Un informe acusa a Siria y Rusia de decenas de ataques a hospitales, escuelas y mercados en Idlib

Repetidos ataques contra objetivos civiles en zonas habitadas y sin presencia militar privaron a miles de sirios de lo más esencial y forzaron su éxodo. Una investigación de la ONG Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, sobre la ofensiva del régimen de Damasco y sus aliados rusos en la provincia rebelde de Idlib (noreste), entre abril de 2019 y marzo de 2020, describe los efectos de la batalla y documenta presuntos crí...

Repetidos ataques contra objetivos civiles en zonas habitadas y sin presencia militar privaron a miles de sirios de lo más esencial y forzaron su éxodo. Una investigación de la ONG Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, sobre la ofensiva del régimen de Damasco y sus aliados rusos en la provincia rebelde de Idlib (noreste), entre abril de 2019 y marzo de 2020, describe los efectos de la batalla y documenta presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. Hospitales, escuelas, mercados y casas se vieron golpeados por los bombardeos. Ante el veto de Moscú en el Consejo de Seguridad de la ONU, los responsables de HRW apelan al principio de jurisdicción universal para que los países encausen a los mandos castrenses que ordenaron las incursiones contra instalaciones civiles, diez de los cuales han sido identificados.

La investigación Apuntando contra la vida en Idlib: ataques sirios y rusos contra infraestructuras civiles, que se hace pública este jueves en Ginebra, reconstruye la estrategia de deliberado deterioro de los derechos a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda emprendida durante 11 meses por las fuerzas leales al presidente Bachar el Asad y las tropas desplegadas en su apoyo por el presidente Vladímir Putin.

La campaña militar para apoderarse de cerca de la mitad de la gobernación o provincia de Idlib, último bastión de las fuerzas insurgentes en Siria, provocó graves violaciones de las leyes de la guerra y el derecho humanitario internacional frente a tres millones de civiles, la mitad de ellos desplazados a lo largo de casi una década de contienda desde otros puntos del país árabe.

“Los ataques de la alianza ruso-siria contra hospitales o escuelas muestran un claro menosprecio por la vida”, asegura el director de HRW, Kenneth Roth, en un comunicado de la organización. “Forman parte de un premeditado plan militar para destruir infraestructuras básicas y forzar la huida de la población, a fin de que el Gobierno sirio pudiese recuperar el control con facilidad”.

Más de 1,4 millones de civiles se vieron desplazados a lo largo de la ofensiva, una gran parte durante los combates finales, previos al alto el fuego alcanzado hace siete meses por Rusia y Turquía. Ankara ha destacado tropas en torno al enclave y apoya a un grupo rebelde de Idlib, aunque no mantiene relación directa con la milicia yihadista vinculada a Al Qaeda que es hegemónica en Idlib.

La investigación de HRW, en la que han sido consultados un centenar de víctimas, familiares y testigos y han sido cotejados más de medio millar de vídeos y fotos, documenta 46 ataques por aire y por tierra, en algunos de los cuales se utilizaron bombas de racimo. Este tipo de armamento, que libera múltiples submuniciones explosivas al estallar, está prohibido desde hace una década por numerosos Estados.

Las incursiones rusas y sirias investigadas se cobraron la vida de 212 civiles y causaron heridas a otras 560. “Estábamos aterrorizados”, testimonia en el informe Ayam Assad, un vecino de Idlib, la capital provincial, los impactos. “Apuntaban [en los bombardeos] directo contra la vida humana”.

Declaraciones de maestros, personal médico y miembros de los equipos de rescate coinciden en señalar que no hubo avisos previos a la población para que evacuara las áreas atacadas. Resultaron dañados, y en ocasiones tuvieron que cesar en sus actividades 12 centros sanitarios, 10 escuelas, cinco mercados, dos zonas comerciales, una prisión, una iglesia y un polideportivo, entre otras instalaciones civiles, así como cuatro barrios residenciales. En ninguna de estas zonas se halló rastro de la presencia de centros militares en el momento de los ataques.

En paralelo, la organización de defensa de los derechos humanos también ha cotejado imágenes tomadas por satélite de los objetivos civiles, antes y después de los bombardeos, así como páginas web de rastreo de vuelos que detectaron la presencia simultánea de aviones rusos y sirios.

HRW ha trasladado las conclusiones de la investigación a las autoridades de Moscú y Damasco, sin haber recibido aún respuesta. “Mientras siga reinando la impunidad”, concluye Roth, el director de la ONG, “resulta necesario un esfuerzo internacional concertado para dejar patente que los ataques a civiles tienen consecuencias legales. Y para disuadir de que se cometan más atrocidades”.