Irán ahorca en público al segundo manifestante ejecutado por su participación en las protestas

Irán ha ejecutado este lunes de madrugada a un segundo detenido en las manifestaciones que recorren el país desde hace tres meses, confirmó este lunes Mizan News, un medio de la propaganda oficial iraní vinculado con el poder judicial. Majid Reza Rahnavard, de 23 años, murió ahorcado en una grúa en plena calle en Mashad, a unos 900 kilómetros al este de Teherán, en la que ha sido la primera ejecución en público de un manifestante detenido en las actuales protestas. El joven ha muerto en la horca cuando solo han transcurrido 23 días de su arresto el 19 de noviembre. Pocos días después, f...

Irán ha ejecutado este lunes de madrugada a un segundo detenido en las manifestaciones que recorren el país desde hace tres meses, confirmó este lunes Mizan News, un medio de la propaganda oficial iraní vinculado con el poder judicial. Majid Reza Rahnavard, de 23 años, murió ahorcado en una grúa en plena calle en Mashad, a unos 900 kilómetros al este de Teherán, en la que ha sido la primera ejecución en público de un manifestante detenido en las actuales protestas. El joven ha muerto en la horca cuando solo han transcurrido 23 días de su arresto el 19 de noviembre. Pocos días después, fue condenado a muerte, acusado de haber matado a puñaladas a dos miembros de la milicia paramilitar Basij y bajo el cargo de “enemistad con Dios”. Un primer manifestante, Mohsen Shekari, también de 23 años, ya fue ejecutado el 8 de diciembre —en esa ocasión en la cárcel— por el mismo delito y una acusación similar, aunque menos grave: haber herido con un arma blanca a un paramilitar basiyí.

El caso de Majid Reza Rahnavard ha elevado aún más la preocupación internacional por lo que sucede en Irán. La abogada iraní de derechos humanos Shadi Sadr, cofundadora de la ONG Justice for Iran (Justicia para Irán), explica a este diario, en un intercambio de mensajes a través de Twitter, que el joven Rahnavard era “uno de los líderes de las protestas callejeras”. Esta jurista, que logró revocar varias condenas a muerte contra activistas y periodistas antes de exiliarse en Europa en 2009, afirma que al hombre “se le negó el acceso a un abogado”. “En su lugar, se le designó uno de oficio. En el juicio, el letrado se puso del lado de la acusación y confirmó sus afirmaciones en lugar de defender a su cliente”, añade.

“Está claro que en el juicio no se respetaron las garantías procesales. Según las leyes islámicas vigentes en Irán, cualquier acusado tiene derecho a apelar su condena a muerte en un plazo de 20 días después de recibir la sentencia, que luego debería ser revisada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, [Rahnavard] fue ejecutado 18 días después de ser condenado. Se ha aplicado la pena capital antes de que su familia pudiera apelar”, afirma Sadr.

Nuevas sanciones de la UE

La UE ha elevado este lunes más la presión sobre Teherán al aprobar un nuevo paquete de sanciones por sus vulneraciones de los derechos humanos y la represión violenta de las movilizaciones iniciadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini. Los ministros de Exteriores de los Veintisiete han aprobado añadir 20 personas más a la lista de sancionados iraníes que verán sus bienes en los países de la UE congelados y tendrán prohibido viajar a territorio comunitario. Los sancionados, según la UE, han tenido un papel destacado en la respuesta violenta a las manifestaciones: la mayoría son altos cargos de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar que supervisa las estrictas leyes del país. También se han añadido cuatro entidades a la lista, entre ellas una cadena de televisión estatal que el régimen de Teherán usa como altavoz. “La UE tomará todas las medidas que podamos para apoyar a las mujeres jóvenes y a los manifestantes pacíficos”, ha recalcado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

A estas sanciones se suman también nuevas medidas restrictivas por el apoyo de Irán a Rusia en su guerra en Ucrania. Teherán suministra armas a Moscú, entre ellas drones de uso militar, que el Kremlin utiliza contra la población civil, según la UE. Además, analistas y fuentes diplomáticas creen que Irán —que ha negado haber entregado a Rusia drones tras la invasión del pasado 24 de febrero— se prepara ahora para suministrar a Moscú también misiles balísticos.

Derechos vulnerados

De acuerdo con el colectivo de activistas iraníes 1500 tasvir, los derechos humanos del ejecutado se violaron incluso antes de que se celebrara el juicio. En un tuit publicado el 25 de noviembre, los activistas denunciaron que Rahnavard había recibido “tantos golpes” tras su detención, que en todas las fotografías posteriores “aparecía herido”.

El artículo de Mizan News que relata el ahorcamiento se ilustra con varias fotografías de la ejecución, donde se aprecia a un varón fornido ―el joven practicaba lucha libre― suspendido en el aire por un camión-grúa en presencia de hombres ataviados como suelen hacerlo los paramilitares basiyíes y de mujeres de negro y cubiertas de la cabeza a los pies. El ahorcado tiene las manos atadas a la espalda, los pies también ligados y el rostro cubierto por una tela negra.

1500 tasvir ha denunciado que los familiares del manifestante no fueron avisados previamente de la ejecución, por lo que no pudieron despedirse de él. Según esa fuente, los allegados de Rahnavard tampoco han podido asistir al entierro. La familia recibió una llamada este mismo lunes en la que, siempre de acuerdo con los activistas, se les comunicó: “Hemos ejecutado a su hijo y enterrado su cuerpo en el cementerio de Behesht-e Zahra” de Mashad.

Al menos otros 10 manifestantes están ya en el corredor de la muerte en cárceles iraníes. Otros muchos de los entre 14.000 y 18.000 detenidos en las protestas —según cálculos de Naciones Unidas y diversas ONG— afrontan una más que probable pena capital, pues también están procesados por “enemistad con Dios”, un delito definido de forma ambigua y sin equivalente en las leyes internacionales. Amnistía Internacional considera esa figura penal “un cheque en blanco” para condenar a muerte en Irán, según explicó recientemente la especialista en Irán de esa organización, Yolanda Vega.

Reacciones internacionales

Las ejecuciones son un “intento descarado de intimidar a la gente, simplemente por expresar sus opiniones, simplemente por querer vivir en libertad”, ha dicho este lunes la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, antes de la reunión de ministros en Bruselas que han aprobado el paquete sancionador contra Irán. “Dejamos en claro que apoyamos al pueblo inocente de Irán”.

“No podemos permitir que se sigan violando los derechos humanos. No podemos permitir que sigan adelante las ejecuciones de personas de 23 años, que tienen toda la vida por delante”, ha recalcado el ministro español, José Manuel Albares, tras la reunión en Bruselas, en la que habló de una “posición fuerte y común” de los países de la UE frente a Irán.

De acuerdo con Iran Human Rights, la actuación de las fuerzas de seguridad y los paramilitares iraníes ha causado la muerte de al menos 458 personas en los casi tres meses que dura el levantamiento popular, cuya mecha fue la muerte de Mahsa Amini, detenida en Teherán tres días antes de su fallecimiento por llevar mal colocado el velo.

El director de esa ONG iraní en el exilio en Noruega, Mahmood Amiry-Moghaddam, considera la pena de muerte en Irán como “la herramienta más poderosa del régimen para sembrar el miedo”. “Las personas en el poder en Irán son las mismas que participaron en las ejecuciones masivas de presos políticos en la década de 1980. Son capaces de hacerlo de nuevo, y saben que ha funcionado en el pasado. Ahora están vigilando las reacciones a estas ejecuciones. A menos que reciban una respuesta muy dura, podríamos enfrentarnos a ejecuciones diarias de manifestantes”, añade en un intercambio de mensajes por WhatsApp con EL PAÍS.

La jurista Shadi Sadr aboga por una respuesta internacional “más enérgica”. Las condenas “tienen un efecto insignificante”, critica la abogada. “Lo que pondrá fin a las ejecuciones es aumentar el precio y las consecuencias para la República Islámica. Acciones como el cierre de embajadas y el corte de relaciones diplomáticas aumentarán el coste de las ejecuciones y la represión. Otra acción tangible es designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. La UE lo estudia ahora, pero el ritmo de ejecuciones es demasiado alto y el proceso de la UE está llevando demasiado tiempo”, concluye.

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