El Reino Unido busca la colaboración de Francia para frenar la creciente llegada de migrantes por el canal de la Mancha

El discurso nacionalista del primer ministro británico, Boris Johnson, azuzado este verano por su denuncia de que las leyes europeas alientan el flujo de inmigrantes irregulares hacia el Reino Unido, ha alejado del foco el esfuerzo conjunto de Londres y París para consensuar una estrategia que frene el creciente tránsito de pateras en el canal de la Mancha. Johnson alega, de cara a la galería, que ...

El discurso nacionalista del primer ministro británico, Boris Johnson, azuzado este verano por su denuncia de que las leyes europeas alientan el flujo de inmigrantes irregulares hacia el Reino Unido, ha alejado del foco el esfuerzo conjunto de Londres y París para consensuar una estrategia que frene el creciente tránsito de pateras en el canal de la Mancha. Johnson alega, de cara a la galería, que el Brexit a finales de año le dejará las manos libres para ser más efectivo, incluso recurriendo si hace falta al apoyo del Ejército para combatir la inmigración irregular. Pero los contactos que su Gobierno ha iniciado esta semana con París revelan lo que Downing Street ya sabía de puertas para adentro: que no puede afrontar ese alud de migrantes en solitario y que precisa de un acuerdo con sus pronto exsocios comunitarios.

El secretario de Estado de Inmigración británico, Chris Philp, se reunió el martes en París con altos funcionarios franceses para reclamarles un mayor esfuerzo a la hora de interceptar el tráfico de pateras en este corredor marítimo que ambas potencias comparten. Las autoridades francesas alegan que sería necesario el control de 300 millas (unos 482 kilómetros) de línea costera para detener a todos aquellos migrantes que se lanzan al mar con la esperanza de alcanzar suelo británico, donde muchos aseguran que tienen algún pariente viviendo allí.

En este sentido, el Elíseo demanda a Downing Street una ayuda extraordinaria de 30 millones de libras esterlinas (poco más de 33 millones de euros) que contribuya a financiar el coste de las patrullas en sus playas como las de Calais o Dunkerque, entre otras. Es precisamente Calais el enclave francés donde hace cuatro años fue clausurado el gran campamento apodado La Jungla, lo cual no ha impedido que migrantes procedentes de Siria, Irak, Afganistán y algunos países africanos sigan arribando cada día a la espera de poder cruzar en endebles embarcaciones al otro lado del canal. Mientras tanto, la preocupación aumenta en Londres y la ministra de Interior, Priti Patel, viajará en las próximas semanas a la capital francesa para intentar ultimar un plan con su homólogo galo, Gérald Darmanin.

Apenas 33 kilómetros separan las orillas inglesa y francesa del Canal. El refuerzo de los controles terrestres ha disuadido a muchos migrantes indocumentados de subirse -previo pago a las mafias- como polizones en los camiones de mercancía que a diario transitan a bordo de grandes ferris desde el lado francés y belga hasta la orilla meridional británica. Ahora, y desde hace varios meses, miles de migrantes sencillamente han optado por lanzarse al mar en precarias embarcaciones hinchables que salen desde las playas galas para evitar ser interceptadas por algún guardacosta. Según la agencia de noticias PA Media -el Ministerio de Interior británico no desglosa datos acumulados-, al menos 4.000 personas lo han hecho en lo que va de año, con el pico récord registrado en una época estival de inusual y longeva bonanza climatológica en un canal famoso por sus tempestades. Según estimaciones de la Administración británica, esa cifra representa el doble de las llegadas del año pasado. El flujo se multiplica de tal forma que la semana pasada la guardia fronteriza británica localizó a 700 migrantes a bordo de pateras, 235 de ellos -incluido menores- en un mismo día.

Ante el notorio crecimiento de las llegadas el Reino Unido, el tono adoptado por Johnson se ha vuelto aún más agresivo contra la inmigración, especialmente desde que Nigel Farage, el líder xenófobo, eurófobo y ultraderechista, alertara sobre una “invasión” de migrantes en las costas de Kent, en el sureste de Inglaterra y principal punto de llegada al país. Como respuesta, el Downing Street intenta ahora proyectar una imagen de firmeza. Y en esa línea, el primer ministro ha anunciado, sin dar más detalles, una nueva legislación migratoria que entraría en vigor a partir del 31 de diciembre, cuando finalice el periodo transitorio que todavía liga al Reino Unido a la UE.

Una vez implementado de lleno el Brexit (ya sea duro o pactado) el 31 de diciembre, Londres deberá buscar, sin embargo, algún tipo de componenda con Bruselas en el capítulo de inmigración y asilo. Un grupo de 23 diputados tories ha remitido una carta al premier para exigirle que rechace la firma de un “acuerdo similiar” al sistema de Dublín, por el cual se establece que las solicitudes de asilo deben tramitarse y examinarse en el primer país de llegada del migrante en cuestión. Pero los expertos subrayan que el consenso sobre un marco común con los pronto exsocios europeos es inevitable. A Downing Street le irrita “el abanico de leyes [de la UE] que el inmigrante irregular tiene a su disposición” para quedarse en el Reino Unido, como por ejemplo que, transcurridos seis meses, los migrantes que llegaron a las islas británicas desde Francia ya no puedan ser expulsados y devueltos al país europeo del que salieron, en una clara referencia a Francia.

Los comentarios del premier británico coincidieron con el despliegue, el pasado lunes y por primera vez, de un avión militar de la Royal Air Force (RAF) para asistir a la guardia fronteriza británica en el control del flujo migratorio en el canal de la Mancha. El inusual movimiento ha sido criticado en la orilla gala y el diputado francés por Calais, Pierre-Henri Dumont, ha advertido de que tal paso del Ejército solo conseguiría “mostrar algún tipo de recursos para luchar contra las mafias y los cruces ilegales [del Canal], pero técnicamente no cambiaría nada”. Steve Valdez-Symonds, director del programa de derechos de refugiados y migrantes de Amnistía Internacional en el Reino Unido, dijo a The Guardian que desplegar la RAF para evitar que las personas ejerzan su derecho a buscar asilo en el Reino Unido sería “ilegal, imprudente y peligroso”.