Los estudiantes del CIDE protestan a las puertas del Senado para pedir la destitución del director Romero Tellaeche

Un grupo de estudiantes pega carteles y pancartas en las rejas que rodean al Senado de la República, en el corazón de Ciudad de México. En uno de ellos se lee: “La autonomía universitaria no se negocia, se respeta”. Decenas de alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) han marchado por Insurgentes Sur y bloqueado el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital, en defensa de la ...

Un grupo de estudiantes pega carteles y pancartas en las rejas que rodean al Senado de la República, en el corazón de Ciudad de México. En uno de ellos se lee: “La autonomía universitaria no se negocia, se respeta”. Decenas de alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) han marchado por Insurgentes Sur y bloqueado el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital, en defensa de la independencia de las instituciones educativas y en contra de lo que consideran como presiones y amenazas del Gobierno de Andrés Manuel López-Obrador.

La protesta de este martes es un nuevo capítulo en el pulso que, principalmente los alumnos del CIDE, mantienen contra el director de la institución, José Romero Tellaeche, el Gobierno de Andrés Manuel López-Obrador y la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla. La de Romero Tellaeche es una figura polémica que la comunidad del CIDE, uno de los centros educativos más relevantes del continente, no apoya como director. Le acusan de “autoritarismo” y al Conacyt, el órgano responsable de seleccionar al encargado para el cargo, de haberlo colocado en contra de la voluntad de la comunidad universitaria. Cuando el pasado 29 de noviembre el Gobierno, de cuya gestión depende el CIDE, ratificó su nombramiento, los estudiantes convocaron un parón.

Tanto los alumnos como los profesores anunciaron entonces que no se detendrían hasta lograr la revocación de Romero Tellaeche. Los últimos cuatro meses han transcurrido entre fuertes peleas internas, manifestaciones estudiantiles y despidos polémicos de personalidades relevantes dentro de la universidad. “Romero tiene la idea de hacer una purga de todos los profesores e investigadores que no se subordinen a su voluntad, que es también la voluntad del presidente. Queremos más autonomía y más capacidad de incidir como estudiantes en la toma de decisiones de nuestro instituto. Estamos en una situación de vulnerabilidad, porque ellos imponen a cualquier persona sin consultar, a pesar de que sea repudiada por la comunidad de estudiantes y profesores”, resume Antonio, estudiante de doctorado en Políticas Públicas.

Neil Figueroa, alumno de 20 años de la licenciatura de Economía, explica esta mañana mientras pega carteles en los muros del Senado que “tenemos un director impuesto por la directora del Conacyt, el cual se ha negado a dialogar con toda la comunidad, ha impuesto normas y ha destituido a muchas personas. Estamos en una crisis no solamente operativa sino también institucional”. Las paredes de la institución han quedado, después del paso de la protesta, completamente cubiertas de pancartas y panfletos con consignas como “menos persecución a la investigación” o “no somos esponjas neoliberales”, una referencia directa a López Obrador y Romero Tellaeche, que han acusado en repetidas ocasiones al CIDE (y otros centros educativos como la UNAM) de haberse “derechizado”.

Una representación de profesores y estudiantes ha accedido al Senado para entregar una carta con sus demandas a Antares Guadalupe Vázquez, la presidenta de la Comisión de Educación, de acuerdo con La Jornada. Sus principales reivindicaciones son “la destitución de Romero, un compromiso por parte de la dirección general de poder incluir una representación estudiantil dentro del CIDE para poder tener voz y voto en decisiones y una carta de no represalias por parte de la directora de Conacyt, en la cual ella se comprometa a no tomar ninguna medida social, jurídica ni económica contra profesores y estudiantes”, enumera de carrerilla Figueroa.

Los estudiantes han llevado sus reclamos hasta el Senado, continúa Ricardo, estudiante de un máster en Políticas Públicas, porque han solicitado que el organismo actúe como mediador entre el Conacyt y la comunidad del CIDE. “Hemos tratado de que nos escuchen y nos dan muchas largas, no podemos comunicarnos con ella [Álvarez Bulla] directamente”. A su lado, Romina, doctoranda en Políticas Públicas, amplía: “Lo hemos intentado por muchas vías, queremos que vean que no nos estamos dando por vencidos, que podemos unirnos con otras universidades para reclamar entre todos”.

Causa común

Junto a los estudiantes del CIDE han marchado también una veintena de alumnos de la UDLAP y otros 15 estudiantes de la UdeG, que se han trasladado hasta Ciudad de México en autobús para dar apoyo a sus compañeros, mostrar un frente común y defender la autonomía universitaria como una causa común. “Veo en el CIDE una lucha hermana, conquistar aquí la autonomía universitaria es defender la educación pública y la libertad de cátedra en el país”, explica Francisco Javier Armenta (30 años), presidente de la asociación de estudiantes de la UdeG. “Los intentos de mancillar la autonomía universitaria no ocurren solo en el CIDE. Allá [en Guadalajara] tenemos un gobernador que nos recorta el presupuesto y quiere incidir en las decisiones de la universidad”, concluye.

Su compañera Laura Alcalá, estudiante de Derecho, defiende que han venido “en solidaridad, para decirle a las autoridades que los estudiantes nunca vamos a ceder”. Los alumnos de la UDLAP, además de apoyar a sus compañeros del CIDE, han aprovechado la ocasión para presentar también sus propias reivindicaciones. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de Morena, el partido del presidente, y la familia Jenkins, la dueña del centro, se encuentran en medio de una intrincada guerra judicial por el control de la universidad, una de las escuelas privadas más importantes del país.

El pasado junio, el Gobierno de Puebla tomó el campus y la universidad ha estado clausurada desde entonces. El pasado 28 de octubre, un juez ordenó que el Gobierno del Estado devolviera el control del centro a la familia Jenkins, pero las clases todavía no se han retomado. “No puedo titularme de la licenciatura en Literatura porque tomaron el campus y no pueden devolver la documentación. Tenemos compañeros que no han conocido la facultad, que están en el cuarto semestre y no pueden entrar. Aquí lo que está en juego es la educación”, denuncia Carolina Aranda, estudiante de la UDLAP, que explica que simultáneamente a esta protesta hay también una marcha en Puebla. “Todos compartimos la violación del Gobierno a nuestras instituciones, la imposición de personajes que no deberían estar ahí o el silenciamiento de la justicia”, remata.

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