Un matrimonio que podrá regularizar su situación tras el cambio de norma migratoria en Estados Unidos: “Podremos tener dignidad”

El marido de Kali Pliego, educadora sobre seguridad pública de 42 años, nunca ha podido participar como voluntario en las actividades escolares de su hijo de corta edad. Tampoco ha podido ser titular en la hipoteca de la casa familiar. Ni tener un vehículo a su nombre. Ni siquiera figurar como beneficiario en el seguro de vida de su esposa. Aunque ella es estadounidense y llevan casados 17 años, en todo este tiempo no ha sido posible enmendar el estatus migratorio irregular de él, mexicano de nacimiento (se omite su nombre por petición de la entrevistada) y que entró en EE UU hace más de 20 añ...

El marido de Kali Pliego, educadora sobre seguridad pública de 42 años, nunca ha podido participar como voluntario en las actividades escolares de su hijo de corta edad. Tampoco ha podido ser titular en la hipoteca de la casa familiar. Ni tener un vehículo a su nombre. Ni siquiera figurar como beneficiario en el seguro de vida de su esposa. Aunque ella es estadounidense y llevan casados 17 años, en todo este tiempo no ha sido posible enmendar el estatus migratorio irregular de él, mexicano de nacimiento (se omite su nombre por petición de la entrevistada) y que entró en EE UU hace más de 20 años. Hasta ahora, y antes de que la Administración de Joe Biden anunciase esta semana cambios en su política migratoria, la ley le obligaba a salir del país y aguardar al menos 10 años para poder tramitar su caso, pese a su boda.

“Tenemos un niño en edad escolar”, explica Kali Pliego por teléfono desde Minneapolis (Minnesota), donde reside. “No es viable que mi marido se marche 10 años. Ahora no se puede separar a la familia”.

Aunque el estar casado con un estadounidense en general da permiso de residencia a un extranjero, los inmigrantes irregulares en esa situación que quieran tramitarlo deben regresar a su país y esperar una década para poder hacerlo, una penalización que prevé la ley para las estancias ilegales en Estados Unidos. Ese plazo hace que, en la práctica, la gran mayoría renuncie a la legalización y opte por seguir viviendo en las sombras.

Los cambios aprobados por la Administración de Biden en el sistema migratorio esta semana permitirán que al menos a 500.000 matrimonios en las mismas circunstancias que los Pliego ―parejas en las que uno de sus miembros es ciudadano estadounidense y el otro es migrante con estatus irregular― normalicen su situación sin tener que salir del país.

La medida, que el Gobierno empezará a aplicar a finales del verano, prevé que los migrantes irregulares casados con estadounidenses y que vivan en Estados Unidos desde hace al menos una década, cumplida antes del día 17 de este mes, puedan solicitar una autorización excepcional, denominada “parole in place” (libertad condicional). No podrán obtenerla quienes representen una amenaza para la seguridad nacional o hayan sido deportados alguna vez. Si la reciben, tendrán un plazo de tres años para tramitar su permiso de residencia. Mientras tanto, estarán protegidos ante una posible deportación y tendrán autorización para trabajar. Los hijos menores de 21 años de estos migrantes que también estén en situación irregular podrán asimismo beneficiarse de la nueva política.

El Departamento de Seguridad Nacional calcula que en torno a medio millón de personas podrán acogerse a estas medidas, aunque grupos como American Families United estiman que los migrantes irregulares casados con estadounidenses alcanzan los 1,1 millones de personas.

Los Pliego se conocieron hace 20 años, en 2004, en Minneapolis. Ella acababa de graduarse en la Universidad y atravesaba una etapa “con un montón de tensión” en su vida. Para relajarse, acudía a un local a bailar salsa. En una de esas salidas, un joven la sacó a bailar merengue. “Lo recuerdo como si fuera hoy. En medio de la danza me sonrió, una de esas sonrisas enormes en las que participa toda la cara. Allí supe que me iba a enamorar”. Fueron novios durante tres años, dos de ellos a distancia mientras ella trabajaba en Guatemala. “En cuanto regresé, nos casamos”.

Era 2007. Para los Pliego comenzaba una odisea particular. “Solicitamos un ajuste del estatus migratorio de él en 2008. Y básicamente nos enteramos de que la vía para adquirir estatus legal exigía que saliera del país durante un periodo mínimo de 10 años. Es la llamada ley de castigos (sic). Nuestro abogado nos explicó que podíamos retrasar el proceso y actuar para cambiar la ley, esperar a que la ley cambiase o seguir adelante y que él se marchase para una década. Así que optamos por seguir aquí y trabajar por cambiar la ley”. Ella comenzó a colaborar como activista en American Families United.

Estas circunstancias forzaron muchas de sus decisiones como familia. Para tener a su hijo esperaron casi una década. El niño nació en 2016, en vísperas de que Donald Trump empezara su mandato presidencial.

“Esos primeros cuatro años de la vida de mi hijo fueron una etapa atemorizadora. La recuerdo como la peor época de mi vida, por lo difícil que se hizo la vida diaria, la preocupación, el miedo, la angustia de que nuestra familia pudiera quedar separada, especialmente porque ya teníamos al pequeñito. Tendría que haber sido un momento de alegría, la llegada del bebé, verlo crecer, y siempre estuvimos bajo la sombra del miedo”, explica la mujer.

Tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, ese temor disminuyó relativamente. “Sabemos que no somos prioritarios, que nadie va a venir a buscar a mi marido, o practicar una redada en su lugar de trabajo… Pero la situación nos sigue impactando cada día”.

“Mi marido no tiene un número de la Seguridad Social (que solo reciben los estadounidenses o los extranjeros con permiso de trabajo, y acredita que se está en situación migratoria legal), así que no puede ser titular de ningún crédito que solicitemos, para comprar un coche o para la hipoteca de nuestra casa. Para eso dependemos únicamente de mis ingresos. No le puedo incluir como beneficiario en mi seguro de vida. No se le puede hacer una búsqueda de antecedentes, así que no se puede presentar voluntario en las actividades de la escuela del niño, o para entrenar a los equipos infantiles, cosas que estoy segura de que le encantaría hacer”.

El miedo también condiciona sus decisiones laborales. “Él cree que no puede dar ningún día por seguro, y por eso trabaja un montón”, precisa Pliego. “Combina dos empleos que le obligan a estar fuera de casa todo el tiempo de lunes a viernes. Y eso hace que todas las tareas de casa me toquen a mí: limpiar, cocinar, llevar al niño a la escuela, llevarlo a sus actividades. Es duro. Soy muy flexible con las horas de acostarse, porque quiero que mi hijo y su padre puedan relacionarse y dejo que el niño esté levantado hasta tarde para que pueda saludar a su papá cuando llega a casa”.

A falta de que se publiquen los detalles más concretos del cambio anunciado esta semana ―cuánto costará presentar la solicitud, por ejemplo―, los Pliego cumplen los requisitos que ha anunciado la Administración para acogerse al parole in place.

“Estamos muy agradecidos de que se hayan escuchado los llamamientos de nuestra familia y las de otros 1,1 millones de familias en nuestra situación, para ofrecer una solución que al menos nos deje ganar tiempo y un permiso de trabajo. Con el permiso de trabajo tenemos dignidad, tenemos opciones, no tenemos que sufrir indignidades en el lugar de empleo porque da demasiado miedo dimitir y buscar otra cosa”, sostiene Kali Pliego.

¿Tendrá esta medida algún impacto en sus decisiones de cara a las elecciones de noviembre? “Tengo muchas ganas de votar, de animar a mi familia a que vean que este presidente, Biden, es la única persona en las papeletas que ha hecho algo positivo por mi familia, y eso importa. Y es una historia que estoy dispuesta a contar una y otra vez a todo aquel que quiera escuchar”.

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