¿144 millones de jueces para la Lava Voto?

La sociedad brasileña empieza a tener la percepción que el Supremo Tribunal Federal no demuestra excesiva prisa en condenar a los políticos denunciados por corrupción, ni siquiera a aquellos que, como el senador Renan Calheiros, presentan una docena de acusaciones. Hasta ahora, el juzgado de primera instancia de Curitiba, por ejemplo, ya ha emitido, en la operación Lava Jato, más de 100 sentencias de condena, muchas de ellas confirmadas en segunda instancia. El Supremo aún no ha presentado una condena definitiva de un político. Así se llegará a las elecciones del año próximo con candidatos a p...

La sociedad brasileña empieza a tener la percepción que el Supremo Tribunal Federal no demuestra excesiva prisa en condenar a los políticos denunciados por corrupción, ni siquiera a aquellos que, como el senador Renan Calheiros, presentan una docena de acusaciones. Hasta ahora, el juzgado de primera instancia de Curitiba, por ejemplo, ya ha emitido, en la operación Lava Jato, más de 100 sentencias de condena, muchas de ellas confirmadas en segunda instancia. El Supremo aún no ha presentado una condena definitiva de un político. Así se llegará a las elecciones del año próximo con candidatos a presidente, diputados, senadores y gobernadores acusados de corrupción, pero aún sin sentencia que les impida disputar las elecciones, con lo que podrán ser reelegidos y mantener así el fuero privilegiado que les permite eternizar sus procesos en el Supremo.

¿Qué puede hacer la sociedad? La candidata a las presidenciales, Marina Silva, ha tenido una idea que ojalá se viralice en las redes sociales: crear un tribunal con los 144 millones de jueces, que son los que tendrán derecho al voto, que deberían negarse a votar a cualquier candidato sobre el que recaiga no ya una condena, sino una simple acusación o sospecha de haber usado dinero público en ventaja propia. Esos 144 millones de votantes-jueces no necesitan lidiar con los intrincados problemas jurídicos que pueden permitir disputar una elección a un reo de corrupción. A esos millones de jueces les bastará, para condenar a un candidato, una simple acusación o sospecha de político corrupto, porque podrán usar el argumento de la moralidad pública que un representante del pueblo debería poder demostrar para pedir su voto. ¿Tiene sentido que un candidato condenado, por ejemplo, a varios años de cárcel en segunda instancia, y a pesar de la ley de ficha limpia, pueda, a través de recursos de sus abogados, disputar una elección? Legalmente, es posible; moralmente, no debería serlo. Esa condena de negar el voto a quienes no demuestren que gozan de la respetabilidad y moral suficiente para poder representar a la sociedad puede ser tan eficaz o más como una condena judicial.

Se podrá alegar que muchos de esos millones de votantes no cuentan con informaciones suficientes sobre los candidatos para poder juzgar su honestidad. Eso podía pasar en el pasado, no ahora cuando las técnicas de comunicación permiten conocer en tiempo real vida y milagros de los ciudadanos, y más de los que ya ocupan cargos públicos. Bastaría presentar en Internet, o en carteles en las calles y plazas del país, los nombres de los candidatos a elegir o reelegir con su biografía y las acusaciones o sospechas que sobre cada uno de ellos recaen de conductas moralmente inconciliables con el cargo que desean disputar. No se trata de un juicio sumario en la calle, ya que la sentencia de los votantes no tiene valor de ley, pero sí existe la necesidad y el derecho del ciudadano de conocer si la persona a la que piensa dar su voto es merecedora o no de su confianza en el campo de la decencia moral. Para eso existen hoy leyes severas de transparencia, que nos permiten conocer las conductas de los elegidos para gobernar al país. No se trata de ninguna caza de brujas, sino simplemente de saber un mínimo sobre la conducta pública de un candidato.

Negar el voto a quienes no demuestren que gozan de la respetabilidad para poder representar a la sociedad puede ser tan eficaz como una condena judicial.

Un ciudadano tiene el derecho de negar el voto a quien, aunque no haya sido declarado reo todavía o condenado por un tribunal de justicia, considere que las denuncias que pesan sobre él, por parte de la fiscalía o de la policía, son suficientes para alertarnos antes de concederle un voto de confianza. Yo no voto en Brasil, pero de poder hacerlo no daría mi voto para reelegir a un diputado o senador sobre el que pesan no una sino hasta una docena de acusaciones que corren aún por los cauces lentos de los tribunales superiores, gracias, muchas veces, a que gozan de abogados de copete que consiguen prolongar sus procesos.

Lanzar para las elecciones la operación Lava Voto podría significar el inicio de una verdadera catarsis nacional, llevando al Congreso y a la Presidencia de la República a gente que no parece haberse ensuciado con los juegos perversos de la corrupciòn, cuyo dinero fue substraido a los hospitales, a las escuelas o la investigación científica. Es dinero de todos y de cada uno, y por eso existe el derecho sagrado de que cada ciudadano que se acerca con su voto a una urna tenga el derecho de convertirse en juez y sin apelación. Si a pesar de todo ello, habrá gente que seguirá dando igualmente el voto a un candidato a sabiendas de su falta de honorablidad moral, en ese caso es él mismo quien se condena ante su conciencia.

Que existe una gran perplejidad de la sociedad brasileña frente al nombramiento, por ejemplo, del nuevo presidente de la República, lo demuestra el dato revelador del último sondeo de Datafolha, según el cual más de la mitad de los votantes o no saben aún a quien votar o no piensan en votar a nadie, que puede ser también un voto de resistencia cívica. En total supone un 55% de los electores. Podría parecer indiferencia, pero también perplejidad ante lo que vive el país y miedo a poder equivocarse votando a quien tal vez seguiría actuando a espaldas de la gente. Mi convicción, y ojalá no me equivoque, es que esta vez, despues de la Lava Jato, los ciudadanos pensarán dos veces antes de dar su voto a un candidato, señal de que, a pesar de todo, estamos ante una sociedad fundamentalmente sana que quiere participar activamente en la elaboración de su propio destino, lo que sería imposible reeligiendo a los corruptos o a los que simplemente aparecen en olor de corrupción.

Marina Silva tiene razón, una Lava Voto sería el mejor colofón de la limpieza política iniciada por la Lava Jato, que, a pesar de la artillería lanzada contra sus jueces y promotores, orquestada muchas veces en las sombras por los corruptos, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas y más aplaudidas por una sociedad que está perfeccionando su democracia.