El Gobierno de Johnson inicia el lunes los trámites para suspender el Protocolo de Irlanda del Norte

Vuelven las curvas a la política británica, y esta vez por partida doble. O triple. El Gobierno de Boris Johnson, siempre dispuesto a recurrir al arma del Brexit para aliviar sus crisis internas, ha anunciado a última hora de este jueves la agenda parlamentaria de la próxima semana. La primera ley que iniciará su tramitación este mismo lunes será la que ...

Vuelven las curvas a la política británica, y esta vez por partida doble. O triple. El Gobierno de Boris Johnson, siempre dispuesto a recurrir al arma del Brexit para aliviar sus crisis internas, ha anunciado a última hora de este jueves la agenda parlamentaria de la próxima semana. La primera ley que iniciará su tramitación este mismo lunes será la que modifica y suspende aspectos fundamentales del Protocolo de Irlanda del Norte. Johnson contaba ya con la posibilidad de un duro enfrentamiento con Bruselas, que podría acabar derivando en una guerra comercial, pero el frente que se le abre puede ser doble, o hasta triple. El ala más dura del Partido Conservador, los euroescépticos del llamado European Research Group (Grupo de Estudios Europeos, ERG en sus siglas en inglés) ya han advertido al primer ministro que votarán en contra de cualquier texto legal que no vaya tan lejos como ellos pretenden. Es decir, que prácticamente anule el Protocolo.

El ERG fue clave a la hora de impulsar a Johnson al liderazgo de los conservadores, hasta convertirle en primer ministro. Frente a ellos, los tories más moderados, como Theresa May, también están dispuestos a rechazar la nueva ley en la Cámara de los Comunes. Consideran muy dañino para el prestigio y la reputación del Reino Unido que su Gobierno decida unilateralmente incumplir un tratado internacional. Johnson puede creer que el Brexit, de nuevo, le salvará de las malas horas, pero también corre el riesgo de dirigirse directamente a un nuevo fiasco político y parlamentario.

El diario The Times ha revelado que el propio primer ministro se reunió, junto con la titular de Exteriores, Liz Truss, con representantes del ERG, horas antes de que se produjera la votación —el pasado lunes— de la moción de censura interna contra Johnson en el grupo parlamentario conservador. Buscaba desesperadamente el apoyo del grupo que le encumbró al poder. Según el diario, acordaron incorporar al nuevo texto legal todas las exigencias de los euroescépticos: eliminar por completo el papel supervisor del Tribunal de Justicia de la UE en el funcionamiento del mercado interior en territorio norirlandés y afirmar claramente, en un apartado explícito de la nueva ley, la primacía del derecho británico sobre el propio Acuerdo de Retirada de la UE y el Protocolo (su documento anejo).

El Protocolo de Irlanda del Norte fue la parte más complicada de negociar en el acuerdo de retirada del Reino Unido de las instituciones comunitarias. Al abandonar el mercado interior de la UE, y su espacio aduanero común, la nueva frontera de ambos bloques económicos partía en dos la isla de Irlanda. La República de Irlanda es miembro de la Unión Europea. Irlanda del Norte es territorio británico. Sin embargo, cualquier señal de una nueva división entre ambos espacios habría puesto en riesgo la paz lograda por el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a décadas de violencia sectaria entre republicanos y unionistas. Gracias a ese acuerdo, la frontera de la isla es invisible. No hay trabas para viajar de uno a otro lado, más allá del inconveniente de tener que pagar en euros o libras, o contar el recorrido del viaje en millas o kilómetros, dependiendo del tramo de la carretera. Londres y Bruselas acordaron que Irlanda del Norte permanecería dentro del mercado interior de la UE, y que la frontera aduanera pasaría a trazarse, simbólicamente, en el mar de Irlanda.

En teoría, Irlanda del Norte tendría lo mejor de dos mundos. Acceso a un enorme mercado como es el de la Unión Europea, y pertenencia al espacio del Reino Unido. En la práctica, las fricciones comerciales y aduaneras recargaron de burocracia y nuevos costes las operaciones comerciales entre Gran Bretaña y el territorio noirlandés. Y, sobre todo, crearon un sentimiento de agravio en la comunidad probritánica, siempre suspicaz ante lo que sospecha que pueda ser una nueva “traición” de Londres que la aleje más del Reino Unido. El negociador comunitario, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, visitó la región y ofreció cambios y flexibilizaciones del Protocolo que rebajaban hasta un 80% los controles aduaneros y sanitarios de los productos que viajen desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. De nada sirvió. Los problemas técnicos se convirtieron en agravios políticos. El Partido Democrático Unionista (DUP, en sus siglas en inglés) abandonó el Gobierno autónomo y anunció que no regresaría hasta que el Protocolo fuera desguazado. La decisión vino después de meses en los que la violencia sectaria, especialmente en los barrios unionistas de Belfast y Londonderry, volvió a incendiar las calles.

El remate llegó a principios de mayo. Los republicanos del Sinn Féin, durante años el brazo político de la organización terrorista IRA y partidarios de la reunificación de Irlanda, fueron el partido más votado en Irlanda del Norte. Fue una victoria histórica. La división de las fuerzas unionistas en torno al Protocolo permitió a sus rivales lograr por primera vez el derecho a ocupar la jefatura del Gobierno autónomo, al ser la formación con más escaños en la Asamblea Autónoma. La candidata Michelle O´Neill estaba destinada a ser la nueva ministra principal. El Acuerdo de Viernes Santo, sin embargo, diseñó unas instituciones autonómicas en las que, obligatoriamente, unionistas y republicanos debían compartir el poder. Al negarse el DUP a nombrar viceministro principal ―ni siquiera a colaborar en elegir un nuevo presidente de la Asamblea―, la política en Irlanda del Norte, una vez más, se halla bloqueada.

El Gobierno de Johnson, siempre temeroso de irritar al sector euroescéptico del partido —tan beligerante con Bruselas como celoso a la hora de preservar la unión del Reino Unido—, comenzó a sugerir la posibilidad de aprobar una ley que modificara unilateralmente el Protocolo. La UE advirtió: no toleraría un quebrantamiento así de un tratado internacional, y la consecuencia de un movimiento de ese calado afectaría al Tratado de Libre Comercio que tanto esfuerzo costó negociar para evitar un Brexit duro.

El Gobierno de Irlanda, que en más de una ocasión ha templado la tensión entre Londres y Bruselas en aras de un acuerdo —es el país de la UE más directamente afectado por el Brexit—, ha perdido la paciencia. Acusa a Johnson de utilizar el asunto para tapar sus propios problemas internos, con casi la mitad de sus diputados indignados por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento. Y pone en duda que Londres quisiera llegar a un acuerdo con Bruselas. “No creo que haya una sola capital en toda la UE, o alguien en la Comisión Europea, que crea en estos momentos que el Gobierno británico es serio en su voluntad de alcanzar una solución negociada”, ha dicho el ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney.

El líder de la oposición laborista británica, Keir Starmer, que este jueves se ha reunido en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha acusado a Johnson de embarcarse en una “política destructiva” que puede acabar con las relaciones entre la República de Irlanda y el Reino Unido. Desde que Starmer se hizo con el mando del Partido Laborista, ha enterrado el debate sobre un posible reingreso en la UE, consciente de que el asunto puede ser tan nocivo para su formación como lo fue para los conservadores. Su estrategia consiste en vigilar si Johnson es capaz de lograr que el Brexit funcione, y tenga resultados positivos. “Todos los problemas creados por el Protocolo, que todo el mundo entiende, pueden resolverse con altura política, voluntad y confianza mutua (...). Me temo que el primer ministro no tiene ninguno de esos atributos”, ha dicho Starmer.

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