López Obrador lleva a las urnas un juicio al pasado

El principio es sencillo. “Vamos a preguntarles a los mexicanos”, suele zanjar Andrés Manuel López Obrador ante los asuntos controvertidos. La ejecución, sin embargo, es en esta ocasión más compleja. Y el propósito de la pregunta está repleto de claroscuros, ambigüedad y dudas jurídicas. El país celebra este domingo su primera consulta popular oficial, es decir, regulada por la Constitución, después de varios referendos informales. La iniciativa, impulsada por el presidente, abre la puerta a juzgar a los exgobernantes por sus programas y decisiones, por lo que se juega más en el terreno de la ...

El principio es sencillo. “Vamos a preguntarles a los mexicanos”, suele zanjar Andrés Manuel López Obrador ante los asuntos controvertidos. La ejecución, sin embargo, es en esta ocasión más compleja. Y el propósito de la pregunta está repleto de claroscuros, ambigüedad y dudas jurídicas. El país celebra este domingo su primera consulta popular oficial, es decir, regulada por la Constitución, después de varios referendos informales. La iniciativa, impulsada por el presidente, abre la puerta a juzgar a los exgobernantes por sus programas y decisiones, por lo que se juega más en el terreno de la confrontación política que en el de la interpretación legal. La votación mide el poder de convocatoria del mandatario, aunque la falta de deliberación pública y el desinterés registrado entre los electores añaden incertidumbre sobre la participación, que debe alcanzar el 40%, unos 37,5 millones de votantes, para que el resultado sea vinculante.

El debate planteado por la pregunta ha hecho saltar las alarmas de la oposición, juristas e intelectuales por sus inciertas consecuencias. La papeleta arroja una disyuntiva en la que cabe un amplio abanico de posibilidades, del fantasma del revanchismo y la persecución a la creación de una jurisdicción especial: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Para entender mejor qué quiere decir hay que remontarse al pasado septiembre, cuando López Obrador remitió al Senado su proyecto de plebiscito.

Entonces, el mandatario propuso una pregunta que fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vulnerar la Constitución y el principio de separación de poderes. El texto mencionaba a los últimos cinco presidentes -Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI)- y aludía a los procedimientos de “las autoridades competentes” en su contra. La fórmula chocaba con una norma básica de la jurisprudencia: esto es, el ejercicio de la justicia no está sometido a la voluntad popular y corresponde a la Fiscalía y a los tribunales actuar y tomar las decisiones que consideren oportunas. Sin embargo, ese planteamiento sirvió a López Obrador para sentar las bases de la enésima batalla ideológica con los partidos que gobernaron antes que Morena, su formación, y aceleró su ruptura con el pasado. En su exposición de motivos, el jefe del Ejecutivo cargaba contra “el neoliberalismo gobernante”, atribuyéndole “la pérdida de centenares de miles de vidas”.

¿Cuáles fueron las causas? En su opinión, “entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”.

Aunque la pregunta fue modificada por el Supremo, estas premisas ayudan a entender qué estaba en juego. No obstante, en los últimos meses López Obrador se mostró primero reacio a participar debido a su cargo y a la imparcialidad que se le supone. Después, se volcó en los llamamientos a la participación. El viernes dijo que acudiría a votar si encontraba una urna durante su gira de fin de semana por el Estado de Nayarit, en la costa del Pacífico, y que lo haría en contra. “Hay que participar todos, tenemos que ir a participar. Yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra. Si hay una casilla donde voy, aquí tengo mi credencial, en mi cartera, entonces sí. Ya expresé que yo voy a votar en contra, lo dije desde que tomé posesión, pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar”, manifestó sin ofrecer más argumentos. Este sábado, finalmente, confirmó que no votará.

En realidad, para muchos mexicanos se trató de un destape y una contradicción, puesto que el presidente había hecho de este referendo una apuesta personal y tanto su entorno como Morena hicieron campaña a favor. López Obrador sí resaltó sin matices la importancia del instrumento de la consulta. “Imagínense qué satisfacción para los jóvenes que no sólo votaron en la pasada elección, sino que pueden volver a votar para decidir si se juzga o no, si se inician procesos de investigación en contra de los expresidentes, sí o no, respetando sus derechos”.

El diseño del plebiscito, sin embargo, no deja claro cuáles serían los efectos de una victoria del sí. El propio presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, explicó a EL PAÍS que “conscientemente” se reformuló la pregunta de forma ambigua y general. Según su lectura, “una consulta de este tipo no es una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad, a instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país”. “Los procesos judiciales no se consultan”, incide, “pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional. De justicia transicional”.

Las dudas más consistentes en vísperas de la votación tienen que ver, no obstante, con la desmovilización. Según Francisco Abundis, director de la firma de análisis de opinión Parametría, hay tres elementos que caracterizan la jornada. En primer lugar, hay que tener en cuenta que “la salida legal no necesariamente es funcional para un proceso de estas características, y este el requisito más polémico”. En segundo lugar, añade, hay un problema de “nivel de información sobre lo que se está votando”. Los electores no tienen claridad, a menudo ni siquiera sobre la fecha de la votación. Por último, “hay incertidumbre sobre la participación después una elección como la del 6 de junio”. Al final de un proceso masivo en el que votó más de la mitad del censo en unas elecciones intermedias se produce “un fenómeno de agotamiento electoral”. “Yo dudo de que el porcentaje llegue a dos dígitos, casi unos 10 millones. Eso sería un éxito”, concluye Abundis.

El fantasma de la participación y los ataques al INE

Esos números quedarían muy lejos del 40% requerido para que el resultado del plebiscito sea vinculante. El Gobierno y Morena culpan a la oposición de haber rechazado que la consulta coincidiera con las elecciones de junio, en las que el oficialismo aumentó su poder territorial pero tocó techo en el Congreso. Y ahora responsabiliza preventivamente al Instituto Nacional Electoral (INE) de no haberse volcado lo suficiente en la promoción de la votación, que además se celebra ante la tercera ola de covid-19 que golpea a México.

El organismo electoral, por su parte, declina rotundamente las críticas. Sus consejeros llevan semanas denunciando falta de recursos para desplegar la logística necesaria, aunque finalmente se apretaron el cinturón y lograron organizar la jornada. Norma de la Cruz, consejera del Instituto, asegura que “desde hace semanas todo el trabajo del INE se ha volcado a la organización de la consulta”. “Podemos decir con plena confianza que sí tenemos todo listo para el domingo. Vamos a tener alrededor de 288.000 funcionarios de casilla [colegio]. Todos y todas han sido ya capacitadas, estamos ya terminando de distribuir los paquetes para las mesas receptoras, hemos empezado a desinfectar y estabilizar los lugares en donde tendremos nuestras mesas. Desde el 15 de julio empezamos una campaña muy intensa para promover la consulta y todo el tiempo de radio, televisión. que tiene el INE se ha utilizado para ello. Organizamos 335 jornadas de diálogo a lo largo y ancho del país”, mantiene.

Los cuestionamientos de López Obrador contra el INE no son nuevos, pero en este caso se han intensificado. El presidente utilizó palabras como “vergüenza” para hablar de sus responsables, a los que acusó de “estar en contra de la democracia”. Su interés por la organización del plebiscito va más allá de su resultado. El mandatario quería que la votación fuera un éxito y ahora pretende que no se torne en un fracaso, puesto que la jornada será también un ensayo general de la próxima consulta, prevista para marzo de 2022. El referéndum revocatorio marcará la recta final de mandato y será el último gran examen al Gobierno antes de las elecciones de 2024 para las que ya ha empezado la carrera de candidatos oficialistas.

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