Bolivia, arrepentida de la elección por voto de los magistrados del Poder Judicial

La propuesta de Morena de elegir por voto a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano se ha planteado cuando Bolivia, el único país del mundo que aplica este método desde 2011, discute cómo dar marcha atrás. Hace un mes, el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, declaró: “Definitivamente, una gran pregunta que hay es si es necesaria una elección judicial”. Antes de ser ministro de la administración de Luis A...

La propuesta de Morena de elegir por voto a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano se ha planteado cuando Bolivia, el único país del mundo que aplica este método desde 2011, discute cómo dar marcha atrás. Hace un mes, el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, declaró: “Definitivamente, una gran pregunta que hay es si es necesaria una elección judicial”. Antes de ser ministro de la administración de Luis Arce, Lima ejerció como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia tras postular en las primeras elecciones para llenar este cargo.

Este año, un grupo de abogados llamado Juristas Independientes organizó una recolección de firmas para pedir un referendo constitucional que, aunque no iba a eliminar el ejercicio del voto, sí pretendía cambiar el método de selección de los candidatos, con el objetivo de devolverle un carácter técnico. La iniciativa solo logró 800.000 firmas del millón y medio que necesitaba, pero este fracaso se atribuye a la falta de recursos logísticos de sus impulsores antes que a la existencia de un fuerte apoyo ciudadano a la elección por voto del Poder Judicial.

En las dos elecciones que ha habido hasta ahora (2011 y 2017), los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los efectivamente entregados a los candidatos. En la primera ocasión, ascendieron a casi el 60% y en la segunda, al 66% de los votos emitidos. Esto ha impedido que se cumpliera la principal razón por la que este método se adoptó, que era aumentar la legitimidad y, por tanto, la independencia de las autoridades judiciales. La elevada anulación de votos se debió al desconocimiento de los candidatos por parte del electorado y también a los llamados de la oposición a boicotear los comicios y así bloquear lo que consideraban era una “captura” política de los tribunales: “un camino con un resultado predeterminado, la instalación de una mayoría de ciudadanos afines o militantes del Movimiento al Socialismo en la cúpula de nuestro sistema judicial”, rezaba un comunicado publicado en 2017 por la alianza de los principales partidos opositores.

Bolivia no elige por voto a los jueces, solo a los 26 principales cargos judiciales, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad indígena —al menos uno en cada institución—. Son seleccionados por la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento que cambió entre 2011 y 2017 para evitar que fuera puramente político. La segunda vez intervinieron las facultades de Derecho y examinaron por escrito a los aspirantes. La innovación sirvió de poco, porque algunas universidades boicotearon la medida, mientras que las que participaron eran tan numerosas que no lograron elaborar un cuestionario bien fundamentado.

Además, los parlamentarios, que estaban encargados de entrevistar oralmente a los postulantes, inflaron las calificaciones de algunos en esta fase para compensar sus bajos resultados en el examen escrito. Al final, en las dos ocasiones, el Movimiento al Socialismo (MAS) impuso a la mayoría de los candidatos. Para el proceso electoral que está previsto para este año (el mandato de los magistrados dura seis años), la división del MAS en dos alas, la de los seguidores de Arce y la de los incondicionales del expresidente Evo Morales, junto con la polarización política que hace difícil que haya acuerdos entre estos dos grupos y las oposiciones de centro y de derecha, han complicado las cosas. La Asamblea no ha podido aprobar la convocatoria electoral hasta ahora.

La mayor recriminación contra el método electoral introducido por la Constitución de 2009 es por no haber logrado un cambio en la administración de la justicia, que sigue siendo cuestionada por organismos nacionales e internacionales especializados a causa de su politización y su alta corrupción.

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