La UE acuerda ampliar las sanciones a Rusia por la represión contra Navalni y los manifestantes

Las relaciones entre Bruselas y Moscú han llegado con el caso Navalni a un punto de difícil retorno. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunidos este lunes en Bruselas, han acordado ampliar las sanciones iniciadas contra Rusia en 2014 como castigo por la persecución y encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni. Pero, además, han decidido por primera vez embarcarse en una estrategia de contraataque y contención frente ...

Las relaciones entre Bruselas y Moscú han llegado con el caso Navalni a un punto de difícil retorno. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunidos este lunes en Bruselas, han acordado ampliar las sanciones iniciadas contra Rusia en 2014 como castigo por la persecución y encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni. Pero, además, han decidido por primera vez embarcarse en una estrategia de contraataque y contención frente a un régimen de Vladímir Putin que “lamentablemente, ha optado por la confrontación permanente y ha decidido convertirse en un adversario”, según ha señalado el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

Las turbulencias de la relación con Rusia han contrastado con el nuevo clima de concordia con Washington, que se ha puesto de manifiesto durante la primera cita de alto nivel con la Administración del presidente estadounidense Joe Biden. El secretario de Estado de estadounidense, Antony Blinken, ha participado durante dos horas, por videoconferencia, en el Consejo de ministros de Exteriores de la UE. Borrell ha asegurado que la intervención de Blinken “me ha llegado al corazón, más allá de la política” y confía en un renovado entendimiento transatlántico después del enfriamiento de los cuatro años de Donald Trump.

Con Rusia, en cambio, la brecha se abre casi día a día. Las nuevas sanciones acordadas este lunes se traducirán en un listado de altos cargos que hayan participado en la persecución y el encarcelamiento de Navalni. Y se aplicarán en base al nuevo régimen de sanciones por violación de derechos humanos adoptado por la UE a finales del año pasado. La decisión, que deberá concretarse oficialmente en los próximos días, llega tras el reciente choque frontal en Moscú entre Borrell y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, a cuenta del encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni y la represión de algunos de sus simpatizantes.

Borrell ha asegurado al término de la reunión que los ministros le han dado su apoyo tras un viaje que provocó las iras de Lavrov tras la exigencia de liberación de Navalni planteada por el Alto Representante. “No fui a Moscú porque me apeteciera sino porque tenía un mandato de los ministros de Exteriores”, ha recordado Borrell.

El Alto Representante se ha mostrado convencido de que su viaje a la capital rusa ha contribuido a que los 27 Estados miembros unifiquen su visión sobre Rusia, dividida habitualmente entre los socios partidarios de la mano dura (como Polonia) y los que prefieren contemporizar con Moscú (como Francia o Alemania). “Hay un sentimiento compartido de que Rusia se está deslizando por una deriva autoritaria y alejándose de Europa”, ha concluido Borrell tras el encuentro.

Borrell cree que su choque con Lavrov en Moscú ha servido para visualizar que Rusia “no está interesada en la cooperación sino en la confrontación y el distanciamiento”. El Alto Representante, tras la reunión con los ministros, ha señalado que “debemos encontrar un modus vivendi con un vecino que, lamentablemente, ha optado por la confrontación permanente y que ha decidido convertirse en un adversario”.

El acuerdo alcanzado despeja, de entrada, el camino para una nueva ronda de sanciones. E ilustra el creciente deterioro de la relación entre Bruselas y Moscú. Además de las sanciones comerciales impuestas por la agresión rusa contra la integridad territorial de Ucrania, la UE ya ha prohibido la entrada y ha decretado la congelación de sus bienes en territorio comunitario a más de 180 altos cargos de la Administración rusa. El listado se ampliará ahora con otra lista de nombres que se basará en el nuevo instrumento de sanciones por violación de derechos humanos.

El castigo, sin embargo, reviste un carácter más simbólico que real que contrasta con las duras palabras de Borrell al término del Consejo de ministros de Exteriores. La lista adicional con un puñado de nombres (se baraja menos de una decena) parece impresionar muy poco a los jerarcas del Kremlin. Este mismo lunes, el embajador ruso ante la UE, Vladimir Chizhov, ha minusvalorado en una entrevista lo que ha calificado como “nueva ronda de medidas restrictivas ilegítimas y unilaterales contra Rusia”. Según el diplomático, no se pueden llamar sanciones porque las sanciones “son una prerrogativa exclusiva del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

La mayoría de los socios europeos se sienten alarmados por lo que consideran una deriva autoritaria y agresiva del actual presidente ruso. Pero las grandes capitales, con Berlín al frente, abogan por una respuesta muy gradual y que en ningún caso ponga en peligro la relación bilateral con el país vecino. Los socios que se sienten más vulnerables, como Polonia y los países bálticos, defienden en cambio una respuesta contundente que mantenga a raya cualquier tentación extraterritorial de Moscú.

Los Veintisiete han optado por una vía intermedia, más cercana a los postulados de Berlín, pero que inicia el camino para un posible endurecimiento de la relación con Moscú. De momento, aplicarán un castigo selectivo concentrado en un puñado de altos cargos rusos a los que se pueda probar cierta vinculación con el encarcelamiento de Navalni y una violación de los derechos humanos.

El régimen de sanciones por violación de derechos humanos fue aprobado el pasado mes de diciembre y permite castigar a los responsables individuales de las presuntas violaciones. El mecanismo, que emula a la llamada ley Magnitski de EE UU, busca concentrar el castigo en personas concretas sin necesidad de establecer un régimen de sanciones contra su país de origen.

Se trata del cuarto régimen sancionador aplicado a Rusia desde 2014, cuando se decretaron represalias económicas por la ocupación y anexión del territorio ucranio de Crimea. En 2019, la UE estrenaba con oficiales rusos y sirios su nuevo régimen de sanciones por ataques con armas químicas, esgrimido también a finales del año pasado para castigar el envenenamiento de Navalni. Y en 2020, la UE también estrenó con Rusia su régimen de sanciones por ciberataques.

Bruselas insiste en que las sanciones no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para modificar la conducta o las prácticas del país castigado. Pero en el caso de Rusia las repetidas represalias comunitarias no han logrado hasta ahora variar un ápice la política internacional de su presidente, Vladímir Putin, a quien Bruselas culpa de injerencias en procesos democráticos occidentales, ataques con armas químicas en territorio de la UE, hostigamiento a países vecinos (como Ucrania o Georgia) y de intervenciones militares en conflictos como los de Siria o Libia.

Venezuela

Los ministros europeos de Exteriores también ha acordado este lunes ampliar la lista de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras las elecciones a la Asamblea Nacional del pasado 6 de diciembre. La UE ha sumado otros 19 altos cargos venezolanos a la lista de personas que tienen prohibida la entrada en los 27 Estados miembros y a los que se debe congelar los bienes que posean en territorio europeo. El castigo, según los ministros, se debe a que esos cargos socavaron los derechos democráticos de la oposición venezolana en unos comicios que, según Bruselas, no respondieron a unos mínimos estándares de pluralidad y transparencia.

Las nuevas sanciones elevan a 55 las autoridades venezolanas en la lista. La UE empezó a adoptar medidas restrictivas contra el régimen de Maduro en 2017. Entre las personas sancionadas este lunes figuran, entre otras, un vicepresidente del Gobierno venezolano, dos diputados, un gobernador provincial, seis magistrados del Tribunal Supremo, miembros del Consejo Nacional Electoral y cuatro militares de alta graduación.