El pacto migratorio europeo ignora las pretensiones de España

El nuevo pacto europeo de migración y asilo contiene casi todo lo que España no quería y no recoge casi nada de lo que pretendía. La hoja de ruta que guiará la política migratoria en la UE no resuelve la demanda española de un mecanismo de solidaridad obligatoria para aliviar la presión de los países de entrada de migrantes e impone nuevos procedimientos exprés en frontera que Madrid no comparte. El resultado de nueve ...

El nuevo pacto europeo de migración y asilo contiene casi todo lo que España no quería y no recoge casi nada de lo que pretendía. La hoja de ruta que guiará la política migratoria en la UE no resuelve la demanda española de un mecanismo de solidaridad obligatoria para aliviar la presión de los países de entrada de migrantes e impone nuevos procedimientos exprés en frontera que Madrid no comparte. El resultado de nueve meses de negociaciones era previsible, Madrid no guardaba muchas esperanzas de ver sus aspiraciones, desestimadas por los países del Este y del Norte, reflejadas en el nuevo documento. Es una propuesta de mínimos que España no rechazará frontalmente, pero que tampoco aplaudirá.

La propuesta presentada este miércoles en Bruselas refleja las presiones de países como Hungría y Polonia, que se niegan a que la cooperación entre Estados miembros pase por acoger solicitantes de asilo en sus territorios, y reduce la solidaridad a mecanismos flexibles que puede decidir cada Estado según su conveniencia. Los socios pueden elegir entre reubicar migrantes, apoyar logísticamente a los países con más presión migratoria o gestionar y financiar las expulsiones. Este planteamiento, que es uno de los pilares del pacto, no responde a las reivindicaciones de Madrid que exigió durante las negociaciones un “reparto equitativo” de la responsabilidad y una “solidaridad obligatoria” basada en la reubicación de personas.

España no exigía cuotas fijas de reparto de migrantes, una fórmula que ya fracasó en 2015 y que se descartó desde el principio, pero sí que sus socios se comprometiesen a acoger a parte de los solicitantes de asilo que llegan a sus costas, teniendo en cuenta su condición de país de entrada para la inmigración irregular y la responsabilidad que, a diferencia de otros de sus socios, sí asume en los rescates en el Mediterráneo.

La ayuda de otros países para expulsar migrantes, planteada por la Comisión como una vía efectiva de solidaridad, tampoco supone un gran cambio para España que, a pesar de situarse ligeramente por debajo de la media europea del 32%, mantiene una política de retorno forzoso bastante engrasada. España tiene más de una treintena de acuerdos migratorios y de readmisión con terceros Estados y cultiva relaciones privilegiadas con los países de origen de las principales nacionalidades ––Marruecos y Argelia, sobre todo— que llegan a su territorio. Aunque, en términos de control de fronteras, España sí puede aprovecharse de una estrategia comunitaria que destine más fondos a los países de origen, parece improbable que Madrid pueda beneficiarse del músculo diplomático de socios que no mantienen relaciones con los países emisores de migrantes que alcanzan su territorio.

Madrid, además, no era partidario de fiar la nueva política migratoria a agilizar el retorno forzoso de inmigrantes, como ha reflejado finalmente la propuesta. Para las autoridades españolas, que llevan desde 2006 incentivando políticas de cooperación con Estados africanos, las expulsiones son una herramienta débil si no se trabaja una verdadera relación de confianza y son testigos de primera mano de la dificultad para alcanzarla.

La redacción del nuevo pacto europeo contempla tres escenarios poco definidos en los que sí se activaría un mecanismo de contribución obligatorio, pero se trata de nuevo de un mecanismo a la carta y no queda claro que España vaya a beneficiarse de él.

Esta solidaridad más vinculante se activaría a petición del país afectado ante el desembarco de náufragos, situaciones de crisis o frente una presión migratoria muy elevada en momentos puntuales. Ya el primer escenario está pensado para beneficiar a Malta e Italia, que se resisten a aceptar el desembarco de buques de rescate de ONG, y no tiene en cuenta la realidad española que apuesta por un servicio público de salvamento marítimo. Para las autoridades españolas, la solidaridad comunitaria debe demostrarse igualmente con un migrante que se lanza al mar lo rescate una ONG o Salvamento Marítimo.

La falta de definición de los otros dos marcos de crisis deja en el aire cómo afectará a España en su contexto migratorio particular y si con un repunte de llegadas como el actual en Canarias, por ejemplo, podría beneficiarse de la solidaridad de sus vecinos.

Tampoco comparte España el modelo planteado por Bruselas para cribar rápidamente a los recién llegados y separarlos entre inmigrantes económicos —por tanto expulsables— o potenciales refugiados. El pacto propone un procedimiento exprés en frontera para descartar a quienes no tendrían derecho a permanecer en territorio europeo y expulsarlos en el menor tiempo posible, pero la fórmula no gusta en Madrid. España ha defendido estos meses que el asilo es un derecho que debe ejercerse de forma voluntaria y no forzadamente en frontera, y ha mostrado preocupación por un modelo que, previsiblemente, requerirá la retención de inmigrantes y que puede tener un difícil encaje en el actual marco legislativo español.

La peculiar realidad española

España tiene una realidad migratoria muy diferente de la de la mayoría de sus socios europeos que no siempre es comprendida en las cumbres internacionales. Además de ser país de entrada para la inmigración irregular por vía marítima, como lo son también Italia o Grecia, España es también el principal receptor de solicitantes de asilo y la inmensa mayoría no llega en patera, sino en avión.

Fueron más de 118.000 peticiones en 2019 y el perfil de solicitantes (venezolanos, colombianos y centroamericanos) es más parecido al de Estados Unidos que al de Alemania. “Nuestras entradas irregulares \[cerca de 32.000, en 2019\], no son tan relevantes si las comparamos con nuestras solicitudes de asilo. ¿Por qué se sigue reduciendo la política migratoria a la frontera geográfica y a los cruces irregulares?”, cuestiona Blanca Garcés, investigadora del laboratorio de ideas CIDOB. “Son grandes gesticulaciones políticas ante números asumibles y relativamente insignificantes y no se tiene en cuenta que si este es también un pacto del asilo debería contemplar visiones más amplias”, reflexiona.