Turquía detiene a 82 dirigentes y exdiputados del principal partido kurdo

La Fiscalía les acusa de alentar unas protestas en 2014 en cooperación con el grupo armado PKK, pero la oposición asegura que Erdogan está detrás de esta operación

Una simpatizante del HDP hace el signo de la victoria durante una marcha por la democracia organizada por el partido el pasado junio.MURAD SEZER (Reuters)

La Fiscalía turca ha ordenado este viernes la detención de 82 altos cargos y exdiputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el principal partido prokurdo y el tercero con mayor representación parlamentaria del país. Entre quienes habían sido detenidos hasta el mediodía figuran al menos cinco miembros del comité central de la formación, cuatro exdiputados y el alcalde de la ciudad de Kars. El fiscal general de la República les acusa de alentar protestas violentas hace seis años en cooperación con...

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La Fiscalía turca ha ordenado este viernes la detención de 82 altos cargos y exdiputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el principal partido prokurdo y el tercero con mayor representación parlamentaria del país. Entre quienes habían sido detenidos hasta el mediodía figuran al menos cinco miembros del comité central de la formación, cuatro exdiputados y el alcalde de la ciudad de Kars. El fiscal general de la República les acusa de alentar protestas violentas hace seis años en cooperación con el grupo armado PKK, considerado terrorista en Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos.

“Estoy en mi casa de Diyarbakir, me están deteniendo para llevarme a Ankara. Están registrando mi hogar”, denunció en las redes sociales Altan Tan, miembro de la dirección del HDP. Sirri Süreyya Önder, director de cine y exdiputado, fue detenido en un hotel de la provincia de Aksaray para ser luego trasladado a la capital turca.

Se trata de la oleada de detenciones de mayor nivel este año, si bien el arresto de dirigentes de este partido ha sido constante en el último lustro. Más de un millar de miembros del HDP están actualmente entre rejas, incluyendo sus antiguos líderes, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, y numerosos alcaldes y cargos municipales. Además, 50 de los 65 Ayuntamientos gobernados por el HDP han sido intervenidos por orden del Ministerio de Interior.

“Esta operación [policial] es parte del genocidio político que lleva perpetrando el Gobierno durante los últimos cinco años. Aunque se lleve a cabo mediante el sistema judicial, está claro que es una operación política, ya que el Palacio [en referencia al presidente Recep Tayyip Erdogan] utiliza a la Justicia como garrote”, dijo el copresidente del HDP, Mithat Sancar, en una rueda de prensa tras las detenciones. “Es una operación de venganza contra nuestra estrategia electoral”, afirmó Sancar en referencia al apoyo dado por el HDP a candidatos de otros partidos en Estambul y Ankara que el año pasado permitió a la oposición arrebatar estas alcaldías tras 25 años en manos del partido islamista de Erdogan. “Esto demuestra que el Gobierno nos tiene miedo. Pero que sepa que estas detenciones no van a callarnos”, añadió el político a la vez que llamó a los demás partidos de la oposición a conformar un “frente antifascista”.

La oposición ha criticado duramente las detenciones, teniendo en cuenta que, además, los políticos más conocidos de entre los detenidos representan al ala más moderada y pacifista del HDP, frente a aquellos que son más cercanos a las tesis del PKK. “La razón para las detenciones son los incidentes del 6-8 de octubre de 2014. Han pasado seis años desde entonces. Es un caso que ya se investigó, se tomó declaraciones y se juzgó”, criticó Sezrin Tanrikulu, diputado del partido socialdemócrata CHP: “Estas detenciones son un regalo de boda a Palacio”. Esta última queja se refiere a que el pasado fin de semana, el fiscal general de la República, Yüksel Kocaman, a cargo de esta investigación, celebró su boda en el Palacio Presidencial, con la asistencia de Erdogan y la participación de varios ministros como testigos. Kocaman había sido acusado ya anteriormente de posponer deliberadamente la presentación de acusaciones contra el exlíder del HDP Demirtas para mantenerlo en prisión pese a las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que sea liberado.

Una fuente gubernamental explicó que la detención de estos dirigentes políticos se debe a que los llamamientos del HDP, en connivencia con el PKK, fueron claves en las protestas de octubre de 2014: “Como resultado de estas declaraciones / instrucciones de la organización terrorista y de su brazo político, nuestro Estado se vio enfrentado a una extensa violencia armada”. Con todo, la fuente no explicó por qué es ahora cuando se recupera esta investigación.

Ayuda a Kobane

Los disturbios de octubre de 2014 se desataron a raíz de la negativas del Gobierno turco a abrir un corredor de apoyo a la ciudad kurdosiria de Kobane, situada en la frontera con Turquía y a la que habían sitiado los combatientes del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS). El HDP hizo entonces un llamamiento a sus seguidores a “salir a la calle a protestar” y las manifestaciones desembocaron en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en la quema de edificios en las principales ciudades del sudeste del país y también en los barrios kurdos de Estambul o Esmirna.

Militantes de organizaciones islamistas kurdas como el HudaPar -a los que se acusaba de simpatizar con el ISIS, aunque estos lo negaban rotundamente- se convirtieron en objetivo de las facciones más radicales del nacionalismo kurdo. Por ejemplo en Diyarbakir, dos jóvenes vinculados al HudaPar fueron asesinados y arrojados desde la ventana de un edificio por simpatizantes del PKK, según testimonios y pruebas recogidos por este periodista en aquel momento. También hubo militantes ultranacionalistas turcos que se enfrentaron a tiros con quienes protestaban. Según la asociación de derechos humanos IHD, murieron 46 personas entre manifestantes, miembros del HudaPar y policías.

Los disturbios terminaron tras un llamamiento a la calma del líder del PKK, Abdullah Öcalan (encarcelado en la isla turca de Imrali), y el Gobierno turco aceptó permitir el paso de suministros y refuerzos militares a Kobane. Pero estos hechos supusieron un golpe a las conversaciones que mantenían Ankara y el PKK. El proceso de paz se rompió definitivamente al año siguiente, lo que llevó a un recrudecimiento del conflicto kurdo, con barrios tomados por los insurgentes kurdos, atentados, represión militar y detención de los representantes políticos del nacionalismo kurdo. Al menos 5.000 personas han muerto desde entonces, entre miembros de las fuerzas de seguridad turcas, militantes del PKK y civiles, según un recuento de International Crisis Group.

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