Cuando encontrar oro en tu tierra es tu condena

Sobre la pantalla en negro se escuchan unas voces tensas, asustadas. “No, por favor”, ruega una mujer. Le responden con dureza: “La cara abajo”. La periodista está grabando con su teléfono sin que el grupo armado se dé cuenta. “Muchachos, somos reporteros. Nos dijeron que había una mina abandonada aquí y entramos a ver”. Con la cara cubierta por pasamontañas con calaveras y empuñando armas largas, los hombres les amenazan para que no vuelvan por allí. Y los periodistas se van. Era marzo de 2018.

Así es como se silencian muchas historias en México, pero en Tolvanera es solo el com...

Sobre la pantalla en negro se escuchan unas voces tensas, asustadas. “No, por favor”, ruega una mujer. Le responden con dureza: “La cara abajo”. La periodista está grabando con su teléfono sin que el grupo armado se dé cuenta. “Muchachos, somos reporteros. Nos dijeron que había una mina abandonada aquí y entramos a ver”. Con la cara cubierta por pasamontañas con calaveras y empuñando armas largas, los hombres les amenazan para que no vuelvan por allí. Y los periodistas se van. Era marzo de 2018.

Así es como se silencian muchas historias en México, pero en Tolvanera es solo el comienzo del documental, seleccionado este año en el Festival de Morelia. El incidente se quedó marcado en la memoria de uno de esos reporteros, Ángel Melgoza (Zamora, Michoacán, 1992), quien decide no soltar el tema y llevarlo a la pantalla grande. A lo largo de los años sigue tirando del hilo para tratar de explicar la complicada madeja de corrupción, ilegalidad, violencia e impunidad que rodea la lucha del ejido El Bajío contra la minera Grupo Fresnillo, del multimillonario Alberto Baillères.

Todo empieza con una paradoja. Porque lo que podría haber sacado de la pobreza a los ejidatarios termina por convertirse en su ruina: un yacimiento de oro escondido bajo sus áridas tierras en el Estado de Sonora. La compañía de Baillères, la mayor productora de oro de México, sabía que en esa zona debía haber oro, por lo que a finales de los años 90 pide permiso de exploración a los ejidatarios. Éstos acceden a cambio de un pago de 16.000 pesos (730 dólares) a cada uno.

No vuelven a saber de la minera hasta los años 2000, cuando ya está adentro de su territorio, explotando el oro. “Pero para eso no tenían permiso”, dice Erasmo Santiago, uno de los ejidatarios entrevistados en el documental. El Grupo Fresnillo, a través de su filial Penmont, empezó los trabajos en el ejido con la mina La Herradura y en 2009 extendió sus operaciones con la de Soledad-Dipolos. Durante cuatro años extrajo de allí 236.000 onzas de oro, con una utilidad bruta de 420 millones de dólares. Los ejidatarios no recibieron un peso. “Es paradigmático que son afortunados de que en una tierra desértica, hostil, donde no se da nada, tengan algo súper valioso, pero al final implica repercusiones violentas para los propietarios de la tierra”, reflexiona Melgoza en entrevista con EL PAÍS.

En 2009 los propietarios interpusieron una demanda en el tribunal agrario solicitando que la minera desalojase sus tierras. El magistrado Manuel Loya Valverde no solo dio la razón a los ejidatarios sino que, en una decisión inédita, sentenció en 2014 que la empresa debía devolver todo el oro que había extraído y restituir las tierras a su estado original. “La reparación tiene que empezar con la restauración de sus cerros, montes, agua, aire, flora y fauna que antes existían”, rezaba el dictamen. Un verdadero varapalo para la minera del cuarto hombre más rico de México.

“Si se llega a ejecutar esa sentencia sería histórico para América Latina, para todas las luchas en contra del extractivismo”, dice el director del documental. Pero el 4 de diciembre de 2014, el magistrado Loya Valverde ve con estupefacción cómo el Senado no le ratifica en su puesto. “Baillères estaba dando instrucciones para que no se me ratificara”, asegura el juez en el filme. El director ve el hecho como un signo de “la alianza económico-política que hace posible el despojo”. A partir de entonces, los siguientes jueces agrarios archivan el caso y no ejecutan la sentencia. Y la impunidad da paso a la violencia.

En febrero de 2018, un comando armado entra al ejido y asesina a Raúl Ibarra de la Paz y Nohemí Elizabeth López. “Allá donde hay un recurso natural aparece el crimen organizado”, se escucha en el documental. Entonces la historia da un giro más hacia lo inverosímil. Rafael Pavlovich, tío de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich, dice ser propietario de una parte de esos terrenos con unos títulos que le otorgó un juez agrario y empieza a explotar la mina de Soledad-Dipolos a finales de 2018. Los ejidatarios son acusados de despojo y algunos de ellos, como Erasmo Santiago, pasan hasta un año y medio en la cárcel. Ante la falta de pruebas, finalmente son liberados.

La violencia no cesa y en abril de 2021 aparecen asesinados el expresidente ejidal José de Jesús Robledo y su esposa, María de Jesús Gómez. Junto a sus cuerpos se encuentra un mensaje con el nombre de trece de los ejidatarios de El Bajío. La situación se volvió tan delicada que la última vez que fueron a grabar, el equipo de Melgoza tuvo que ir escoltado por la policía. “Con poderes económicos, políticos y criminales en contra, hasta hoy la historia de El Bajío refleja la imposibilidad de la justicia en México”, reflexiona el director al final del documental. “Pero también hoy, con una decisión del tribunal o con una acción del presidente, la historia puede y debe comenzar a cambiar”.

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