Una antigua reina de belleza se suma a las denuncias de abuso sexual en contra del expresidente Óscar Arias
El exmandatario de Costa Rica recibe en una semana dos denuncias penales y es acusado por otras cuatro mujeres de conductas inapropiadas
La justicia de Costa Rica recibió este jueves una segunda denuncia penal contra el expresidente Óscar Arias (en los períodos 1986-1990 y 2006-2010) por abuso sexual. Yazmín Morales, una exreina de belleza local de 1994, lo acusa de haberla besado y tocado los senos en contra de su voluntad en 2015. Esta demanda se suma a la acusación presentada el lunes por una doctora de 35 años, una activista en asuntos de desarme nuclear, que también asegura haber sufrido abusos sexuales en 2014 por parte del exmandatario y premio Nobel de la Paz 1...
La justicia de Costa Rica recibió este jueves una segunda denuncia penal contra el expresidente Óscar Arias (en los períodos 1986-1990 y 2006-2010) por abuso sexual. Yazmín Morales, una exreina de belleza local de 1994, lo acusa de haberla besado y tocado los senos en contra de su voluntad en 2015. Esta demanda se suma a la acusación presentada el lunes por una doctora de 35 años, una activista en asuntos de desarme nuclear, que también asegura haber sufrido abusos sexuales en 2014 por parte del exmandatario y premio Nobel de la Paz 1987.
Morales, ganadora de concursos de belleza locales, confirmó haberse decidido a acusar a Arias después de enterarse de la denuncia que desencadenó a inicios de esta semana un escándalo alrededor del exmandatario. Morales se convierte así en la sexta mujer en hacer públicas las supuestas conductas sexuales abusivas de Arias, después de que otras cinco salieran a hablar desde el lunes. La periodista costarricense Nono Antillón describió su experiencia en el diario La Nación y la directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch, Emma Daly, hizo lo mismo en las páginas de The Washinton Post. A ellas se suman la también periodista Mónica Morales y la editora Marta Araya, quien se quejó de “múltiples avances sexuales no deseados”.
Morales, de 46 años, dijo en su denuncia que acudió a la vivienda de Arias porque lo admiraba mucho y él la contactó por redes sociales para invitarla a su casa y regalarle un libro. Ella acudió sola y él aprovechó, dice la denuncia. “Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad. Yo me quité, me quedé congelada, no sabía qué decirle, lo único que se me ocurrió fue ‘don Oscar, ya tengo que irme’. Me acerqué a la puerta, él no me hizo ni me dijo nada más, lo que hizo fue apartarse. Yo me quedé en shock, no esperaba algo así de una persona tan reconocida y a quien yo admiraba muchísimo”, describe en la acusación.
La mujer contó a EL PAÍS que después él intentó localizarla de nuevo, pero ella evitó contestarle y lo bloqueó de las redes sociales. También dice que buscó la manera de denunciarlo, pero varios abogados le dijeron que no era conveniente porque era difícil que creyeran su historia. El ambiente ahora es otro y consideró oportuno acudir a la justicia con una denuncia de tipo penal que, a diferencia de la de la médica de 35 años, sí exige una compensación económica. “Sufrí un daño psicológico”, dijo Morales a este diario.
La abogada defensora de Arias, Gloriana Valladares, respondió hoy viernes por la mañana que ya estaba estudiando la nueva demanda. Esta se acumula a la denuncia del lunes “por tratarse de una misma persona denunciada y de aparentes delitos de la misma naturaleza”, señaló el Ministerio Público.
Arias hasta ahora ha evitado dar declaraciones y solo publicó un breve comunicado en el que rechazó la acusación del lunes y dijo que no realizaría comentarios públicos sobre el tema. El expresidente informó el jueves a su formación política, el Partido Liberación Nacional (PLN), que dejaba la militancia para afrontar el proceso judicial. El caso por acoso sexual se suma a una acusación penal por prevaricación, que podría llevarlo a juicio por haber favorecido en 2008 a una empresa canadiense para instalar una mina de oro en la zona norte del país, proyecto que luego se frustró por una sentencia judicial de 2013 que dio la razón a organizaciones ambientalistas.