Vulcan contra el Estado mexicano: la disputa legal por una cantera que va más allá del daño ambiental

Una minera estadounidense ha sustituido a la española Iberdrola como blanco favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vulcan Materials, propietaria de una cantera de caliza en la selva de Quintana Roo, mantiene desde hace años un conflicto legal con el Gobierno mexicano, al que reclama 1.500 millones de dólares ante un panel de arbitraje. La disputa ha escalado en los últimos meses. El presidente ha acusado a la e...

Una minera estadounidense ha sustituido a la española Iberdrola como blanco favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vulcan Materials, propietaria de una cantera de caliza en la selva de Quintana Roo, mantiene desde hace años un conflicto legal con el Gobierno mexicano, al que reclama 1.500 millones de dólares ante un panel de arbitraje. La disputa ha escalado en los últimos meses. El presidente ha acusado a la empresa de provocar una “catástrofe ecológica” y ha ordenado detener las operaciones. Más allá de esta preocupación ambiental, López Obrador ha utilizado el caso para atacar continuamente a los activistas que se oponen al polémico Tren Maya. El conflicto, por el momento, no tiene visos de resolverse.

Vulcan ha estado presente en México desde 1986, cuando firmó un acuerdo con el Gobierno federal para extraer roca caliza de dos terrenos cerca de Playa del Carmen, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano. El acuerdo incluía la construcción de un puerto para exportar el material a EE UU, donde Vulcan es el mayor productor de material de construcción con 1.400 millones de dólares en ganancias el último año. En 1996, la empresa compró, a través de su subsidiaria Calica, otros dos terrenos colindantes, El Corchalito y La Adelita, con una superficie de 1.251 hectáreas.

Pese a afirmar tener las autorizaciones medioambientales en regla, en la actualidad la cantera de Vulcan está paralizada. En 2009, las autoridades locales y municipales cambiaron el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de La Adelita para prohibir las actividades de extracción en el mismo. En cuanto al predio de El Corchalito, en 2017 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó paralizar las actividades al considerar que la extracción era mayor a la autorizada.

La suspensión de las actividades motivó la presentación en 2018 de una demanda de arbitraje bajo el TLCAN. La empresa acusó a México de incumplir las obligaciones recogidas en el tratado comercial sobre un trato “justo y equitativo” para la inversión privada. Según Vulcan, la negativa del Estado de Quintana Roo y del municipio de modificar el POEL para permitir la extracción en La Adelita, así como la suspensión de El Corchalito decretada por la Profepa eran “arbitrarias y contrarias al debido proceso”. De mantenerse, equivaldrían a una “expropiación indirecta”.

El proceso de arbitraje está lejos de terminar. La defensa legal de Vulcan estima que el panel tomará una decisión dentro de seis meses en el escenario más optimista. Sin embargo, para sorpresa de la empresa, el presidente López Obrador mencionó el caso a finales de enero por primera vez, y destacó el daño ambiental provocado. “Estamos hablando de una de las regiones más bellas del mundo. Resulta que le dieron a esa empresa dos concesiones hace tiempo, 20 años, para extraer material y llevarse el material a Estados Unidos por barco”, declaró.

Desde entonces, el tema ha salido a relucir en al menos cinco conferencias matutinas del mandatario. Esta insistencia coincide con las críticas de los grupos ambientalistas contra el Tren Maya, uno de los proyectos estrella de López Obrador. La obra ha sido objeto de múltiples amparos y la construcción del tramo que va de Tulum a Playa del Carmen está paralizada en los tribunales por haber provocado la tala de miles de árboles sin contar previamente con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Molesto con los problemas judiciales del tren, el mandatario ha utilizado el caso de Vulcan para señalar una supuesta hipocresía de los “pseudoambientalistas”, a quienes acusa de no haber protestado por el impacto de la cantera. “Los que ahora están en contra de que se construya el Tren Maya dieron hasta permiso para que esta zona de Playa del Carmen se utilizara como banco de material”, declaró en mayo.

La bióloga Julia Carabias, crítica con el Tren Maya y secretaria de Medio Ambiente cuando se autorizó a Vulcan la extracción, ha sido una de las ambientalistas atacadas. En febrero, Carabias respondió que la MIA concedida a Vulcan “no era un cheque en blanco” y que se impusieron condiciones “numerosas y exigentes” sobre la cantidad máxima de material que se podía extraer, así como medidas de restauración de las áreas afectadas. “El actual Gobierno tiene los fundamentos jurídicos y técnicos para evaluar si esa explotación minera operaba dentro de parámetros ambientales aceptables”, dijo.

La empresa y el Gobierno se han reunido al más alto nivel en al menos seis ocasiones, tanto en Washington como en Ciudad de México. Hace unas semanas, López Obrador recibió en Palacio Nacional al CEO de la compañía, Thomas Hill, y al embajador de EE UU en México, Ken Salazar. El enfrentamiento, no obstante, sigue trabado. El Gobierno propuso a Vulcan transformar la cantera en una atracción ecoturística. La empresa se resiste a hacerlo a corto plazo, aunque se muestra abierta a esa solución más adelante. “Estamos abiertos a considerar la petición del Gobierno para transformar el uso de nuestra propiedad, siempre y cuando podamos continuar operando y exportando el material a EE UU”, señala a este periódico la vicepresidenta de Vulcan, Janet Kavinoky. “El cambio del uso no sucederá de la noche a la mañana”.

Ante el estancamiento de las negociaciones, el presidente acusó en mayo a la empresa de incumplir un supuesto acuerdo de detener las excavaciones y aprovechó para cargar una vez más contra los “pseudoambientalistas” que se oponen al Tren Maya. Frente a las acusaciones, la empresa sostiene que nunca se comprometió a suspender operaciones en el único terreno que seguía con actividad, el de La Rosita, y para el que asegura tener los permisos en regla. “Hemos pasado por todos los procesos requeridos y hemos operado bajo permisos y concesiones otorgados por el Gobierno”, afirma Kavinoky.

Cuatro días después de las declaraciones de López Obrador, Profepa anunció que había clausurado la operación en La Rosita. “Derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”, señaló el organismo. Al mismo tiempo, el Gobierno ha suspendido el permiso de exportación vigente desde el puerto de Vulcan y ha iniciado un procedimiento para revocarlo, según la empresa. En lo que parece un ultimátum, el presidente ha dicho que la única salida es que Vulcan acepte la propuesta ecoturística planteada por el Gobierno. “Se llevaban material para construir carreteras en Estados Unidos, destruyendo, una catástrofe ecológica, y vamos a presentar una denuncia internacional”, ha dicho esta semana.

Estas acciones han añadido sal a la herida. Vulcan las ha tachado de “ilegales y arbitrarias” y estima que les puede restar entre 80 y 100 millones de dólares de ganancias este año. La empresa quiere incorporar la clausura de La Rosita a la demanda planteada ante el tribunal de arbitraje. Si el panel lo acepta, es probable que la decisión final se retrase aún más. Con todo, Vulcan asegura que la prioridad sigue siendo llegar a un acuerdo con el Gobierno, algo que parece cada vez más lejano. “Vulcan ha operado en la región desde hace 30 años y queremos seguir operando”, señala Janet Kavinoky.

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