La falta de casas frena el desarrollo en la España rural: “Mi pueblo es una zona tensionada”

La casa de los abuelos, abandonada; el cobertizo, destartalado; o la antigua finca, en ruinas. Estas construcciones son omnipresentes en el paisaje rural. Los pueblos concentran la mayoría de los edificios abandonados en relación a la vivienda total. Pero la oferta de alquiler es muy baja porque muchos inmuebles necesitan reformas integrales para ser habitados. Además, a los propietarios les cuesta desprenderse de lo que un día fue la casa familiar, aunque solo queden los cimientos. En los pueblos pervive la mentalidad de tener una casa “antes hundida que vendida”. Ante la falta de vivienda en las zonas rurales, algunos alcaldes piden que sus localidades sean tratadas como zonas tensionadas.

Los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde residen uno de cada cinco ciudadanos, registran el 45% de la vivienda vacía, según el Censo de Población y Vivienda del INE de 2023. María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza (Guadalajara), una localidad de poco más de 4.300 habitantes, expone la congestión de vivienda en alquiler en el campo: “Yo sí digo que mi pueblo es una zona tensionada, aunque no se me incluya en la ley. En función del número de habitantes, está mucho más tensionado el medio rural”. Merino relata que resulta muy difícil establecer un mercado del alquiler justo, porque Sigüenza tiene “una población que fluctúa”.

La alcaldesa ilustra esta situación de estrés inmobiliario a través de figuras tan fundamentales como los médicos y los profesores, profesiones en las que abunda la interinidad. Los municipios necesitan tener viviendas en renta para que puedan instalarse con facilidad. Sin embargo, las “pocas opciones de alquiler hace que les cueste mucho trabajo atraerles”, comenta Merino, también diputada socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. “Que haya gente interesada en vivir en el mundo rural y no pueda porque no encuentra vivienda es un problema muy serio”, afirma.

Para atajar este problema, el grupo de acción de la zona de la Sierra Norte de Guadalajara se ha acogido a la ley de despoblación de la comunidad y ha rehabilitado 25 edificios en la zona. La alcaldesa señala que lo primero que hay que hacer es procurar que los edificios abandonados tengan las condiciones necesarias para su habitabilidad y, después, construir. De esta iniciativa se ha beneficiado Rubén de la Fuente, que vive alquilado desde enero en uno de estos pisos reformados, en el municipio de Pinilla de Jadraque (51 habitantes), a 45 kilómetros de Sigüenza. Tiene 28 años y trabaja en unas bodegas cercanas, paga 250 euros de alquiler, lo que le permite “ir ahorrando” para comprarse su propia casa.

El valor sentimental que otorgan los dueños a sus casas, muchas veces desvencijadas, hace que se muestren reticentes a alquilarlas. En ocasiones, se añaden disputas entre los herederos. La empresa social Arraigo media entre potenciales arrendadores, inquilinos y Ayuntamientos para sortear esta cadena de obstáculos. Su responsable, Enrique Martínez, advierte: “En las ciudades, el alquiler es un negocio. En los pueblos, un favor”. Es consciente de que la confianza de los dueños es un punto clave para su disposición a arrendar la casa de sus padres o sus abuelos, por lo que su empresa realiza una búsqueda minuciosa para encontrar al inquilino (“urbanita”, dice) ideal. Además de arrendar o vender la propiedad, otras opciones pasan por el alquiler temporal con opción de compra o acordar que el inquilino se haga cargo de alguna reforma.

El papel de los Ayuntamientos

Arraigo apuesta por que los “urbanitas” se muden a los pueblos con sus familias. “Es lo que arraiga realmente, los niños y la pareja”, sostiene Martínez. La empresa social cruza las bases de datos de las personas interesadas en vivir en un pueblo y sus habilidades profesionales. De este modo, Arraigo ha conseguido ubicar a 1.300 personas y más de 15.000 están apuntadas al proyecto.

Cecilia Falo López, cofundadora del proyecto Re-viviendo, encargado también de la mediación para el alquiler de vivienda rural, destaca el papel de los Ayuntamientos en el proceso de arrendamiento: “Muchas veces, sin darse cuenta, los alcaldes hacen de gestores inmobiliarios porque cuando las personas que quieren mudarse a ese pueblo no encuentran nada por internet, llaman al Ayuntamiento”. Comenta que existe una “oferta oculta” que se transmite mediante el boca a boca por los pueblos.

Re-viviendo trabaja en 11 municipios de Teruel, entre ellos Aguaviva (565 habitantes). El alcalde, Aitor Clemente Guillén (IU Ganar Aguaviva), es parte activa de esa búsqueda simultánea de nuevos inquilinos y caseros: está al tanto de las viviendas que quedan vacías y las pone a disposición de Re-viviendo. En este proceso, “la llamada a los dueños” la realiza el Ayuntamiento para mitigar la desconfianza de los propietarios.

En otras ocasiones, es la iniciativa ciudadana la que se encarga de estas cuestiones, como en el caso de Chinchón, localidad de 5.200 habitantes al sur de Madrid. Álex y Jorge, dos primos valencianos, se enamoraron del pueblo. Se matricularon en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III y buscaron piso en Chinchón. Solo había cinco en alquiler. Uno se ajustaba a su modesto presupuesto: 350 euros por cabeza. Frente a la falta de oferta de vivienda en alquiler, detectaron un alud de pisos vacíos en Chinchón y en 2019 crearon la asociación ¿Vivir en Chinchón?, encargada de los procesos de búsqueda y mediación para las personas que quieran mudarse a la localidad. En estos años han ubicado a 50 familias, de las que 48 siguen residiendo en la localidad.

Tener casas disponibles para alquilar en las zonas rurales significa la posibilidad de mantener un colegio abierto o que el bar atienda todo el año a los vecinos. La casa de los abuelos, el cobertizo medio derruido y la vieja finca pueden tener una segunda vida.