones políticas, como es el caso de Marvely Constanzo Rangel, quien en su campaña para Gobernadora del Estado usó como bandera electoral la protección a los derechos de la mujer para decidir por su cuerpo, participando el 1 de abril de 2021 en una marcha feminista y actualmente aspira ser la Coordinadora Estatal del partido político Movimiento Ciudadano”. Finalmente quien ganó las elecciones, en junio de este año, fue la coalición del Partido Verde, Morena y el PT, con Ricardo Gallardo a la cabeza.

Aunque no existen pruebas de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esté detrás de lo que le sucedió a Arussi Unda, la activista veracruzana está convencida de que fue espiada por el Estado después del ruido que generó el paro de mujeres. “Creo que lo vieron como una amenaza porque fue una acción de desobediencia civil pacífica que convocó a más del 80% de mujeres del país y les dio miedo que pudiéramos desestabilizar a través de las legítimas exigencias del movimiento de mujeres al país completo”, comenta. Recuerda que en 2020 recibió una avalancha de ataques. “Entre febrero y marzo nada más faltó que hubiera gente buscando en mi basura. A mi exnovio le llegaron llamadas y mensajes pidiéndole información comprometedora de mi e imágenes mías desnuda para poder destruirme”, añade.

Que el Ejército tenga cada vez más poder en el país preocupa a las feministas porque, dicen, las pone en la mira de futuros ataques. “Conocer que el Ejército está espiando a las feministas inhibe la protesta, te da miedo lo que pueda pasar y la gente deja de salir a las calles”, reflexiona Paola Zavala. “Los militares en la historia de México han participado en violaciones a derechos humanos, ahí está Ayotzinapa, el 68... y nadie les ha juzgado por ello”, dice Patricia con temor.

“Eso es el militarismo. La sola idea hace que la gente se calle y genera una conducta social distinta, mucho menos libre”, agrega Zavala.

Estos son nuestros artículos recomendados de la semana:

Y para despedirnos, una sugerencia:

📚 Un libro. Vírgenes, esposas, amantes y putas, de Amarna Miller.

Por Sally Palomino.

Es el testimonio de vida de una extrabajadora sexual que ahora, a sus 31 años, es activista por los derechos de las mujeres, pero también es el relato de un camino nada fácil para deconstruir comportamientos tóxicos en las relaciones de pareja, de amistad o consigo misma. Miller, que suma miles de seguidores en sus redes sociales (también es influencer) aborda en un ensayo sencillo, basado en su propia experiencia, qué significa ser mujer en el mundo. El libro está dividido en temáticas: el maltrato, la violencia sexual, la feminidad, el deseo y, por supuesto, el trabajo sexual, un tema que aborda desde lo que vivió y acerca a las lectoras, con toda la vulnerabilidad, a una realidad poco contada. ¿Cómo se decide empezar a hacer cine para adultos?, ¿qué se vive detrás de cámaras, con equipos en su mayoría hombres?

El libro, que ya va por su quinta edición, está lleno de preguntas sobre lo que nos atraviesa a todas, pero no busca dar una sola respuesta. Es una historia personal que intenta fortalecer el debate sobre cómo ser mujer condiciona la manera como nos relacionamos con los hombres y con nosotras mismas.

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