Del portazo a la DEA a los refugiados ucranios: crecen los focos de tensión entre México y EE UU
Las negociaciones en seguridad y migración atraviesan un momento delicado: poner en marcha el nuevo marco de colaboración, más volcado sobre el papel hacia la prevención que a las tareas policiales
El cierre de la unidad de élite de investigación antidrogas, que durante más de 25 años trabajó mano a mano con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ha sido el último capítulo de una serie de episodios de tensión en la relación bilateral. La Casa Blanca ya ha mostrado su preocupación ante un nuevo palo en la rueda de la agenda compartida de seguridad, que atraviesa por un momento especialmente delicado. De igual maner...
El cierre de la unidad de élite de investigación antidrogas, que durante más de 25 años trabajó mano a mano con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ha sido el último capítulo de una serie de episodios de tensión en la relación bilateral. La Casa Blanca ya ha mostrado su preocupación ante un nuevo palo en la rueda de la agenda compartida de seguridad, que atraviesa por un momento especialmente delicado. De igual manera, el tono y la presión diplomática se ha elevado durante el último mes en torno a los planes de Andrés Manuel López Obrador para su política energética. En materia de migración, uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral, también se han abierto focos rojos como los bloqueos a los camiones mexicanos en la frontera por Texas, así como la reciente decisión de no permitir la entrada a los refugiados ucranios que lleguen desde México, añadiendo más presión todavía a una frontera en ebullición.
El carpetazo al grupo de élite que compartía información confidencial con la DEA, y que participó en operaciones clave como la detención de El Chapo Guzmán, se conoció esta semana por una información de la agenda Reuters pero la decisión fue tomada hace más de un año. El perfil bajo con el que ambos gobiernos han buscado tratar el asunto da una muestra del comprometido momento que atraviesan las negociaciones en seguridad, que tienen como prioridad echar a andar el nuevo marco de colaboración. El llamado Entendimiento Bicentenario, anunciado formalmente a finales del año pasado, sucede a la Iniciativa Mérida, vigente durante 14 años. El nuevo plan está más volcado sobre el papel hacia la prevención y con más peso de la agenda mexicana. El combate al tráfico de armas, una de las demandas históricas de México, es una de las cuestiones que ha ganado peso.
En paralelo a las labores diplomáticas, México ha llevado ante los tribunales a las principales fabricantes de armas estadounidenses. Un ofensiva legal para la que ha buscado aliados en el país vecino. Una veintena de Estados, entre ellos los demócratas California y Nueva York, han respaldado la demanda, así como 25 fiscales estadounidenses de distrito. La posición oficial de la Casa Blanca es de momento de neutralidad.
En México mientras tanto el presidente sigue cargando contra el grupo especial que trabajaba con la DEA. Este jueves los ha acusado de “haber fabricado delitos”, poniendo como ejemplo la detención hace dos años del general Salvador Cienfuegos. Ha recordado además el caso del un exjefe de la unidad que en 2017 fue declarado culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes. “Este grupo estaba infiltrado por la delincuencia. Entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían”, ha insistido López Obrador con los mismo argumentos que utilizó hace dos años para poner coto a la actividad dentro del país de los servicios de inteligencia extranjeros. Una medida especialmente centrada en los agentes estadounidenses y que tensó una vez más la cuerda con el vecino del norte en plena transición, entonces, con el Gobierno de Joe Biden.
Tras la mano dura de Donald Trump, la nueva Administración estadounidense lleva casi desde el inicio de su mandato negociando con el Gobierno mexicano nuevos acuerdos para regular el fenómeno migratorio. Se han recuperado antiguas mesas de negociación suspendidas por Trump que escenifican la nueva sintonía con Washington. Pero mientras continúan las negociaciones, México sigue cumpliendo el papel de policía migratorio de EE UU. El año pasado cerró con un récord de migrantes detenidos por las autoridades mexicanas. La decisión de no permitir la entrada a los refugiados ucranios que lleguen desde México añade aun más presión. Huyendo de la guerra en su país, más de 2000 ucranios ha llegado a México con el objetivo de subir hasta EE UU.
La migración ha sido también el argumento esgrimido por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para endurecer los controles en la frontera para los camiones mexicanos. En plena batalla con el presidente Joe Biden el republicano Abbott justificó su medida, que provocó el bloqueo en la frontera, en que los camiones escondían a migrantes en su interior. La decisión puso en jaque a los Estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. La semana pasado se relajaron los controles pero el gobernador texano amenazó este martes con volver a la carga.
EE UU es el primer socio comercial de México, destino del 80% de las exportaciones, que a su vez suponen el 35% del PIB del país. La derivada económica ha estado detrás de las críticas de la Casa Blanca a la nueva política energética de López Obrador. Hasta tres veces en lo que va año ha visitado México el enviado especial para el Clima, John Kerry, que ha ido endureciendo progresivamente su postura. El último encuentro, de principios de este mes, se saldó con el aviso de posibles denuncias por incumplimiento del tratado de libre comercio (T-MEC).
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